Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0262/2019-S3 Sucre, 8 de julio de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expediente: 26451-2018-53-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 05/2018 de 12 de noviembre, cursante de fs. 274 a 284, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edward Fernando Gareca Quiroga en representación de James Michael Zambrana Aramayo contra Edwin Aguayo Arando y Olvis Eguez Oliva, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 5 y 23 de octubre de 2018, cursantes de fs. 196 a 246 vta. y 249, el accionante a través de su representante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de abuso sexual, fue sentenciado a seis años de privación de libertad, por lo que presentó recurso de apelación restringida denunciando claramente y de manera fundamentada que la Sentencia "38"/2016 de 24 de octubre, se basó en una valoración defectuosa de la prueba, en un hecho no acreditado y en la inobservancia de las reglas previstas para su deliberación y redacción; sin embargo, el Auto de Vista 101/2017 de 20 de abril declaró improcedente dicho recurso sin responder razonablemente a las tres razones expuestas, incurriendo en falta de motivación, fundamentación y congruencia; lo que motivó la interposición del recurso de casación denunciando contradicción entre el referido Auto de Vista y el precedente del ; defectos absolutos por violación a derechos y garantías constitucionales; y, la infracción del derecho al debido proceso en su vertiente a una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente; el mismo que mereció el , que no expuso las razones por las que declaró infundada su pretensión, conformándose los Magistrados demandados con reiterar lo expuesto por los Vocales en el Auto de Vista recurrido respecto a la falta de contradicción entre el precedente contradictorio que citó y los hechos fácticos del caso concreto, sin tomar en cuenta que esta exigencia es obligatoria cuando se trata de errores en la aplicación del derecho sustantivo y no cuando se quiere demostrar la vulneración de la sana crítica al momento de dictar una sentencia, aplicando arbitrariamente el art. 420 del Código de Procedimiento Penal (CPP), resultando en consecuencia gravoso en su interpretación restrictiva respecto a la aplicación del precedente contradictorio por lo que incumple con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional para ser considerado suficientemente motivado, fundamentado y congruente; vulnera el presupuesto de lo "...razonado como requisito de lo razonable..." (sic), ya que debió estar adecuado al estándar constitucional del vivir bien, a los principios de justicia e igualdad y valores supremos que rigen el ámbito constitucional; no consideró ni valoró los aspectos y elementos cuestionados en el recurso de casación y su repercusión con relación a la lesión de la congruencia de las resoluciones y a la defensa como elementos integrantes del debido proceso, al dar por bien hecho lo resuelto en el Auto de Vista recurrido, convalidando la carencia de pronunciamiento del Tribunal de alzada, dejándole en definitiva en estado de indefensión, privándole de conocer una respuesta sobre la valoración que se hizo de la prueba en juicio oral, específicamente sobre la inexistencia de examen científico que determine la presencia de alcohol en la supuesta víctima, evadiendo ingresar a resolver esta problemática con el solo argumento de que "...el precedente contradictorio no es análogo al derecho sustantivo..." (sic); se desarrolló un trato diferenciado y arbitrario al asumir prueba de cargo y negarse a darle un valor determinado a la de descargo que debía ser valorada positiva o negativamente por los juzgadores toda vez que fue introducida en juicio; se transgredió el principio de legalidad por cuanto no se demostró objetivamente los elementos probatorios para determinar la comisión del ilícito por el que fue condenado, denuncia que no fue considerada en ninguna instancia; actuados y antecedentes que correspondía al Tribunal de casación resolver, ciñendo su decisión a las normas procesales y a la jurisprudencia constitucional vinculante.
I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados
El peticionante de tutela a través de su representante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, de acceso a la tutela judicial efectiva, a la justicia, a la doble instancia, a la defensa, a la igualdad procesal, valoración de la prueba y errónea interpretación de la legalidad ordinaria; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto el y se disponga que las autoridades demandadas dicten una nueva resolución respetando los preceptos constitucionales vulnerados. Sea con costas.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 12 de noviembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 270 a 274, se produjeron los siguientes actuados:
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