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TCP

0262/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
23 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0262/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0262/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expedientes: 79471-2025-159-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 333/2025 de 25 de noviembre, cursante de fs. 285 a 295 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ángela Paco Céspedes en representación de su hijo AA y Belén Ivannia Calderón Paco contra Carmen del Río Quisbert Caba, Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia; y, Jose Antonio Núñez Arano, Juez Público de Familia Decimotercero de la Capital, ambos, del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 y 26 de septiembre de 2025, cursantes de fs. 143 a 149 y 167 a 169 vta., las accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Contrajo matrimonio con Iván William Calderón Vargas, fruto de esa relación nacieron sus dos hijos AA y Belén Ivannia Calderón Paco, esta última de dieciocho años de edad; debido a los malos tratos sufridos, se separó del prenombrado quien, en abril del 2023 inició el proceso de divorcio en la vía extraordinaria, radicado en el Juzgado Público de Familia Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz.

El referido proceso tuvo una duración aproximada de dos años, debido a constantes dilaciones, incluso, se llegó a suspender la audiencia de medidas provisionales en diecisiete oportunidades; en ese ínterin y, aprovechando la retardación procesal, Iván William Calderón Vargas, le inició un proceso por violencia familiar o doméstica, teniendo como víctima su hija Belén Ivannia Calderón Paco, basándose en hechos presuntamente ocurridos en la gestión 2022; en dicho proceso, se dispusieron medidas de protección, pese a que el hijo menor -en ese momento- convivía con ella, denotando que esa actuación solicitada por el progenitor tenía como finalidad obtener la guarda de sus hijos.

En el desarrollo del proceso de divorcio, el 13 de marzo de 2025, finalmente se celebró la audiencia de medidas provisionales y el Juez Público de Familia Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 091/2025; mismo que, dispuso la guarda de los hijos así como el pago de asistencia familiar a favor del progenitor, estableciendo un régimen de visitas respecto a su hijo menor AA y suspendiendo dicho régimen respecto a su hija Belén Ivannia Calderón Paco; todo ello, sin realizar una valoración integral ni debidamente motivada de los informes psicológicos y biopsicosociales emitidos por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), así como de la entrevista reservada, la opinión de los hijos, ni del informe del equipo multidisciplinario del propio juzgado, que recomendaba la guarda materna.

Asimismo, pese a que en audiencia manifestó su rechazo y disconformidad con la decisión adoptada, la autoridad judicial procedió de manera inmediata a celebrar la audiencia de divorcio, emitiéndose la Sentencia 092/2025 de 13 de marzo, mediante la cual se homologó el Auto Interlocutorio 091/2025 de medidas provisionales.

Ante esta situación, y con la finalidad de que se ejerza el control jurisdiccional sobre las actuaciones procesales -considerando que la resolución de medidas provisionales no era susceptible de apelación- interpuso recurso de apelación contra la sentencia de divorcio que homologó dichas medidas, con la expectativa de que se identifiquen las irregularidades y la falta de motivación en las resoluciones emitidas dentro del proceso.

En su recurso señaló que, la homologación de las medidas provisionales fue arbitraria, no se valoraron los informes psicológicos, no se escuchó a los hijos y que se generó una afectación emocional directa; considerando además, que vivieron y continuaban viviendo junto a ella; no obstante, la Vocal demandada, declaró inadmisible la apelación por supuesta falta de expresión de agravios; sosteniendo además, que las medidas provisionales "no son impugnables, sino únicamente modificables".

Finalmente refirió que, desde el inicio de la demanda de divorcio, no se fijaron medidas provisionales y al momento de interponer esta acción tutelar, sus hijos continuaban viviendo con ella; asimismo, agregó que la Vocal demandada era la única autoridad competente para realizar una valoración psicosocial integral -a través del equipo interdisciplinario, SEDEGES y otras instancias-; considerando además, que la opinión de sus hijos no podía ser desconocida ni desmerecida; toda vez que, ninguna autoridad puede prescindir de su consideración conforme a la normativa vigente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de falta de motivación, omisión de prueba esencial, a la igualdad procesal, a la no discriminación y, al interés superior de la niña, niño y adolescente, citando al efecto los arts. 14, 60, 115, 117, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia:

