Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0262/2025-RCA Sucre, 27 de noviembre de 2025
Expediente: 76160-2025-153-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Oruro
En revisión la Resolución de 23 de julio de 2025, cursante de fs. 165 a 167, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Siles Ríos contra Franz Zulmer Villegas Chávez y "Peter Arellano", Fiscales de Materia.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 22 de julio de 2025, cursante de fs. 154 a 164 vta., el accionante señala que, como consecuencia de la denuncia planteada por el Viceministerio de Trasparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en su contra y otros por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado, bajo el argumento de la existencia de irregularidades en la ejecución del proyecto "Construcción Puente Distribuidor Vehicular Av. Circunvalación-Av. Del Ejército", por requerimiento de 13 de abril de 2016, la investigación fue ampliada contra los representantes de las Empresas Rio Grande y Asociados Contratistas Generales S.R.L; Constructora Ayala; Proyecto Mendizábal y Asociados Consultores; ex Fiscales de obras Gonzalo Toledo Jauregui y Walter Alcón Chávez; Jacob Molina Terrazas ex Jefe de la Unidad de Fiscalización; Marco Antonio Solís Ríos "ex Técnico de UNASBI-Vocal de la Comisión Calificadora" y otros.
Vencido el término de la investigación preliminar, mediante requerimiento Fiscal de 18 de octubre de 2016, fue emitida la Resolución de Rechazo a favor de algunos de los denunciados; por lo que, la misma fue objetada por el Gobierno Autónomo Departamento de Oruro y posteriormente revocada por el Fiscal Departamental de Oruro; en tanto que, respecto a él y otros, en la misma fecha, fue emitida la Resolución de Ampliación de la Imputación Formal. Presentada la Acusación Formal el 26 de abril de 2021, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, sin que la mencionada Resolución se encuentre debidamente motivada y fundamentada, ni contenga la valoración real de la prueba, conteniendo razonamientos equivocados y direccionada a ocasionarle perjuicio y ser contradictoria.
I.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
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