0262/2022-S3

En el Auto de Vista 306, los Vocales ahora accionados no se pronunciaron de forma puntual, clara y concreta sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación conforme al art. 265.I del Código Procesal Civil (CPC), vulnerando los arts. 117 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), los cuales eran:

1. a)La aplicación arbitraria del art. 1505 del Código Civil (CC),
2. b)Los decretos no pueden ser aplicados por encima de la Norma Suprema y el Código Civil; y,
3. c)La Jueza de primera instancia no valoró "...los actos indicados en el expediente..." (sic), los cuales no merecieron una respuesta fundamentada. Con la ejecución del citado Auto de Vista existe la amenaza inminente de vulneración del derecho a la propiedad; puesto que ya se tiene programada la audiencia de remate para el 22 de marzo de 2021, en la que se atentaría contra el derecho a la propiedad de un bien inmueble que se encuentra registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo el folio real con matrícula computarizada 7.05.1.01.0000339, garantizado por los arts. 56 de la CPE; 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la SCP 1123/2017 de 12 de octubre; asimismo, se encuentra amenazado de vulneración el derecho a la vivienda, previsto por el art. 19.I de la Norma Suprema, considerando que de acuerdo a las pruebas presentadas sería el único bien inmueble que poseen, en el que viven juntamente con Silvana Antonia López de Montero -ahora accionante-, provocando un daño irreparable y afectando el referido derecho fundamental conforme se entendió en la SC 0903/2000 de 28 de septiembre y la SCP 0140/2012 de 9 de mayo.

Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia:

1. 1)Se deje sin efecto el Auto de Vista 306 de 15 de septiembre de 2020, y,
2. 2)Se pronuncien -se entiende los Vocales ahora accionados- de forma fundamentada y puntual sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación -formulado contra el Auto 891 de 26 de agosto de 2019-.

Los accionantes a través de su representante legal en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestaron que:

1. i)Los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 306, no se pronunciaron respecto al segundo y tercer agravio referidos a la prescripción, respondieron genéricamente al primer agravio pero sin motivar el mismo;
2. ii)El derecho al debido proceso de acuerdo a la "0SCP 0556/2018 de 14 de septiembre", tiene una triple dimensión, siendo reconocido como un derecho humano, un derecho fundamental y una garantía previsto en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE, mismo que fue omitido en el Auto de Vista 306 en su elemento de motivación;
3. iii)Cuando se dicta una resolución el derecho al debido proceso busca cuatro finalidades; primero, toda resolución debe estar sometida a la Norma Suprema; segundo, debe lograr el convencimiento de las partes, en tanto sea razonable para resolver la controversia; tercero, toda resolución debe tener la garantía de ser revisada para que se respeten los derechos fundamentales; cuarta, que no sea una resolución inmotivada, en ese sentido, el contenido del Auto de Vista 306 carece de una motivación suficiente; y,
4. iv)Los Vocales ahora accionados no respetaron la Constitución Política del Estado, los derechos fundamentales y el debido proceso; puesto que el mencionado Auto de Vista carece de fundamentación afectando los derechos a la propiedad y a la vivienda, tomando en cuenta que sería el único patrimonio que tienen, siendo además Alio Luciano López Peinado, de la tercera edad.

Mirian Rosell Terrazas y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 24 de marzo de 2021, cursante a fs. 327 y vta., manifestaron que:

1. a)El Auto de Vista 306, fue dictado conforme al art. 265 del CPC, siendo un fallo claro, concreto y preciso conforme a los agravios expuestos en el recurso de apelación, reuniendo los elementos de fundamentación, motivación y congruencia con relación a los arts. 115 de la CPE y 214 del citado Código;
2. b)Los accionantes reconocieron que tienen una obligación con la entidad acreedora FINDESA SAM, enmarcándose el caso al art. 1505 del CC, que señala: "La prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquel contra quien el derecho puede hacerse valer. También se interrumpe por reanudarse el ejercicio del derecho antes de vencido el término de la prescripción..." (sic);
3. c)En ese sentido, al existir reconocimiento del derecho del acreedor no era procedente el pedido de prescripción que invocaron los accionantes; por lo que al momento de resolver el recurso de apelación, no se vulneró los derechos señalados en la acción de amparo constitucional; y,
4. d)El Auto de Vista 306 tomó como base fundamental de la decisión los principios del debido proceso y de verdad material en su elemento señalado en el art. 145 del CPC, en cuanto a la valoración de la prueba.

