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TCP

0265/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
21 de mayo de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Voto Disidente 0265/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 21 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 25508-2018-52-AAC Departamento: La Paz Partes: Jaime Jesús Grajeda García, Secretario - Ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL 2016-2018) contra Waldo Albarracín Sánchez, Rector; Alberto Quevedo Irirate, Vicerrector; Raimy Pardo Hernanz, Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés (STUMSA); Paul Macgiver Rodríguez Huarachi y Pedro Antonio Plata Burgoa, representantes del Centro de Estudiantes Facultativo de Agronomía; Jorge Sainz Cardona, Decano de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo; Mario Yujra Choque, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo; Walter Montaño Pérez, Decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas; Sergio Quisbert Barrera, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas; Brian Rojas Mora, miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Geológicas; María Eugenia Pareja Tejada, Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Javier Peñaranda Méndez, Decano de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica; Wilfredo Tavera Llanos, Decano de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales; Grover Rodríguez Ramírez, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Puras; Oscar Carvajal Yucra y Carlos Fernando Torrez Alanoca, miembros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Puras; Deysi Clavijo Santander miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales; Víctor Herrera Cusicanqui, Decano de la Facultad de Tecnología; Víctor Paz Huanca, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Tecnología; Jhony Contreras Tapia, miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Tecnología; Max Mendoza Parra, Presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Silvia Villarroel Serrate y Amilcar García Castro, Delegados de la FUL al Honorable Consejo Universitario (HCU); Aniceto Velarde Forest, Secretario Ejecutivo de la Federacion Sindical de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés [(UMSA) FEDSIDUMSA]; José Oviedo Farfán, Decano de la Facultad de Agronomía; Celso Ayala Vargas, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Agronomía; Franz Remy Camacho, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Jaime Mamani Mamani, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Boris Quevedo Calderón, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras; Javier Ávila Vera, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras; Kitizia Jarandilla Guzmán y Sandra Velasco Gonzales, miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas; Francisco Callejas Huanca, Decano de la Facultad de Ciencias Geológicas; Ramiro Huanca Soto, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Miguel Ángel Calla Carrasco, Decano de la Facultad de Ingeniería; Wilma Amusquivar Caballero, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ingeniería; Carlos Mena Tellería, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología de Médica; Edmundo Morales Loayza, Decano de la Facultad de Odontología; Néstor López Aparicio y Alvin Kuno Vargas, miembros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología; Ana María Susnabar de Paravicini, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales; Juan Pablo Tapia Guachalla e Iván Eddy Alcón Simón, Delegados de la FUL al HCU; Franz Cuevas Quiroz Secretario, Ejecutivo de la FEDSIDUMSA; Félix Fernando Manzaneda, Delegado de la Facultad de Agronomía; Paulino Ruíz Huanca, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Agronomía; Javier Tapia Gutiérrez, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Richard Ozuna Ortega, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Jorge Ricardo Riveros Salazar, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras; Miguel Coña Mier, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras; Micaela Iris Otalora Guisbert y Claudia Daniela Hernández Ramírez, miembros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas; Germán Wilfredo Núñez Aramayo, Decano de la Facultad de Ciencias Geológicas; Rodmy Arroyo Sarmiento, miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Geológicas; Miriam Cayetano Choque, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Alejandro Martín Mayori Machicao, Decano de la Facultad de Ingeniería; Ángel Aliaga Rivera, miembro de la Asociación de Docentes de Ingeniería; Martín Villarroel Mareño, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica; Teodoro Alanoca Rojas, Decano de la Facultad de Odontología; Félix Sandoval Ríos, miembro de la Asociación de Docentes de la Facultad de Odontología; e, Iván Miranda Balcázar, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, todos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada, expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirma en parte la Resolución 03/2019 de 2 de abril, cursante de fs. 527 a 531 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima de la Capital del departamento de La Paz -constituida en Jueza de garantías- y concede en parte la tutela solicitada; por las siguientes razones:

  1. a)No estoy de acuerdo con la autolimitación que se realiza en dicha Sentencia, respecto al examen de la Resolución 202/2018 de 27 de junio, que también fue impugnada por el accionante; debiéndola haberla sometido a control de constitucionalidad conjuntamente con la Resolución 218/2018 de 11 de julio, ambas pronunciadas por el Honorable Consejo Universitario (HCU) y cuestionadas por el impetrante de tutela; y,
  1. b)Tampoco parto del criterio que una reparación del derecho lesionado traducida en una petición de pago de daños y perjuicios, tenga que necesariamente ser solicitada conjuntamente con la demanda de acción de amparo constitucional, caso contrario, no correspondería ser considerada, supuestamente porque se constituye en una alegación de hechos nuevos, sobre los cuales la parte demandada no pudiese defenderse; en todo caso, considero que conforme al art. 113.I de la CPE, toda vulneración a derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna y sin condicionamiento alguno, como pretende establecer la referida Sentencia Constitucional Plurinacional.

En ese sentido, considero que la debió: CONFIRMAR dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER totalmente la tutela impetrada; sobre la base de los siguientes razonamientos y términos dispositivos:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al ejercicio del poder político y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; señalando que el Honorable Consejo Universitario (HCU) a través de la Resolución 202/2018, determinó la cesación de la representatividad como primer Ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), contra la cual presentó una solicitud de reconsideración, en razón a que carecía de fundamentación, motivación y congruencia; empero, fue rechazada mediante Resolución 218/2018.

En consecuencia, correspondía en revisión, verificar si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, la debió desarrollar los siguientes fundamentos:

II.1. De la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

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