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TCP

0259/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de mayo de 2026
Resumen del caso

Auto 0259/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0259/2026-CA Sucre, 19 de mayo de 2026

Expediente: 84040-2026-169-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz

En consulta la Resolución Fiscal Policial de 4 de mayo de 2026, cursante de fs. 588 a 590 vta., pronunciada por el Fiscal Departamental Policial de La Paz, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Jesús Silva Villafuerte, demandando la inconstitucionalidad contra el art. 14.4 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-; por ser contrario a los arts. 1, 109.II, 115.II, 119.I, 232 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 2 y 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADH); y, 8.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humamos (CADH).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 28 de abril de 2026, cursante de fs. 570 a 583, el accionante solicitó promover la acción de inconstitucionalidad concreta, manifestando que, dentro del proceso registrado como causa 76/2026 fue ampliado contra su persona por la supuesta comisión de la falta grave contemplada en el art. 14.4 de la LRDPB; toda vez que, hubiese pedido aporte económico para realizar el aniversario de su promoción por cumplir treinta años, haciendo notar como si hubiese recibido, como consecuencia de sus funciones policiales, dádivas u otros beneficios personales; sin embargo, la norma, por la cual fue sometido a la investigación, es inconstitucional.

El artículo impugnado vulneró sus derechos al debido proceso, pues dicha norma es ambigua en la definición de una falta o delito; además, eliminó la seguridad jurídica, impidiendo que el ciudadano conozca con precisión que conductas son prohibidas y cuales permitidas; dicha ambigüedad también lesionó el principio de legalidad y taxatividad convirtiendo la aplicación de la ley en un acto arbitrario del Estado; por otra parte, se vulneró su derecho a la defensa, en el entendido que si el ciudadano no entiende exactamente que norma se le acusa de infringir, no puede preparar una defensa técnica, ofrecer prueba o contradecir los cargos con eficacia; el artículo acusado de inconstitucionalidad también lesionó los principios de seguridad jurídica y arbitrariedad; es decir, la norma resulta ser ambigua y otorgó un poder excesivo a jueces o funcionarios administrativos en materia sancionadora que atentó contra el estado de derecho.

Cuando una norma es ambigua lesiona el debido proceso porque impide el ejercicio de una defensa técnica, pues permite la arbitrariedad por parte de la autoridad y rompe el principio de taxatividad al no describir con precisión el ilícito, en el presente caso se le sometió a una norma que tiene alcances jurídicos imprecisos porque su implementación en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana es una simple copia del art. 147 del Código Penal (CP) modificado por la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2021-; empero, no se determinó en ese artículo la clase de beneficio que debería recibir quien otorga dichos regalos, es decir que no se determinó la acción u omisión que debe realizar el funcionario público para beneficiar a quien le hubiese dado una dádiva.

El art. 2 de la Ley 004 establece: "(Definición de Corrupción). Es el requerimiento o la aceptado, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado".

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