0257/2020-S1

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0257/2020-S1 Sucre, 5 de agosto 2020

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 28920-2019-58-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 040/2019 de 28 de marzo, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Genaro Marcial Rey en representación sin mandato de Melecio Efraín Condori Choque contra Willy Arias Aguilar y Rosmery Lourdes Pabón Chavez, Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 27 de marzo de 2019, cursante de fs. 12 a 13, el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 26 de marzo de 2019, se encuentra detenido en celdas judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con disposición de ser conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ello en cumplimiento del Auto de Vista 106/2019 de la indicada fecha, que revocó la Resolución 452/2018 de 6 de noviembre (dictada por el "Juez Anticorrupción y Violencia Familiar Tercero", que había dispuesto la aplicación de medidas sustitutivas) y determinó su detención preventiva.

Se atentó contra su libertad de locomoción, debido a que los Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- no valoraron correctamente los elementos de prueba que demostraron que no existían riesgos procesales; ya que, los mismos fueron enervados en audiencia "cautelar"; por lo que, se generó una indebida privación de su libertad personal, por la supuesta concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.10; y, 235."1", y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso en su elemento valoración objetiva de las pruebas, sin citar normativa alguna que los contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga el levantamiento de la extrema medida cautelar impuesta en su contra y conforme a procedimiento se disponga su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia el 28 de marzo de 2019, conforme consta en el acta cursante de fs. 29 a 31, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando el mismo manifestó que, ante denuncia presentada en su contra y conforme consta en el cuaderno de investigaciones, se expidió Requerimiento -no señala fecha- sobre la aplicación de medidas de protección, el cual, en su numeral 6, estableció que su persona otorgue garantías de forma unilateral a favor de la víctima; asimismo, se emitió el Informe -no refiere fecha- evacuado por la "policía Carmen Mollehuanca", que en su punto 5 manifestó que "'se notificó a la parte denunciante con el inicio y medidas de protección'" (sic); también cursa un Informe -no indica fecha- proferido por el Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI), que demostró que su persona cumplió con las sesiones terapéuticas requeridas por la Fiscal de Materia; y, se tiene "Informe" de entrevista psicológica respecto a la menor de edad víctima. Además, la Resolución 452/2018, fue apelada por la parte denunciante; ya que, se dispuso medidas sustitutivas a su favor; toda vez que, estaba desvirtuado el riego procesal contenido en el art. 234.10 del CPP, estableciéndose la presentación de garantías personales.

Así, el 26 de marzo de 2019, se emitió el Auto de Vista 106/2019 determinando revocar la Resolución 452/2018, ello considerando que no era suficiente la otorgación de garantías unilaterales a favor de las víctimas; y, además que las medidas de protección no fueron puestas a conocimiento de las mismas, lo cual no es cierto; ya que, cursa actas de notificación efectuadas por la "policía Carmen Mollehuanca", quien el 4 de septiembre de 2018, notificó a Julia Erika Quisbert Choquehuanca con las directrices de inicio de investigación y las medidas de protección.

El Auto de Vista 106/2019 estableció que no se habría enervado el peligro procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, lo que significaría un riesgo para la víctima y que estaría pendiente el "Informe" de entrevista psicológica de la menor; lo cual no es evidente, pues dicha documental cursa en el cuaderno de investigaciones, cuya recepción se efectuó el 17 de diciembre -no menciona el año-, demostrando que no hubo una valoración objetiva y que los Vocales ahora demandados sobrepasaron lo previsto por el art. 398 de la ley adjetiva penal, emitiendo un fallo ultra petita; toda vez que, en el memorial de recurso apelación, solo se hizo mención al art. 234.10 de la indicada Ley; por lo que, se vulneró sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso y a la valoración objetiva de las pruebas; e indica que, habiéndose notificado con las medidas de protección a la apelante, la misma no presentó objeción alguna, extremo que transgredió el principio de preclusión.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Willy Arias Aguilar y Rosmery Lourdes Pabón Chavez, Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe de 28 de marzo de 2019, cursante de fs. 20 a 23, manifestaron que:

