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TCP

0263/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0263/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0263/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 80125-2025-161-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 45/2025 de 12 de diciembre, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Max Santos Calzada Mujica contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de diciembre de 2025, cursante a fs. 1 y 24 a 26, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 30 de octubre de 2025 fue imputado por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente tipificado en el art. 308 Bis del Código Penal (CP), a raíz de la denuncia presentada por la madre Paola Maritza Gómez Tinini ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del distrito 2 del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) El Alto del departamento de La Paz, quien solicitó una valoración psicológica de la menor AA de seis años de edad, realizada el 1 de septiembre de 2025 sin requerimiento fiscal y con cambio de domicilio, contraviniendo la normativa de la niñez y el protocolo de actuación del Ministerio Público, toda vez que existía una valoración psicológica previa de 13 de agosto de 2025 del caso asignado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201502022504900 realizada con requerimiento fiscal, en cumplimiento del art. 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y del Código Niña, Niño y Adolescente, en la que la menor no refirió agresión sexual, además de un certificado médico forense que no evidenció lesiones ni signos de agresión sexual.

Pese a ello, en la audiencia de medidas cautelares de 30 de octubre de 2025, Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de El Alto del departamento de La Paz -codemandada- otorgó valor únicamente a la entrevista psicológica considerada ilegal, realizada a petición de la madre, que para ese propósito cambió de domicilio con dos cédulas de identidad vigentes, omitiendo deliberadamente mencionar en la entrevista, a sabiendas que la menor fue revictimizada para la entrevista ilegal y que la madre recoge un requerimiento fiscal para una entrevista psicológica en cámara Gesell el 16 de septiembre de 2025, sin llevar a la entrevista a la menor, basándose en un informe ilegal de la entrevista psicológica, se dispuso la detención preventiva con base en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, con fundamentación considerada subjetiva.

Contra dicha decisión interpuso apelación incidental, afirmando que demostró la ilegalidad de la entrevista usada, su existencia, la falta de fundamentación y vulneración al debido proceso; no obstante, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, confirmó la detención preventiva sin analizar los agravios, reiterando la valoración de una prueba ilícita.

Al respecto, refiere que la detención preventiva se basó en prueba ilícita, específicamente en una entrevista psicológica realizada de forma irregular, mediante cambio de domicilio y sin respetar el protocolo de entrevista única, vulnerando la prohibición de revictimización de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el principio de legalidad y licitud de la prueba, así como los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 169 del CPP, cita las y "2050/2012", que establecen que no puede sustentarse una medida cautelar en prueba ilícita. Asimismo, denuncia la omisión de valoración de prueba legal, como la entrevista psicológica realizada en cámara Gesell, vulnerando el art. 124 del CPP y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales "0012/2018" y "254/2018", que reconocen que la omisión valorativa también transgrede el debido proceso, sosteniendo además que la detención preventiva carece de fundamentación y proporcionalidad, en contravención del art. 233 del citado Código, pues no se explicó el supuesto peligro para la víctima, quien reside en otro distrito y cuenta con medidas de protección, utilizándose criterios genérico.

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Tribunal Constitucional Plurinacional9 de marzo de 20260263/2026-S2Fuente oficial