  1. a)Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 091/2025 en los extremos que fijan la guarda, el régimen de visitas y la asistencia familiar, por ser contrarios al interés superior de la niña, niño y adolescente;
  2. b)Se deje sin efecto la parte pertinente de la Sentencia 092/2025, en la parte que homologa las medidas provisionales dispuestas, por resultar atentatoria a los derechos y garantías fundamentales expuestos precedentemente;
  3. c)Se ordene al Juzgado Público de Familia Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz que, en el plazo de veinticuatro horas y conforme a la facultad conferida por el art. 271 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, emita nueva resolución sobre medidas provisionales, efectuando una valoración integral de los informes del SEDEGES/DNA, del equipo multidisciplinario del juzgado y la opinión de los beneficiarios, conforme a su edad y grado de madurez; y,
  4. d)Se disponga como medida de no repetición que las autoridades demandadas adopten acciones de capacitación a su personal en materia de enfoque de niñez y adolescencia, perspectiva de género, debida motivación de las resoluciones judiciales y control de convencionalidad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 25 de noviembre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 276 a 284, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes, reiteraron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señalaron que:

  1. 1)Conforme al art. 172 del CFPF, el auto de medidas provisionales no es susceptible de impugnación;
  2. 2)Ha existido una dilación indebida en la celebración de la audiencia de medidas provisionales; toda vez que, la primera audiencia fue fijada para agosto de 2023 y se suspendió aproximadamente en quince ocasiones, transcurriendo cerca de veinte meses sin que se hubieran definido dichas medidas; durante ese tiempo, no se estableció ni la guarda de los menores ni la asistencia familiar; por lo que, la parte accionante asumió de manera exclusiva todos los gastos de sus hijos; y,
  3. 3)En la demanda se fijó una asistencia familiar que, de ser exigida de forma retroactiva, implicaría el pago aproximado de Bs29 000.- (veintinueve mil bolivianos); pese a que, en los hechos fue ella quien cubrió íntegramente las necesidades de los menores durante todo ese periodo.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada

José Antonio Núñez Arano, Juez Público de Familia Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 27 de octubre de 2025, cursante de fs. 246 a 247, y en audiencia, señaló que:

  1. i)El Auto Interlocutorio 091/2025 de 13 de marzo fue notificada a la parte accionante en audiencia; sin embargo, la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 15 de septiembre de 2025; es decir, aproximadamente seis meses y dos días después; por lo que, el plazo para su presentación feneció;
  2. ii)Tras la emisión del Auto de Vista 497/2025 por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia, la parte impetrante de tutela promovió la presente acción; lo que -a su criterio-, evidenciaría mala fe en su actuación;
  3. iii)Concedió el recurso de apelación formulado contra la Sentencia 092/2025 -divorcio-, más no así en relación a las medidas provisionales; en ese entendido, la mencionada Sala mediante Auto de Vista, reiteró la no impugnabilidad de las resoluciones de medidas provisionales, conforme a la normativa aplicable;
  4. iv)Respecto a la determinación de guarda de los menores de edad, AA de once años, y Belén Ivannia Calderón Paco -quien hasta hace poco era menor de edad-, se consideró la existencia de una denuncia de violencia respecto a esta última, dado que como autoridad judicial, no debe escuchar a los menores de edad mediante entrevista reservada, conforme al art. 36 del CFPF; sino también, valorar integralmente todos los hechos y elementos probatorios bajo las reglas de la sana crítica; en ese marco, concluyó que el progenitor ofrecía mejores condiciones de cuidado e interés moral y material para ellos;
  5. v)Si las medidas provisionales adoptadas no estuvieran cumpliendo su finalidad, correspondía solicitar su modificación; sin embargo, dicho extremo no fue requerido por las accionantes, pretendiéndose ahora que la jurisdicción constitucional supla esa omisión; y,
  6. vi)Respecto a la supuesta retardación de justicia, ésta no es evidente; toda vez que, se agotaron las actuaciones necesarias para resguardar el interés superior de los menores, tales como inspecciones judiciales, entrevistas reservadas, informes psicosociales y sus complementaciones, rechazando que exista negligencia o actuación indebida de su parte.

