Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 21 de mayo de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26242-2018-53-AAC Departamento: Santa Cruz Partes: Erwin Méndez Fernández, Gunther Rómulo Kaiser Mendia y Mauricio Xavier Hernando Jiménez contra Victoriano Morón Cuéllar, Mirael Salguero Palma y Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos; Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que revocó en parte la Resolución 01/2018 de 24 de octubre, cursante de fs. 547 vta. a 552 vta.; pronunciada por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Cotoca del departamento de Santa Cruz -constituido en Juez de garantías-, y concedió en parte la tutela impetrada en cuanto al derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 44/2018 de 19 de junio, debiendo los Vocales demandados, disponer la notificación a las partes procesales con la providencia de 27 de abril de 2018 y luego emitir un nuevo Auto de Vista; y, denegó con relación a las vertientes de fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso, así como respecto a los principios de seguridad jurídica, publicidad y acceso efectivo a la justicia.
En todo caso, considera que se debió CONFIRMAR dicha Resolución Constitucional y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada por vulneración al debido proceso, en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y defensa, así como el derecho de acceso a la justicia y los principios de seguridad jurídica y publicidad, conforme a los siguientes fundamentos y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su vertiente fundamentación, congruencia y motivación; a su vez el derecho a la defensa y los principios de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia; en razón a que las autoridades demandadas revocaron la Resolución apelada por el Ministerio Público y rechazaron la excepción de prescripción de la acción penal, sin valorar los medios de prueba ofrecidos, ni la aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable; y, ante la existencia de Voto Disidente para la emisión de dicha Resolución, fue convocado el Vocal dirimidor, actuado con el que no se notificó a los sujetos procesales; por lo que solicitan se anule y/o deje sin efecto el Auto de Vista 44/2018 impugnado; y, se dicte una nueva resolución.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas:
- a)La fundamentación y motivación de las resoluciones; y, la garantía del debido proceso;
- b)Los alcances del art. 112 de la Constitución Política de Estado (CPE) en la extinción de la acción penal por prescripción; y,
- c)Análisis del caso concreto.
II.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones; y, la garantía del debido proceso
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la 2; se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la , se determinan los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
- b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
- c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
- d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
- e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
- f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la 3 precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la 4 se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la 5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:
- i)El sometimiento a la CPE y al bloque de constitucionalidad;
- ii)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
- iii)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
- iv)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
- v)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la 6-.
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