0266/2023-S3

Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia:

1. a)Se ordene el desalojo o abandono inmediato de los hoy accionados y demás avasalladores de la propiedad que les pertenece, bajo alternativa de acudirse al auxilio de la fuerza pública;
2. b)Se ordene el derribo y retiro de todas las construcciones ilegales y clandestinas levantadas durante la ilegal ocupación de la fracción de terreno avasallado sea con la participación de la Dirección de Adultos Mayores del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba para resguardar sus derechos;
3. c)Se suscriba por parte de los ahora accionados en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) amplias garantías a favor de los accionantes, haciendo constar que no atentarán contra sus vidas, absteniéndose de proferir amenazas e insultos; y,
4. d)Sea con la imposición de costos y costas procesales.

Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestaron que:

1. 1)De acuerdo a la certificación emitida por el INRA, los títulos que emergen de las propiedades que heredaron a Laura Prada Vda. de Arauco e hija Delfina Arauco de Ponce sobre la superficie de 45 has, conforme al Informe 930/2021, dichos títulos fueron anulados por contener vicios de nulidad; por consiguiente, la familia "Arauco Ponce" no tiene propiedad, aparte de que ya fueron transferidos por los herederos de ese entonces Laura Prada Vda. de Arauco y su hija Delfina Arauco de Ponce, lo cual estaría acreditado;
2. 2)Los hoy accionados serian reincidentes en actos de avasallamiento, conforme señalan las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0123/2021 de 28 de octubre y 00138/2021 de 8 de diciembre, en los que se encuentran identificados como autores intelectuales y materiales, entre ellos María Eugenia, René Álvaro, todos Ponce Arauco y Claudia Ximena Ponce Quiroga, y los autores materiales Jimmy Inturias Condori, David Molina Ramírez, Miguel Ramos Carvajal y Ciro Walter Orellana Ledezma ahora accionados y otros;
3. 3)Tomaron de forma violenta la posesión de la vivienda de su familia que nada tendría que ver con los folios reales presentados; por cuanto, se tendría un título ejecutorial de 1968 a nombre de Cayetano Torrico Díaz que acredita la titularidad del derecho propietario, del que deriva el derecho de propiedad de la accionante Ana María Bazoalto Vda. de Torrico, por sucesión hereditaria, que a la fecha tiene noventa y cuatro años de edad, contando con folio real registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 3.10.1.01.0047747, en cuyo asiento 0 figura como titular Cayetano Torrico Díaz, de una parcela de 16 457,17 m2 y en el asiento A.1, por declaratoria de herederos figuran como titular a la cabeza de Ana María Bazoalto Vda. de Torrico y sus hijos, lo cual acredita el derecho de propiedad, que estaría siendo vulnerado con las medidas de hecho descritas;
4. 4)También se vulneró el derecho a la seguridad alimentaria, por cuanto viven de la producción agrícola que fue destruido por los hoy accionados, además de conculcarse los derechos del adulto mayor, quienes tienen el derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana, aparte de que está prohibido toda forma de maltrato abandono, violencia o discriminación, los cuales no fueron considerados por los ahora accionados, quienes sembraron terror, miedo e intimidación contra sus personas, además de atentar contra su integridad física, psicológica ya que fueron torturados, golpeados y humillados, además de afectar el derecho a la privacidad y dignidad; y,
5. 5)Entre las pruebas documentales, adjuntaron el Titulo Ejecutorial 118612 de 26 de julio de 1961 otorgado en base a la Resolución Suprema (RS) 78431 de 7 de octubre de 1958 a nombre de Alejandro Arauco, al que sucedió Laura Prada Vda. de Arauco y Delfina Arauco de Ponce a título de declaratoria de herederos de 20 de noviembre de 1945; documento de primera venta realizada por Laura Prada Vda. de Arauco e hija Delfina Arauco de Ponce, a favor de Valentín García Morocho, registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la partida 58 del Libro Primero de propiedad "Chapare" de 9 de marzo de 1964 en dos fracciones, la primera de 6 has 2 221 m2 y la segunda de 8 has 7 788 m2, que se respaldaría con memorial de 26 de marzo de 2012, interpuesta por Marcelina Cabellos Montaño, solicitando la nulidad de obrados ante el INRA contra los registros ilegales de los herederos René Álvaro Ponce Arauco ahora accionado y otros, Testimonio de Acta de Posesión de Benito Cejas Alvarado y Marcelina Cabellos Montaño de 22 de noviembre de 2004. Minuta de transferencia de una fracción de terreno de 10 de marzo de 1967, minuta de transferencia de una fracción de terreno de 11 de mayo de 1976, documento privado de transferencia de una fracción de terreno de 12 de octubre 1977 y otros documentos.