a)Respecto a la afirmación del impetrante de tutela de que no se hubiera valorado correctamente los elementos de prueba, dicha afirmación es general, pues no se especificó cuáles son esos elementos y a qué riesgos procesales se refiere, fuga y/u obstaculización; por lo que, no se puede dar una respuesta adecuada;
b)La privación de libertad en medida cautelar en contra del accionante, se dio conforme lo establece el ordenamiento jurídico en sus arts. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 233. 1 y 2 del CPP;
c)La , sostuvo que debe considerarse que la medida cautelar extrema concurre cuando hay probabilidad de autoría y un solo riesgo procesal, sea de fuga y/o de obstaculización; por lo que, el Auto de Vista 106/2019 tiene la suficiente fundamentación y motivación, en función al agravio que fue expresado por la apelante, y al encontrar los presupuestos para la detención preventiva, señalados por el art. 233.1 y 2 del CPP; en tal sentido, no se demostró el procesamiento, persecución o apresamiento indebido;
d)La Resolución 452/2018 recurrida en apelación, determinó la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 234.10 de la ley adjetiva penal, ello debido a la existencia de una menor de edad como víctima, que merece la protección prevista por el art. 60 de la CPE; y, además estableció la existencia del peligro de obstaculización contenido en el art. 235.2 del CPP; en tal sentido, siendo que la probabilidad de autoría no fue desvirtuado en la audiencia de cesación de detención preventiva ni los riesgos procesales, se decidió revocar la Resolución de la Jueza a quo;
e)Debe considerarse que las decisiones asumidas en medidas cautelares no causan estado, pues son modificables; en consecuencia, es necesario evitar que la acción tutelar se convierta en una instancia procesal ordinaria;
f)La acción de libertad no tiene su base en la fundamentación y motivación de las resoluciones, las cuales solo pueden atacarse mediante una acción de amparo constitucional cuando afecte al debido proceso; y,
g)Únicamente puede interponerse la acción de libertad cuando exista un verdadero estado de indefensión; y, la falta de fundamentación y motivación de la resolución sea el nexo causal para la privación de libertad; así, lo manifestó la ; por lo que, en el presente caso no se cumplió con dicha exigencia; contrariamente, se manifestó que no existiría una correcta valoración de la prueba, componente que solo puede ser invocado mediante una acción de amparo constitucional; por otro lado, tampoco se advierte que se tenga estado de indefensión; consecuentemente, corresponde denegar la acción de libertad; toda vez que, no se vulneró ningún derecho ni garantía constitucional.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 040/2019 de 28 de marzo, cursante de fs. 32 a 34, denegó la tutela impetrada, manifestando que, el derecho al debido proceso, en sus diferentes componentes puede ser demandado mediante la acción de amparo constitucional como vía acción de libertad, conforme lo estableció el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la -entre otras- que exige el cumplimiento de dos presupuestos; por una parte, que la resolución de la autoridad jurisdiccional se encuentre directamente vinculado al derecho a la libertad; y, por otro lado, que el accionante en el curso del proceso penal se haya visto en estado absoluto de indefensión; bajo ese antecedente, se advirtió la concurrencia del primer presupuesto, que se traduce en el Auto de Vista 106/2019 que revocó la Resolución 452/2018, determinando la medida extrema de la detención preventiva del ahora accionante; y, en relación al segundo presupuesto, no se constató su cumplimiento, pues el peticionante de tutela asumió defensa dentro del proceso penal seguido a instancia de Julia Erika Quisbert Choquehuanca; consecuentemente, la inconcurrencia de ambos presupuestos hace inviable la tutela impetrada, debiendo aclararse que la jurisdicción constitucional no efectúa una revalorización acerca de la ponderación y análisis que el tribunal de apelación realizó sobre los riesgos procesales de fuga y/u obstaculización, siendo dicha labor de la jurisdicción ordinaria penal, pues el límite del Derecho Constitucional está dado por la protección de derechos y garantías constitucionales.

I.1.4 Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 3 de septiembre de 2019, se dispuso la suspensión del plazo a objeto de recabar documentación complementaria. Asimismo, en virtud al Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-055/2019 de 18 de diciembre, emitido por Sala Plena, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al segundo sorteo del expediente el 2 de julio de 2020, a cuyo efecto la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1 Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a instancia de Julia Erika Quisbert Choquehuanca contra Melecio Efraín Condori Choque -ahora accionante-; al proferirse la Resolución 362/2018 de 21 de septiembre, que dispuso la detención preventiva del prenombrado, ante la subsistencia de los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.10 y 235.2 del CPP; el impetrante de tutela solicita la cesación de la medida cautelar de última ratio, ante la "Jueza Tercera Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres" de la Capital del departamento de La Paz, quien emite la Resolución 452/2018 de 6 de noviembre, determinando la cesación de la detención preventiva y la aplicación de medidas sustitutivas (estableciendo que se cumplió en parte con las medidas protectivas, como las garantías unilaterales, las cuales deben efectuarse a cabalidad); dejando sentado que se desvirtuó el riesgo procesal contenido en el art. 234.10 de la ley adjetiva penal; pero, continuaba subsistente el previsto por el art. 235.2 del indicado cuerpo legal; extrayéndose de la referida Resolución 452/2018, la intervención del representante del Ministerio Público, quien pidió se tome en cuenta el impedimento de las víctimas y la minoría de edad de una de ellas; por lo que, el acta de garantías no podía constituirse en un elemento para enervar el riesgo procesal de fuga; además, la presentación de una "programación" de terapias en el CEPROSI, tampoco desvirtuaba dicho extremo; asimismo, por su parte la víctima, aduce que existían amenazas por los familiares del impetrante de tutela y que era necesario que el prenombrado presente un informe psicológico, estando pendiente la declaración de la menor de edad en la cámara Gesell y la declaración de los familiares de la víctima (fs. 10 a 11 vta.).

II.2 El 7 de noviembre de 2018, Julia Erika Quisbert Choquehuanca, en su condición de víctima, interpone recurso de apelación contra la Resolución 452/2018, formulando como agravio el hecho de que, el imputado -ahora accionante-, con la sola presentación de garantías personales había desvirtuado el riesgo procesal contenido en el art. 234.10 del CPP (fs. 67 y vta.).

