0264/2023-S1

1. a)Afirma que la Resolución impugnada hace referencia al art. 11 parágrafos I y II, cuando la carpeta de saneamiento fue remitida a la Dirección Nacional del INRA el 14 de enero de 2015 en aplicación del art. 325 del DS 29215, con la aprobación del Proyecto de Resolución Final de Saneamiento y con el fin de realizar el Control de Calidad correspondiente, extremo que pone en evidencia que la etapa de campo fue culminada ya que no existe una resolución que anule obrados hasta las pericias de campo.

1. b)El segundo elemento como agravio, refiere que si bien es cierto existe un procedimiento especial para cada desalojo, sea por asentamientos de tierras fiscales o por encontrarse en procedimiento agrarios o por medidas precautorias; sin embargo, no es menos cierto que el INRA es la entidad encargada de realizar dichos procedimientos, desde el 30 de noviembre de 2015, la Cooperativa a la que aduce representar estuvo denunciando la venta de terrenos en los predios que se encuentran en proceso de saneamiento, incluidas las tierras fiscales, resultantes del recorte por verificación de función social.

1. c)El tercer elemento de agravio, afirma que la Resolución Administrativa 142/2021 de 10 de agosto de 2021 realiza una incorrecta revisión de la Resolución impugnada, la noma agraria y del proceso de saneamiento, toda vez que en la carpeta de saneamiento se evidencia que una vez culminó la etapa preparatoria y de campo, las mismas fueron remitidas para control de calidad, conforme establecen los arts. 325 y 303 del DS 29215 Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, por lo que no existe una resolución que anule obrados hasta las pericias de campo, si bien es cierto existe un informe que sugiere la anulación de actuados, empero dicho informe que en ningún momento puede otorgársele el rango de una resolución, toda vez que la misma es una recomendación y no así como un acto administrativo definitivo, por lo que a su entender se encontrarían vigentes las pericias de campo, el informe en conclusiones, informe de cierre y el Decreto de aprobación de proyecto de Resolución Final de Saneamiento.

1. d)La Resolución Jerárquica no realiza una fundamentación ni motivación, ya que esta, refiere simplemente que toda la fundamentación se encuentra en el Informe DDO-INRA-AJ 11/2021 de 28 de enero de 2021, empero dicho informe no fue puesto a conocimiento de las partes, además que el debido proceso comprende entre uno de sus elementos esenciales la exigencia de la motivación de sus resoluciones.

Eulogio Nuñez Aramayo, Director Nacional del INRA y Elvira Lucía Achu Quispe, en sus condiciones de Directora General de Asuntos Jurídicos de la misma institución respectivamente, a través de sus abogados representantes, presentaron informe escrito de 10 de marzo de 2022, conforme cursa obrados de fs. 139 a 143 vta., exponiendo los siguientes argumentos:

1. 1)Con carácter precio, solicitó se proceda a la notificación en calidad de tercero al Municipio de Soracachi, ya que dicha entidad emitió la Ley Municipal 19 de 11 de noviembre de 2014, a su vez, solicita se extienda por dicha repartición una copia legalizada de la Resolución Municipal 19 de 11 de noviembre de 2014;
2. 2)Dentro de las facultades conferidas por el art. 404 de la CPE., art. 17 parágrafo II de la Ley 1715 modificada parcialmente por la Ley 3545, en cuyo art. 65 establece que el INRA, en coordinación con las Direcciones Distritales, queda facultado para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria, facultad delimitada al área rural conforme prevé el art. 11 del DS 29215, modificado por la Disposición Adicional Segunda del DS 2960 de 23 de octubre de 2016;
3. 3)Sobre la base de la normativa señalada, se procedió a iniciar el proceso de saneamiento simple de oficio del predio denominado "Ex Fundo Challapampita Chica", ubicado en el municipio de Paria, provincia Cercado del departamento de Oruro; el cual cuenta con actuaciones que se realizaron; en el caso particular, afirma que la Resolución Administrativa 142/2021 de 10 de agosto de 2021, respondió al recurrente, en sentido que el INRA Departamental de Oruro, tuvo conocimiento de la emisión de la Ley Municipal 19 de 11 de noviembre de 2014 y mediante nota de enero de 2015 remitió los antecedentes a la Dirección Nacional del INRA, a fin de someter a proceso de control de calidad, mismo que conforme al Informe Técnico Legal INF. DGS-JRZ No. 0048/2015 de 20 de enero de 2015, evidenció errores de fondo y omisión de actuados de campo, como el relevamiento de expedientes la carencia de plano de socialización entre otros, por lo que sugirió la devolución a la Dirección Departamental de Oruro para su subsanación, a la fecha no se cuenta con la subsanación de los errores, por lo que se advierte que la etapa de campo no hubiera concluido, además aclara que no cursa en obrados proyecto de resolución final de saneamiento aprobado por el Director Departamental, previo a su remisión a la Dirección Nacional, actividad con la que concluye la actividad de campo, conforme se señala el art. 295 del DS 29215;
4. 4)Lo referido, pone en evidencia que ha concluido la etapa de campo como erróneamente pretende hacer ver el ahora accionante, debido a que el art. 325 del DS 29215 de manera clara establece que los proyectos de resolución y las etapas precedentes de saneamiento serán de aprobación por el Director Departamental competente, previa su remisión a la Dirección Nacional; extremo que en el caso en examen, no existe proyecto de Resolución Final de Saneamiento con Decreto de aprobación del Director Departamental de Oruro, acto que pone fin a la etapa de campo, ya que si bien se remitió los actuados a la Dirección Nacional del INRA, fueron con el objeto de análisis y revisión de dichos actuados a fin de someterse a un proceso de control de calidad;
5. 5)El predio objeto de saneamiento se condujo conforme a los parámetros que determina la Ley 1715 y el DS 29215; sin embargo, el INRA cuenta con la competencia para ejecutar el procedimiento de saneamiento únicamente en el área rural, el cual cuenta con la naturaleza jurídica propia a fin de definir la jurisdicción que conocerá la acción; en el presente caso, el predio denominado "Ex fundo Challapampita Chica", sujeto a proceso de saneamiento bajo la modalidad SAN-SIM, se encuentra en etapa de campo inconcluso, tal cual se evidencia en la carpeta de saneamiento, tal cual refiere el Informe Legal INF.DGS-JRA No. 0048/2015 de 20 de enero de 2015, el cual pone en evidencia varias observaciones técnico legales, llegando a establecerse que al presente se encuentra frente a un proceso de saneamiento con medidas precautorias dispuestas para resguardar la seguridad jurídica de posesiones y derecho propietario de las partes, por lo que aún no se puede concluir con el proceso de saneamiento correspondiente;
6. 6)Afirma que al existir una Ley Municipal 19 d e11 de noviembre de 2014, que delimita el área urbana del municipio de Soracachi y que afecta el área del predio denominado Challapampita, cuyo proceso de saneamiento se encuentra en curso, en la etapa de campo y conforme así se tiene determinado en la Resolución Administrativa 142/2021 de 10 de agosto de 2021, no corresponde proseguir con su tramitación en observancia a lo previsto en el art. 11 del DS 29215, modificado por DS 2960, así como tampoco corresponde responder que el INRA se pronuncie al punto porque de lo contrario estaría actuando e emitiendo criterio sin competencia sobre áreas urbanas, correspondiendo a la autoridad competente establecer la forma de desalojo en el caso en particular, por lo que no resulta evidente que sea incongruente y sin fundamento la Resolución cuestionada; a ello se suma que el régimen agrario no se aplica la Ley 2341;
7. 7)Afirma que la Resolución Administrativa RA-DDO-SA-SIM 001/2021 de 29 de enero de 2021, tiene base fundamentalmente en el Informe DDO-INRA-AJ 11/2021 de 28 de enero de 2021, el cual se encuentra transcrito en su integridad en la mencionada resolución cuestionada, conforme refiere el art. 65 inciso c) del DS 29215, en sentido que toda resolución debe basarse en un informe legal y de corresponder también en un informe técnico, por lo que la mencionada Resolución cuenta con una relación de hecho, y fundamentación de derecho, conforme a los argumentos planteados en el recurso de revocatoria, por lo que no es necesario notificar con el informe al recurrente debido a que estos actos solo son sugerencias que no definen ningún derecho, no contando con el carácter recurrible;
8. 8)El ahora accionante, desconoce que los actuados del trabajo de gabinete como es el control de calidad, resultan en parte del cumplimiento del debido proceso conforme establece el art. 65 inciso c) del DS 29215, el cual reconoce los informes técnico legales como parte del proceso administrativo que respalda una resolución administrativa, constituyéndose en parte del control de calidad del proceso de saneamiento correspondiente; y,
9. 9)No existe vulneración al derecho al debido proceso en su fundamentación y motivación de la resolución ya que el INRA perdió competencia con la emisión de la Ley Municipal 19 de 11 de noviembre de 2014, tal cual establece el art. 11 de la Ley 1715; asimismo, afirma que la pretensión del ahora accionante, atenta contra la competencia del INRA, de ejecutar el proceso de saneamiento, donde se debe determinar con exactitud que su ejecución debe darse dentro de áreas rurales que por mandato constitucional su competencia se encuentra delimitada, por lo que se debe denegar la presente acción tutelar.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución 32/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 184 a 188, denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes argumentos:

1. i)Dentro de un proceso judicial o administrativo, no puede alegarse la vulneración del derecho a la petición como erróneamente pretende el accionante, además que en el caso particular no se acreditó, más aun cuando este derecho a la petición que se invoca como vulnerado se encuentra dentro del derecho a la petición reglada, es decir, que podría haberse reclamado aquella instancia procesal administrativa a través de los recursos que la ley franquea;
2. ii)Procedieron a llamar la atención al abogado patrocinante de la parte accionante, por la calidad del memorial de acción de amparo constitucional, lo que dificulta en su lectura en consonancia con la falta de ética; asimismo, no se llegó a identificar de qué manera de vulneró este derecho ya que no basta con alegar vulneración, sino que es necesario explicar en qué forma fue vulnerado por medio de la Resolución 142/2021 ahora cuestionada;
3. iii)El accionante afirma que las Autoridades del INRA hubieren vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, empero, no establece la suficiente carga argumentativa de cómo, dónde y de qué forma se vulneró sus derechos; y,
4. iv)El accionante hace una transcripción de sentencias constitucionales, sin adecuar al caso presente, ya que se limitan a decir que el INRA, tomó una decisión incongruente sin señalar en qué medida dicha resolución resulta incongruente, ya que debió el accionante señalar de qué forma no es coherente, identificar en la Resolución 142/2021, en algún considerando cuál es la parte que resulta incongruente, que no se encuentra motivada vulnerando sus derechos.

El demandante de tutela, considera vulnerados sus derechos al debido proceso en lo que se refiere a la fundamentación, motivación y congruencia, petición, principio de legalidad o primacía de la ley; toda vez que impugnada en recurso jerárquico la Resolución Administrativa RA-DDO-SA-SIM 001/2021 de 29 de enero de 2021, la Autoridad actualmente demandada, mediante Resolución Administrativa 142/2021 emitida el 19 de agosto de 2021, rechazó su impugnación, manifestando que tal resolución carece de fundamentación, motivación y congruencia, toda vez que:

1. a)El acto impugnado no brindó una respuesta a todos los puntos reclamados en el recurso jerárquico;
2. b)Habiendo concluido la etapa de campo con la remisión a la Dirección Nacional del INRA el proyecto de Resolución Final de Saneamiento, no es posible se aplique el parágrafo I del art. 11 del DS 2960 de 26 de octubre de 2016, cuando correspondía se aplique el numeral II del mismo articulado legal; asimismo, si bien existe un Informe que sugiere la anulación de actuados por errores de forma y fondo supuestamente advertidos, empero dicho informe no tiene el rango de resolución, aspecto que debió el acto cuestionado haber considerado;
3. c)Al referir la Resolución Administrativa RA-DDO-SA-SIM 001/2021 de 29 de enero de 2021, que el procedimiento de desalojo de asentamientos y ocupaciones de hecho en tierras fiscales y el procedimiento de desalojo en procedimientos agrarios, se tornan en instituciones de diferente naturaleza; sin embargo, el acto ahora cuestionado (Resolución Administrativa 142/2021 de 19 de agosto de 2021), no establece cual sería la correcta forma de desalojo a los avasallamientos sufridos en sus predios;
4. d)La Resolución Administrativa 142/2021 de 19 de agosto de 2021, refiere que en atención del art. 11 del DS 2960 de 26 de octubre de 2016 el INRA perdió competencia debido a la promulgación de la Ley Municipal de 19 de noviembre de 2014, empero que la misma fue adjuntada a los antecedentes de saneamiento de manera posterior a la culminación de la etapa de campo; y,
5. e)La Resolución Administrativa 142/2021 de 19 de agosto de 2021, no realiza una fundamentación y motivación propia, ya que se apoya en el Informe DDO-INRA-AJ 11/2021 de 28 de enero de 2021, mismo que no fue puesto a conocimiento de las partes, por lo que adolece de una debida fundamentación y motivación el acto ahora cuestionado.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas:

1. i)El debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia; y,
2. ii)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la 0SC 0802/2007-R de 2 de octubre4, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 0SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 0SC 0682/2004-R de 6 de mayo10, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

El demandante de tutela, considera vulnerados sus derechos al debido proceso en lo que se refiere a la fundamentación, motivación y congruencia, petición, principio de legalidad o primacía de la ley; toda vez que impugnada en recurso jerárquico la Resolución Administrativa RA-DDO-SA-SIM 001/2021 de 29 de enero de 2021, la Autoridad actualmente demandada mediante Resolución Administrativa 142/2021 de 19 de agosto de 2021, rechazó su impugnación en total falta de fundamentación, motivación y congruencia, toda vez que:

1. a)El acto impugnado no brindó una respuesta a todos los puntos reclamados en el recurso jerárquico;
2. b)Habiendo concluido la etapa de campo con la remisión a la Dirección Nacional del INRA el proyecto de Resolución Final de Saneamiento, no es posible se aplique el parágrafo I del art. 11 del DS 2960 de 26 de octubre de 2016, cuando correspondía se aplique el numeral II del mismo articulado legal; asimismo, si bien existe un Informe que sugiere la anulación de actuados por errores de forma y fondo supuestamente advertidos, empero dicho informe no tiene el rango de resolución, aspecto que debió el acto cuestionado haber considerado;
3. c)Al referir la Resolución Administrativa RA-DDO-SA-SIM 001/2021 de 29 de enero de 2021, que el procedimiento de desalojo de asentamientos y ocupaciones de hecho en tierras fiscales y el procedimiento de desalojo en procedimientos agrarios, se tornan en instituciones de diferente naturaleza; sin embargo, el acto ahora cuestionado (Resolución Administrativa 142/2021 de 19 de agosto de 2021), no establece cual sería la correcta forma de desalojo a los avasallamientos sufridos en sus predios;
4. d)La Resolución Administrativa 142/2021 de 19 de agosto de 2021, refiere que en atención del art. 11 del DS 2960 de 26 de octubre de 2016 el INRA perdió competencia debido a la promulgación de la Ley Municipal de 19 de noviembre de 2014, empero que la misma fue adjuntada a los antecedentes de saneamiento de manera posterior a la culminación de la etapa de campo; y,
5. e)La Resolución Administrativa 142/2021 de 19 de agosto de 2021, no realiza una fundamentación y motivación propia, ya que se apoya en el Informe DDO-INRA-AJ 11/2021 de 28 de enero de 2021, mismo que no fue puesto a conocimiento de las partes, por lo que adolece de una debida fundamentación y motivación el acto ahora cuestionado.

1. a)El acto impugnado no brindó una respuesta a todos los puntos reclamados en el recurso jerárquico.

1. a.1)Contenido del memorial de 18 de mayo de 2021