FINDESA SAM a través de su representante legal en audiencia manifestó que:

1. 1)La exposición de los accionantes no es precisa, se alegó la vulneración de los derechos al debido proceso y a la propiedad; empero, se limitaron a enumerar los agravios sufridos, sin explicar en qué consistían los mismos y cómo se los vulneró;
2. 2)Mencionaron que el Auto de Vista 306 no fue motivado; sin embargo, no demostraron cuál fue el error del Tribunal de alzada o de la Jueza de primera instancia;
3. 3)En el Considerando II de dicho Auto de Vista, se manifestó que: "'...el instrumento público N° 491/90 de 3 de julio del año 1990 cursante a fs. 68-71 de obrados base de la presente acción ejecutiva acredita que la obligación de los deudores Alio López Peinado y Deidad Dorado de López nace de aporte económico realizado por el Estado a través del Fondo Ganadero de Santa Cruz Sociedad Anónima Mixta...'" (sic), lo cual desvirtúa que prescribió la acción ejecutiva que sigue FINDESA SAM;
4. 4)Respecto a la excepción de prescripción, como se manifestó en el Auto de Vista 306, el recurso de apelación interpuesto "ha vigentado" el proceso desde el inicio, siendo correcta y legal la motivación tanto de la Jueza de la causa como del Tribunal de alzada, quienes actuaron conforme a derecho amparados por el art. 1505 del CC que determina que, como primer acto debe presentarse la excepción de prescripción como medio de defensa, lo cual no se observa en obrados; empero, dicho recurso puso en vigencia la deuda y el proceso ejecutivo;
5. 5)En el Considerando II del Auto de Vista 306 se mencionó que de acuerdo a los arts. 324 y 339 de la CPE, las deudas por daños al Estado no prescriben; por lo que no tiene razón de ser el reclamo o la insistencia con el tema de la prescripción, tampoco se puede alegar falta de fundamentación y motivación;
6. 6)No es evidente la vulneración del derecho a la propiedad debido a que los accionantes suscribieron el Contrato 491/90 de 3 de julio de 1990, otorgando la garantía hipotecaria de manera voluntaria, obteniendo de FINDESA SAM, el dinero proporcionado por el Estado; y,
7. 7)Respecto a la amenaza de vulneración del derecho a la vivienda debido a que se les estaría privando del derecho a vivir en el inmueble, ese agravio sería absurdo, por cuanto los accionantes otorgaron la garantía hipotecaria por su propia voluntad en 1990 cuando el deudor no era de la tercera edad; demostrándose que no sufrieron ningún perjuicio, por lo expuesto solicitaron que se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 46 de 24 de marzo de 2021, cursante de fs. 334 vta., a 337, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Se debe partir de los hechos que no generan ninguna clase de controversia; es así que dentro del proceso ejecutivo que sigue FINDESA SAM contra los accionantes, se presentó una excepción de prescripción que presuntamente no fue resuelta por la Jueza de primera instancia, lo que motivó a que los accionantes interpongan una acción de amparo constitucional en la que se concedió la tutela ordenando a dicha Jueza de primera instancia que resuelva la mencionada excepción de prescripción, sin que se tenga hasta ese punto controversia alguna; tampoco sería un hecho controvertido la emisión de la SCP 0166/2020-S4 de 21 de julio, que revocó la concesión de tutela. Posteriormente, se dictaron otras resoluciones que resolvieron la prescripción planteada, en las que sí existen hechos controvertidos;
2. ii)El reconocimiento del derecho de la entidad acreedora conforme al art. 1505 del CC, inviabiliza el pedido de prescripción de la acción, criterio que fue compartido por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 306, dicho artículo prevé que: "'...la prescripción se interrumpe con reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquel contra quien el derecho puede hacerse valer'" (sic); lo cual implica que el indicado Auto de Vista se encuentra fundamentado; ya que busca la interdicción de la arbitrariedad expresando las razones para fundar la decisión, porque de ser arbitrario significaría que la decisión no se encuentra apegada a la normativa; además, los Vocales hoy accionados dieron a conocer los motivos de su decisión, amparados en el señalado artículo;
3. iii)Los accionantes refieren que no se dio respuesta a dos agravios referidos a que no se puede aplicar decretos supremos por encima de la ley, además de no verificarse la relevancia constitucional para declarar la nulidad del mencionado Auto de Vista, por cuanto la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, determinó que: "'...la jurisprudencia precedente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitrariedad o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir que deberán analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de Amparo constitucional, pues si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este tribunal únicamente tendrá como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado, consecuentemente a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o es suficiente fundamentación carezca de relevancia debe ser analizado por el Tribunal Constitucional pero corresponde denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional'" (sic); y,
4. iv)Lo importante es explicar cuál es la relevancia constitucional para poder anular un fallo por carencia de fundamentación y motivación, respecto al cual, los accionantes no desarrollaron ningún argumento tendiente a demostrar que se puede lograr el cambio de la decisión asumida, que no solamente se anule la resolución para que los demandados dicten nuevamente otro fallo cambiando o agregando algunos párrafos; por lo que al no explicarse la relevancia constitucional de los agravios se considera que no se vulneraron los derechos al debido proceso, a la propiedad y a la vivienda, ya que son derechos de carácter disponible, por cuanto están dentro del comercio humano, en ese marco se otorgó la garantía hipotecaria y ahora se está ejecutando esa garantía por no cumplirse con la obligación.