II.3 En audiencia de consideración del recurso de apelación de 26 de marzo de 2019, la apelante fundamento su agravio manifestando que, "...la Resolución 452/2018 que es motivo de la presente apelación para enervar o desvirtuar el artículo 234.10, peligro para la víctima se habían presentado un acta de garantías unilaterales y un cronograma de asistencia a terapia psicológica sin tomar en cuenta los antecedentes que tiene el imputado, también existe acta de declaración de testigos quienes piden garantías en favor de las mismas y también existe llamadas de amenazas en contra de la madre en este caso que viene a ser la víctima..." (sic [fs. 50]).

II.4 Ante el recurso de apelación planteado, los Vocales de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- emitieron el Auto de Vista 106/2019, de 26 de marzo, mediante el que revocaron la Resolución 452/2018, disponiendo la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, por concurrir los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1, 234.10 y 235.2 del CPP, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1)Debe tomarse en cuenta la instrumentalidad de las medidas cautelares, con el fin de garantizar la presencia del imputado en los actos procesales;
2)Existe Requerimiento Fiscal de imputación formal contra el ahora peticionante de tutela, debido a que estaría inmerso en el tipo penal 272 bis del Código Penal (CP) relativo a violencia familiar o doméstica, por agresión física en la humanidad de Julia Erika Quisbert Choquehuanca y una menor de siete años, quienes cuenta con cinco y tres días de impedimento;
3)Habiéndose solicitado cesación de la detención preventiva es necesario presentarse nuevos elementos de prueba que hagan ver que los motivos que fundaron la detención preventiva ya no concurren o que tornen conveniente su modificación; en ese sentido, debe tomarse en cuenta que, la apelante manifestó que el imputado -ahora accionante-, solo habría allegado un acta de garantías unilaterales, que no era suficiente para desvirtuar el peligro efectivo para la víctima (art. 234.10 del CPP); además que, en la Resolución 452/2018, la Jueza a quo, hizo referencia a esas garantías unilaterales y el registro del CEPROSI, señalando que, la SCP "56/2014" vincula el peligro efectivo únicamente para la víctima y no así para la sociedad, ello para no generar revictimización en grado de vulnerabilidad; además que, el sindicado cumplió con las medidas protectivas en parte, respecto a la extensión de garantías unilaterales, con lo que se desvirtuó el riesgo efectivo para la víctima; no obstante, ese razonamiento no tiene logicidad jurídica ni razonabilidad, pues la garantía unilateral generada por un requerimiento fiscal, por sí misma, no tiene efecto alguno, si no fue notificado a las víctimas, la madre y una menor de edad, y es respecto a esta última que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia juega un rol importante, en pos de proteger a la menor conforme mandan los arts. 58, 59 y 60 de la CPE y en ese lineamiento, cómo puede concebirse una garantía unilateral a favor de una víctima de 7 años, si existe un certificado médico con tres días de impedimento y la Defensoría no fue notificada; en ese contexto, no se tiene la manifestación por parte de las víctimas, para saber si aceptan o rechazan las garantías unilaterales ofrecidas por el imputado, por lo que no causan efecto alguno para enervar o desvirtuar el peligro para la víctima; en consecuencia, la Juez a quo no actuó con criterio procesal adecuado y tampoco utilizó el art. 173 del CPP, referido a la sana crítica. Por otra parte, respecto a las terapias en el CEPROSI, a pesar de que la Jueza de primera instancia, hizo mención a un informe, de una revisión de antecedentes no se advierte la existencia de tal prueba, solo una ficha a "fs. 29", donde dice "programación"; pero, no se sabe si concurrió en las fechas y horarios que se menciona, tampoco hay una firma responsable de autoridad competente y no se tiene un informe claro y objetivo, que señale a cuántas sesiones asistió y cuál es la evolución del mismo; y,
4)Finalmente, no cursa informe psicológico respecto a la menor de 7 años de edad, que evidencie de que ya no existe temor o miedo hacia su padre; documentos que son idóneos para enervar el peligro efectivo para la víctima; por lo que, no existió un razonamiento acorde a los principios de la lógica jurídica y razonabilidad (fs. 50 a 51 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, considera que las autoridades judiciales demandadas vulneraron su derecho a la libertad de locomoción, vinculado al debido proceso en su elemento valoración correcta u objetiva de las pruebas; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia de Julia Erika Quisbert Choquehuanca; en grado de apelación de cesación de detención preventiva, expidieron el Auto de Vista 106/2019 de 26 de marzo, sin efectuar una correcta valoración de los elementos de prueba, disponiendo su detención preventiva y revocando la Resolución 452/2018 de 6 de noviembre (que le había otorgado la cesación de su detención), calificando como concurrentes los riesgos procesales previstos por los arts. 234.10 y 235.2 del CPP.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela, para tal fin se desarrollará las siguientes temáticas:

i)La cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del CPP y el marco de análisis del Tribunal de alzada que resuelve la apelación incidental;
ii)La exigencia de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal;
iii)El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; y,
iv)Análisis del caso concreto.

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