0259/2021-S1

Añade que, el 14 de febrero de 2020, impetro cesación de la detención preventiva, que fue resuelto por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 02/2020 de 6 de julio, rechazando su pedido y manteniendo latente los riesgo procesales previsto en los art. 234.2 y 7; y, 235.1 y 2 del CPP. Contra dicho fallo interpuso recurso de apelación, expresándolos siguientes agravios:

1. a)Mediante Resolución 33/2020 emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento se declaró desvirtuados los elementos familia, trabajo u oficio y domicilio; por lo cual, automáticamente se enervó el art. 234.2;
2. b)Que mediante Resolución 368/2019 la Sala Penal Segunda del citado Tribunal Departamental de Justicia, determinó que se enervó el riego de peligro para la sociedad. En cuanto al riesgo previsto por el art. 234.7 de riesgo para la víctima se otorgó garantías personales a favor de la víctima; en cuanto a ese aspecto, el Juez cautelar rechazó la cesación debido a la sola presentación del requerimiento fiscal para el otorgamiento de las garantías y el Tribunal de apelación se refirió precisamente al requerimiento que ordenaba la otorgación de las garantías y no precisamente las garantías que deban otorgarles; por lo que, el agravio radica en que el Tribunal inferior no se dignó en observar el acta de buena conducta y garantías de 11 de diciembre de 2019;
3. c)El riesgo previsto en el art. 235.1 del CPP, que se encuentra íntimamente ligado a la investigación de la fase preparatoria, puesto que la primigenia resolución señaló que faltaban las declaraciones de testigos, en particular "...del Dr Adalid Zamora, mismos que ya declararon, que faltaba la ITO seguida de reconstrucción con el muñeco Dummy" (sic), que ya fueron desarrollados, puesto que la etapa preparatoria ya concluyó; empero, el Tribunal inferior no fundamentó de manera lógica porque dicho riesgo estaría latente;
4. d)En cuanto al riesgo previsto en el art. 235.2 del CPP, que el Tribunal inferior en la Resolución de 30 de agosto del citado año, concatenó con los actos investigativos, peritales, reconstrucción o dinámica reconstructiva; empero, el Tribunal inferior no fundamentó porque no tomó en cuenta esta primigenia resolución conforme a lo establecido en la SCP 0531/2014 y tampoco establecieron como iba a influir negativamente, tampoco individualizó a quienes está influyendo ni como lo estaría haciendo; y,
5. e)El segundo motivo de la solicitud de cesación se ampara en lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP, ya que desde el 30 de igual mes y año, hasta la audiencia de 6 de julio de 2020 transcurrieron diez meses y seis días de su ilegal detención preventiva y hasta el 5 del citado mes de 2020, ya pasaron once meses y cinco días. En el marco de lo establecido por la disposición transitoria XII de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y el Instructivo 472019 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, el Juez acautelar dispuso noventa días calendario para el pronunciamiento; la víctima no lo hizo y el Ministerio Público requirió por cuatro meses más de detención preventiva; empero esta petición no fue determinada legalmente; por lo que, se encuentra ilegalmente detenido, puesto que aún se hubiera dado curso a la ampliación, la misma habría fenecido el 17 de julio de 2020. Que no existir plazo de la detención, se le pidió al Tribunal que se pronuncie sobre el mismo; sin embargo, en la audiencia de 6 de junio del citado año no lo hizo, incumpliendo con lo dispuesto en el numeral 3 del art. 233 del CPP modificado por la Ley 1173, debiendo tenerse presente además que ha causa del COVID-19. En el Centro Penitenciario San Pedro de la Paz fallecieron treinta personas.

En cuanto al riesgo procesal del art. 234.2 del CPP, se limitaron a indicar "...que no se demostró este extremo..." (sic) olvidando que al tener familia, trabajo y domicilio se enerva automáticamente el riesgo previsto en el art. 234.2 del citado Código, tal como se demostró en el Auto Interlocutorio 33/2020 y la primigenia resolución de detención preventiva 67/2019, lesionando con ello la certeza y seguridad jurídica.