Carmen del Río Quisbert Caba, Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 27 de octubre de 2025, cursante de fs. 179 a 180, señaló que:

  1. a)Las solicitantes de tutela hacen referencia a tres decisiones judiciales; El Auto Interlocutorio 091/2025 de medidas provisionales, la Sentencia 092/2025 que homologó dichas medidas y el Auto de Vista 498/2025, alegando la vulneración de su derecho al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva;
  2. b)Sin embargo, el referido Auto de Vista no consigna a la accionante como parte procesal dentro de dicha causa; toda vez que, en ese proceso se tramitó una pretensión distinta, referida a la comprobación de una unión libre, incluso sustanciada ante el Juzgado Público de Familia Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz, con supuestos fácticos diferentes a los expuestos en la presente acción constitucional; y,
  3. c)Aspecto que debe ser considerado por el juzgador constitucional; ya que, no es posible emitir un informe que responda a supuestas vulneraciones de derechos y garantías cuando los datos proporcionados por la parte demandante no guardan relación con el contenido real del Auto de Vista, el cual cuenta con una fundamentación y motivación distintas a las alegadas.
I.2.3. Intervención de los Terceros interesados

Iván William Calderón Vargas, a través de su abogado, en audiencia señaló que:

  1. 1)La parte accionante interpuso recurso de apelación; sin embargo, éste no fue debidamente fundamentado; toda vez que, no precisó los agravios, motivo por el cual el Tribunal de segunda instancia no pudo ingresar al análisis de fondo;
  2. 2)Las medidas provisionales no son susceptibles de impugnación, sino únicamente de modificación;
  3. 3)La denuncia por violencia familiar o doméstica interpuesta ya cuenta con imputación formal desde el 31 de julio de 2025; y,
  4. 4)No se solicitó la modificación del Auto Interlocutorio 091/2025, el cual se encuentra vigente al no haberse promovido el mecanismo correspondiente conforme a la normativa aplicable; por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela impetrada.

La representante de la DNA de San Antonio de la ciudad de La Paz, señaló que, existen informes psicológicos elaborados respecto a ambos menores de edad -considerando que Belén Ivannia Calderón Paco recientemente alcanzó la mayoría de edad- que no fueron tomados en cuenta, vulnerándose el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, cuyos derechos deben ser prioritariamente protegidos; en ese sentido, solicitó se declare la nulidad del Auto Interlocutorio 091/2025, por no haberse valorado adecuadamente los informes psicológicos; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada que emita una nueva resolución, sustentada en el contenido de dichos informes psicológicos y sociales, en los que se encuentran consignados los testimonios de los prenombrados.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 333/2025 de 25 de noviembre, cursante de fs. 285 a 295 vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo que el Juez Público de Familia Decimotercero de la Capital del citado departamento, dé cumplimiento a las recomendaciones y exhortaciones contenidas en la misma, sin imposición de costos ni costas, por tratarse de un proceso de naturaleza tutelar, decisión asumida con los siguientes argumentos:

  1. i)Las accionantes en su exposición, demandan a Carmen del Río Quisbert, Vocal de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia; sin embargo, no señalan de manera concreta cómo dicha autoridad habría vulnerado sus derechos; es más la referida Vocal, en su informe, manifestó que se le atribuye la emisión de una resolución que ni siquiera corresponde al presente caso; toda vez que, dicha resolución estaría vinculada a un proceso distinto, relativo al reconocimiento de una unión libre o de hecho;
  2. ii)Los puntos cuestionados debieron ser claramente identificados a efectos de establecer qué actuación específica se atribuye a la Vocal demandada, pues ni siquiera se precisa con exactitud cuál sería la resolución cuestionada; en ese entendido, el análisis se centró en la emisión del Auto Interlocutorio 091/2025 dictado por el prenombrado Juez quien señaló que, dentro del proceso de divorcio, la parte accionante no solicitó oportunamente la aplicación de medidas provisionales respecto a la guarda o asistencia familiar de los menores de edad, hijos del matrimonio disuelto entre Iván William Calderón Vargas y Ángela Paco Céspedes; no obstante, debió realizar una ponderación de derechos y garantías al momento de definir la guarda de los menores y la obligación de asistencia familiar, considerando el interés superior de los mismos;
  3. iii)De los antecedentes se advierte que el tema fue introducido en audiencia de 24 de enero de 2025 y posteriormente resuelto mediante el referido Auto; en el mismo, correspondía establecer sobre la base de la guarda material existente -es decir, quién tenía el cuidado efectivo de los menores, quién los protegía y proveía su alimentación-, si resultaba procedente mantener o modificar esa situación;
  4. iv)Conforme a las normas convencionales y legales aplicables, debió considerarse la entrevista realizada por el equipo multidisciplinario a los hijos de la accionante que se encontraban bajo su patria potestad, a fin de conocer con cuál de sus progenitores deseaban permanecer. En función de ello, correspondía definir la guarda y fijar la asistencia familiar conforme a la normativa vigente, considerando la capacidad económica de ambos progenitores; y, en su caso, aplicar el porcentaje mínimo establecido por ley o lo que las partes pudieran convenir en audiencia; y,
  5. v)Sin embargo, esta Sala Constitucional no puede sustituir las atribuciones propias del juez natural ni emitir directamente una nueva resolución de medidas provisionales, pues ello implicaría invadir competencias establecidas de manera clara en el art. 272 del CFPF; en consecuencia, corresponde exhortar al cumplimiento de la normativa aplicable a fin de que la autoridad jurisdiccional, ya sea de oficio o a petición de parte, emita una nueva resolución debidamente fundamentada, estableciendo desde qué momento debe computarse la carga alimentaria que corresponda.

