0259/2020-S3

Puntualiza que, al momento de fundamentar su recurso, expuso como agravios los siguientes extremos:

1. a)Con relación a la probabilidad de autoría, se indicó que el hecho ocurrió el 8 o 9 de diciembre de 2017 y a sola denuncia de la madre -de la víctima- "...que se dio cuenta poco antes de dar a luz..." (sic); se realizó un informe psicológico preliminar de parte, sin dar lugar a contradictorio, demostrando que la denuncia no tenía consistencia; ya que, no se comprende cómo no se denunció un hecho tan grave en los primeros meses de gestación o una vez recabado el Certificado Médico Forense de 10 de septiembre de 2017; además, la progenitora -de la víctima-, sabía que eran enamorados (la mujer de 16 años y 8 meses y el varón de 17 años) e inclusive fueron a pedir fecha para pedir la mano conforme a los usos y costumbres; por ello, habría duda razonable sobre la existencia del hecho, puesto que entre su persona y la supuesta víctima no existe una diferencia de edad superior a los tres años; y, mantenían relaciones sexuales consentidas;
2. b)Respecto a los riesgos de fuga y de obstaculización, desvirtuó lo establecido por el art. 234.1 y 2 del CPP, acreditando un arraigo natural en el país, sin que el Ministerio Público haya probado tales riesgos conforme a la SC "0001/2015" y SCP "0276/2018-S2"; sin embargo, la Jueza a quo se limitó a referir que concurre lo dispuesto por el art. 235.1 y 2 del citado Código, puesto que faltaría realizar la inspección ocular y la pericia psicológica; además, el imputado podría influir en la víctima, familiares, testigos y peritos.

Reclama que, los Vocales ahora accionados, no obstante de evidenciar que la carga de la prueba corresponde a los acusadores, que no existe prueba idónea y que ante los riesgos supuestos, debe existir un nexo causal de cómo obstaculizaría y cuál el peligro; empero, mediante Auto de Vista 471/2018 de 21 de diciembre, determinaron confirmar el fallo apelado, señalando que "...por ser menor el Estado debe proteger a la adolescencia" (sic), faltando fundamentación y motivación lógica, racional y adecuada, dejándolo en completa incertidumbre al no conocer con precisión cual el nexo causal de la concurrencia de los riesgos establecidos por los art. "234.8" y 235.1 y 2 del CPP, debido a que:

1. 1)Respecto al art. 234.10 del mencionado cuerpo normativo, el fallo del Tribunal de alzada -al igual que la Resolución apelada-, es completamente subjetivo, pues no establece qué criterios objetivos instituyen la mentada peligrosidad; y,
2. 2)En cuanto al art. 235.1 y 2 del citado Código, se confirmó la Resolución apelada apartándose incluso de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a la racionalización del uso de la prisión preventiva y la utilización de las medidas alternativas a esta.