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TCP

0265/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0265/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0265/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 58932-2023-118-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 145/2023 de 19 de octubre, cursante de fs. 331 a 335 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rolando Paniagua Espinoza, Waldo Vaca Álvarez y Erika Hebe Gómez en representación legal de Luis Oporto Ordóñez, Presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) contra Iván Sandoval Fuentes y Jaime René Conde Andrade, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1 y 128 a 136 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de un proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya contra Juan Carlos Fernández Peñaranda, Walter Alejandro Meriles Pizarro -terceros interesados- y otros coimputados, por la presunta comisión de los delitos de corrupción e incumplimiento de deberes, tras la emisión de la acusación formal en febrero de 2022, la defensa de los procesados planteó la excepción de extinción de la acción penal por máxima duración del proceso, la cual fue declarada fundada por el Juez de primera instancia a través del Auto Interlocutorio de 14 de marzo de 2023; ante esta determinación, interpuso un recurso de apelación incidental, que mereció el Auto de Vista 117/2023 de 27 de marzo, pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandados-, que declaró improcedente su impugnación, manteniendo incólume la determinación del a quo.

Entre los agravios que -a su criterio- le ocasionó la Resolución de alzada, identificó los siguientes:

  1. a)El Tribunal superior en grado omitió considerar que el proceso se originó en dos momentos cronológicos distintos; mientras la denuncia inicial data de 17 de marzo de 2016, cuatro de los acusados fueron incorporados mediante ampliación de denuncia recién el 21 de septiembre de 2018; en consecuencia, para estos últimos, el plazo de tres años previsto por ley no habría vencido, especialmente si se descuentan los periodos de suspensión por la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19;
  2. b)No se efectuó una auditoria jurídica, pues no se realizó un análisis pormenorizado del proceso, tampoco se individualizó la responsabilidad por la demora, la cual fue atribuible a la conducta dilatoria de los acusados, por declaratoria de rebeldía e interposición de incidentes, mas no así debido a la inactividad de los órganos estatales;
  3. c)Los Vocales demandados aplicaron la sin que hubiese existido analogía, e interpretaron que dicho fallo exime la valoración de la conducta del imputado, cuando lo que se debía verificar era si la dilación fue provocada por el justiciable para negar la extinción; y,
  4. d)No se le permitió solicitar complementación y enmienda de la Resolución confutada, pues la audiencia virtual de apelación incidental fue cerrada abruptamente; aspectos por los que, el fallo cuestionado carece de una estructura lógica que responda a los agravios planteados en apelación.
I.1.2. Derecho y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la defensa, a la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y valoración de la prueba; así como, la errónea aplicación de jurisprudencia constitucional, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, dejar sin efecto el Auto de Vista 117/2023 dictado por las autoridades demandadas y se emita uno nuevo restituyendo los derechos lesionados.

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