Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0265/2019-S1 Sucre, 22 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 26241-2018-53-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 8 de 12 de octubre de 2018, cursante de fs. 136 vta. a 140 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nabid Mohamad Shakhtour Hirmas contra Víctor Hugo Rojas Sánchez, ex "Juez Segundo de Sentencia" y Geovana Claudia Peñaranda Tito, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera, ambos de Montero del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 20 de septiembre y 4 de octubre ambos de 2018, cursantes de fs. 90 a 99 vta.; y, 103 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro el proceso penal de acción privada iniciado por su persona en contra de Sara Paulina Camacho Rojas, por la presunta comisión del delito de giro de cheque en descubierto, esta última planteó incidente de falta de acción y tipicidad, ante el entonces "Juez Segundo de Sentencia" (sic) de Montero del departamento de Santa Cruz -hoy demandado- quien mediante Auto interlocutorio de 8 de diciembre de 2014, resolvió declarando probada y extinguida la acción penal.
Contra la precedentemente mencionada Resolución interpuso apelación incidental, que fue resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista "15" de 21 de enero de 2015, la cual declaró su improcedencia, no siendo notificado de manera personal con la misma; por lo que, una vez devuelto el expediente del Tribunal de alzada al Juez de primera instancia, por proveído el 13 de abril de igual año, en forma textual señaló: "...a sus antecedentes y sea con conocimiento de las partes y cúmplase..." (sic), sin haberse dado cumplimiento con la notificación en virtud al art. 163.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, después de más de un año remite el expediente, a causa de un reordenamiento judicial, a la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Montero del mismo departamento -hoy codemandada-, impidiéndole de esta forma el acceso físico al expediente durante todo ese tiempo.
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