Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0265/2019-CA Sucre, 15 de octubre de 2019
Expediente: 31247-2019-63-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Tarija
En consulta la Resolución de 1 de octubre de 2019, cursante de fs. 59 a 62, pronunciada por la Jueza Disciplinaria Segunda de la Oficina Departamental de Tarija del Consejo de la Magistratura, por la que rechazó la solicitud formulada por Jorge Efraín Cárdenas Chávez, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 187.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); y, 30, 71 y 72 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado mediante Acuerdo de Sala Plena 020/2018 de 27 de febrero del señalado Consejo por ser presuntamente contrario a los arts. 109.II, 115, 116.II, 119, 120.I, 178.I, 180.II y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1.1, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2019, cursante de fs. 39 a 51 vta., el accionante alega que el 6 de marzo del mismo año, Celina Fernández Tejerina, Encargada de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura Tarija, formuló denuncia disciplinaria en su contra por la presunta comisión de la falta leve prevista por el art. 186.3 de la Ley del Órgano Judicial en el proceso agrario de conciliación previa seguido por "Julia Daza Flores y otros" contra "Héctor Omar Carvajal Moya y otros"; y, por la comisión de la falta grave estipulada en el art. 187.14 de la misma norma, en el proceso interdicto de recobrar la posesión, seguido por Aníbal Romero Durán contra Isabel Romero, emitiéndose el "Auto de admisión de inicio de investigaciones 65/2014 de 7 de abril", y luego, el "Auto de admisión de denuncia disciplinaria 18/2019 de 12 de marzo".
En ese orden, el art. 30 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental determina que: "I. Por la característica y naturaleza propia del proceso disciplinario, no se admiten excepciones e incidentes, salvo las excepciones de prescripción y cosa juzgada". Precepto que vulnera los derechos a la igualdad que implica que ninguna parte deba obtener privilegio alguno sobre la otra ni ser discriminada por motivos de sexo, raza, religión o ideología sino que tengan los mismos derechos, posibilidades y cargas, así lo establecen los arts. 119 de la CPE, 10 de la DUDH y 24 de la CADH; y asimismo a la defensa, ya que una excepción o un incidente pueden enervar una acción paralizándola momentáneamente o haciéndola desaparecer, sin embargo, el artículo impugnado coarta la posibilidad de ser juzgado dentro de un debido proceso conforme establece el art. 115 de la Norma Suprema.
Por otra parte, el art. 71 del Reglamento refutado a través de esta acción de inconstitucionalidad concreta establece que: "La Juez Disciplinaria o el Juez Disciplinario, como director del proceso tiene competencia para observar o rechazar cualquier medio probatorio propuesto dentro de la causa disciplinaria, si considera que son impertinentes, redundantes, contrarios a derecho o extemporáneos, dentro de las veinticuatro horas de ingresado a despacho de manera fundamentada. II. Si el o los medios probatorios fueren observados, se otorgará a la parte afectada el plazo de 24 horas para que subsane dicha observación bajo apercibimiento de tenerse por no presentados", lo cual resulta contrario al constitucionalismo vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia que es garantista de derechos fundamentales, entre los que figura el derecho a la defensa amplia, irrestricta e irrenunciable; encontrándose el juez disciplinario facultado y autorizado para observar y/o rechazar cualquier medio probatorio en base a su libre albedrío y apreciación subjetiva, despojándolo de la garantía de juez imparcial, pues son las partes quienes inician la actividad procesal proveyendo los materiales de hecho sobre los que versará su decisión, y al contar con tales facultades los deja en indefensión, vulnerando el derecho a impugnación y objeción a los medios de prueba ligado al derecho a la defensa, mismo que desde una perspectiva en sentido positivo se afirma como la posibilidad de que la parte acusada de la comisión de un hecho delictivo disponga de asistencia técnica, y desde un sentido negativo prohíbe la indefensión, ya sea debido a la falta de asistencia profesional o por actos u omisiones provocados por el Órgano Judicial.
En ese mismo sentido, el art. 72 de la norma impugnada dispone que: "Admitidos los medios probatorios, no es procedente la objeción de los mismos, debiendo rechazarse esta situación sin trámite previo", conculcando los derechos al debido proceso en su vertiente a la defensa amplia, irrestricta e irrenunciable y de igualdad de oportunidades, más el principio de impugnación protegido por el art. 180.II de la Ley Fundamental, resultando el diseño procesal establecido en el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental claramente violatorio de las garantías mínimas de imparcialidad del proceso administrativo sancionador; misma que se encuentra establecida en los arts. 120 y 178.I de la CPE; y, 14.I del PIDCP.
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