En vía de complementación, la parte accionante solicitó la complementación, respecto a si los Vocales Constitucionales convocarían a audiencia de medidas provisionales a efectos de su modificación, incluso de oficio, solicitando se aclare dicha situación debido a que el CFPF, señala que toda determinación o modificación de medidas provisionales y otros, debe hacerse cuando no se ha cumplido la finalidad de las medidas dispuestas.

Al respecto, las autoridades consultadas precisaron que, conforme a la citada norma, toda determinación o modificación de medidas provisionales procede cuando éstas no han cumplido la finalidad para la cual fueron dispuestas, aspecto que ya fue señalado en la resolución que emitieron; en ese mismo sentido, los Vocales indicaron que, de no haberse cumplido dicha finalidad, corresponde a la parte interesada solicitar su modificación, debiendo para ello presentar los elementos probatorios pertinentes; asimismo, señalaron que esa Sala, al margen de exhortar al juez de la causa, podría disponer la remisión de antecedentes; sin embargo, es la parte quien debe apersonarse y reiterar su solicitud ante la autoridad jurisdiccional competente. Añadieron que la situación hubiese sido distinta si la acción tutelar se dirigía contra el Tribunal de alzada, el cual podría haber verificado integralmente estos aspectos.

Nuevamente, la parte impetrante de tutela solicitó que en virtud de la exhortación emitida, se disponga que el juez actúe con la debida diligencia y dentro del marco del debido proceso, fijando día y hora de audiencia de entrevista reservada y de medidas provisionales a la mayor brevedad posible, considerando que existirían derechos que no estarían siendo efectivamente garantizados; ante ello, los Vocales respondieron que no tienen competencia sobre la agenda del juez de la causa, siendo dicha autoridad la encargada de determinar la fecha y hora de las audiencias correspondientes.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos que involucren a Niños, Niñas y Adolescentes (fs. 300 a 305); por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial de 25 de abril de 2023, Iván William Calderón Vargas interpuso demanda de divorcio o desvinculación conyugal (fs. 3 a 4 vta.), la cual fue admitida por Auto de 26 del citado mes y año (fs. 5).

II.2. Por providencia de 8 de noviembre de 2023, el Juez Público de Familia Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz, fijó audiencia para la consideración de medidas provisionales para el 1 de diciembre de 2023 a horas 09:50 (fs. 9); sin embargo, dicha audiencia fue suspendida y reprogramada para el 4 del citado mes y año, debido a la inasistencia de la demandada (fs. 10 y vta.). Instalada la audiencia en la fecha señalada, y ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo entre las partes, la autoridad judicial dispuso la realización de un estudio biopsicosocial a través del SEDEGES, así como la asistencia de ambos progenitores a terapias familiares en la Escuela de Padres (fs. 12 vta. a 14).

II.3. En cumplimiento de lo dispuesto, cursa en obrados el informe psicológico emitido por el SEDEGES, en el cual se entrevistó a Belén Ivannia Calderón Paco -de dieciséis años de edad en ese momento-, manifestó, entre otros aspectos, la afectación emocional generada en su hermano menor de edad AA: "...desde que el juez le preguntó a mi hermano con quien se va a quedar, desde ahí se puso a llorar y gritar..." (fs. 18 a 21); asimismo, cursa informe social de 2 de febrero de 2024 (fs. 22 a 26).

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Tribunal Constitucional Plurinacional23 de marzo de 20260262/2026-S3Fuente oficial