1. 1)Respecto al riesgo procesal del art. 234.7 del adjetivo penal -peligro para la víctima-, manifestó que al no haber en el legajo de apelación el acta de garantías no se podía pronunciar al respecto haciendo notar que se presentó ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; cuando lo que debió hacer es solicitar la remisión de dicho actuado, y no escudarse que el apelante debió haberlo subido al sistema Blackboard, tomando en cuenta que al estar con detención preventiva debería haberse adjuntado al cuaderno de apelación;
2. 2)Con relación a los riegos procesales previstos en el art. 235.1 y 2 del mencionado cuerpo normativo, la autoridad demandada refirió que, al no presentarse las literales de la acusación formal, no se tiene certeza de la misma, olvidándose que la etapa preparatoria terminó y que el caso radica en el antes mencionado Tribunal de Sentencia Penal y se realizó todos los actos investigativos; asimismo, que el imputado puede influenciar en la víctima, familiares, testigos y peritos, lo confirmó apartándose incluso de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de racionalización del uso de la prisión preventiva y la utilización de otras medidas alternativas a esta. Pese a lo establecido en la SCP 0276/2018-S2, tanto el Juez a quo y el Tribunal de apelación obraron con meras suposiciones, sin ninguna prueba objetiva, motivación ni fundamentación; y,
3. 3)Finalmente, en cuanto al agravio del art. 239.2 en concordancia al 231.3 del CPP, ahí si recuerda contrariamente que estando en etapa de juicio ya existe una acusación formal; por ende, ya no aplica la disposición Décima Segunda de la Ley 1173; siendo un absurdo que la detención preventiva en juicio no tenga un plazo.

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Informes 13/2020 de 14 de agosto y 15/2020 de 18 de igual mes y año, cursante de fs. 39 a 46; y, 62 a 69, refirió lo siguiente:

1. i)El proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Juan Pablo Figueredo Pamuri contra el accionante por el delito de infanticidio, fue radicado en la Sala Penal antes mencionada; mediante Auto de Vista 316/2020, el suscrito Vocal dispuso confirmar el Auto Interlocutorio 02/2020, se limitó a la exposición de los agravios y a la respuesta, sobre los cuales se fundamentó el citado Auto de Vista;
2. ii)Con relación a los riesgos procesales previstos en el art 234.1 y 2 del CPP, se observa que el Juez de primera instancia en respuesta a aquella solicitud, refirió que debieron fundamentar y presentar prueba a efecto que sean valorados; por lo tanto, este Tribunal de apelación revisó minuciosamente el cuaderno de apelación, no existe ninguna prueba referida a la acreditación del domicilio; en consecuencia, el Tribunal inferior en grado actuó con lógica, al no cumplirse el art. 239.1 del citado Código porque debió presentar nuevos elementos que desvirtúen ese riesgo procesal, situación que no aconteció en el caso de autos;
3. iii)Respecto al riesgo previsto en el art. 234.7 del citado Código, quedó latente con relación a la víctima y no así para la sociedad; en efecto, la parte apelante manifestó que presentó el acta de garantías a la víctima con todos los requisitos señalados por ley, y que no habría sido valorado por el Tribunal a quo; empero, la parte apelante no subió este actuado al sistema Blackboard en audiencia; en consecuencia, no se cumplió con la presentación de nuevos elementos para desvirtuar dicho riesgo procesal;
4. iv)El impetrante de tutela respecto al art. 235.1 y 2 del CPP, señala que dichos presupuestos están desvirtuados, pues fueron establecidos para la etapa investigativa lo cual se habría concluido ante la presentación de la acusación formal; sin embargo, no cursa el elemento probatorio que desvirtué este riesgo procesal; es decir, que no cursa la mencionada acusación, que establezca si los actos investigativos se indicaron en la resolución primigenia se habrían cumplido;
5. v)En cuanto a la aplicación del art. 239.2 del CPP con relación a la Disposición Décima Segunda de la Ley 1173, es importante que las normas legales sean entendida de manera integral y no aisladamente, que al encontrarse concluida la etapa preparatoria, se tiene de lo argumentado por los abogados y de la misma resolución venida en apelación se entiende que existe acusación; por lo que, al encontrarnos en etapa de juico ya no existiría actos investigativos que realizar, no siendo aplicable esta normativa; y,
6. vi)La parte accionante no solicitó explicación, complementación y enmienda conforme el art. 125 del CPP; por lo que, demostró estar plenamente de acuerdo con el Auto de Vista emitido; en consecuencia, al no haber agotado esa instancia rápida y oportuna, incumplió el principio de subsidiariedad que debe cumplir, antes de pretender esta vía constitucional.