Ciro Walter Orellana Ledezma, mediante informe presentado el 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 298 a 299, manifestó que:

1. i)Desde hace varios años atrás se dedica a la venta de agregados, conforme también lo señalaron los accionantes; por lo que, su persona no puede ser cómplice ni autor de los hechos denunciados;
2. ii)Los accionantes estarían vulnerando su derecho al trabajo, siendo acusado falsamente por personas que no conoce; puesto que, fue contratado para proveer material de construcción como a cualquier otro cliente, no pudiendo considerarse al trabajo como un delito;
3. iii)Con relación a la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física, jamás su persona agredió físicamente a los accionantes, menos intercambió riñas o discusiones con ellos, así como tampoco vulneró otros derechos alegados por los nombrados;
4. iv)Los accionantes afirmaron que serían reincidentes en delitos de avasallamiento de tierras, al respecto aclaró que jamás estuvo involucrado en ningún caso de avasallamiento de tierras; tampoco se encuentra en posesión del lote de terreno que reclaman los accionantes, menos realizó construcciones en ese lote de terreno; y,
5. v)Los accionantes no agotaron las vías ordinarias de reclamación de sus derechos, ya que la acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad. David Molina Ramírez, Jimmy Inturias Condori y Miguel Ramos Carvajal, mediante informe presentado el 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 336 a 346 vta., así como en audiencia manifestaron que:
6. a)No existe la carga argumentativa para justificar la excepción al principio de subsidiariedad; por cuanto los accionantes no demostraron de manera fehaciente que el presunto avasallamiento provocó el peligro inminente sobre su vida o salud, es decir, no explicaron cuál sería la inminencia de un daño irremediable e irreparable en caso de no otorgarse la tutela solicitada;
7. b)Existe controversia sobre el derecho propietario alegado por los accionantes; puesto que, hay documentos de propiedad en favor de sus personas como: el Testimonio de sentencia de juicio agrario seguido por Bernabé Linares e hijos y Justina Ramírez contra Laura Prada Vda. de Arauco y Delfina Arauco de Ponce sobre afectación del fundo denominado La Viña, acreditando que fue declarado como propiedad mediana la hacienda denominada La Viña a favor de Laura Prada Vda. de Arauco y Delfina Arauco de Ponce; información rápida de DD.RR. que señala que el bien inmueble inscrito en Oficinas de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 3.10.1.01.0000914 con una superficie de 225 788 m2, superficie restante de 227 788,00 consigna a Guido Alejandro, María Eugenia Silvia, Clementina Anabela, Luis Alberto y José Gabriel Rene, todos Ponce Arauco; la Ordenanza Municipal 026/2007 de 12 de junio que declaró de necesidad y utilidad pública una superficie de 2 000.00 m2 ubicado en la Organización Territorial de Base (OTB) La Viña con destino a la construcción de un hospital o posta sanitaria, efectivizado con minuta de expropiación 002/2009, que en la cláusula primera refiere a las partes "'EXPROPIADOS' HOY LOS ACCIONADOS..." (sic) y otros documentos de propiedad;
8. c)Los accionantes tienen un derecho de propiedad cuestionado no consolidado; por cuanto, su folio real con matrícula computarizada 3.10.1.01.0047747, tiene una superficie de 16 454,17 m2 con ubicación en el ex fundo La Viña; empero, no consigna sus límites y colindancias, tampoco realizaron tramite de regularización de datos técnicos del derecho de propiedad;
9. d)La supuesta participación en los actos de avasallamiento serian absolutamente alejadas de la realidad; puesto que, ese día David Molina Ramírez no se encontraba en ese lugar sino en la ciudad de Sacaba y en las fotografías presentadas no aparece en ninguna de ellas, tampoco los testigos ni el informe policial habla de su presencia en el lugar; tampoco Jimmy Inturias Condori avasalló la propiedad privada de los accionantes menos los agredió, no existiendo una certificación o algún proceso penal que evidencie aquello, y del certificado médico forense de Nelson Torrico Valencia, se tiene que fue agredido por varias personas desconocidas en vía pública; con relación a Miguel Ramos Carvajal no tuvo participación en los hechos relatados, si bien aparece en algunas fotografías corresponden a otro hecho ya tutelado en otra acción tutelar, siendo esta nueva acción de defensa un doble juzgamiento prohibido por la jurisdicción constitucional;
10. e)No despojaron de ninguna propiedad a los accionantes, porque la propiedad privada que ellos tienen no se encuentra afectada; ya que, dicha afectación estarían sosteniendo en base a un plano georreferenciado adulterado, tampoco existió afectación de la producción agrícola ya que solamente en ese predio existía maleza; y,
11. f)No existe la vulneración de los derechos alegados por los accionantes, siendo falsas todas las acusaciones.

María Eugenia Silvia Ponce de Estrada, mediante informe presentado el 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 457 a 464, manifestó que:

1. 1)Existe hechos controvertidos que requieren ser dilucidados en la justicia ordinaria; por cuanto, observó una sobreposición de derecho propietario de los hoy accionados sobre el mismo predio de los accionantes, ambos registrados en DD.RR.; por lo que, el derecho propietario de los accionantes estaría cuestionado, lo cual determina su improcedencia;
2. 2)Los accionantes para acreditar su derecho de propiedad adjuntaron el Título Ejecutorial a nombre de Cayetano Torrico Díaz que fue beneficiado con una dotación de una parcela de terreno con una extensión superficial de 16 460 m2, así como acompañó un auto de declaratoria de herederos a la sucesión del nombrado, registrado en la Oficina de DD.RR. de Sacaba en la partida 2254 del Libro Primero de 12 de noviembre de 1991, siendo su actual matrícula computarizada 3.10.1.01.0047747; empero, lo que llamaría la atención es que revisado el folio real en los límites de dicho bien inmueble no se consignan "NSC"; sin embargo, de la revisión del título ejecutorial de base se establece que el predio colinda al sud con la Sra. Laura Prada Vda. de Arauco, de quien nace el derecho de propiedad de los ahora accionados;
3. 3)También con su hermano serian copropietarios de una fracción de un lote de terreno de 225, 788 m2, registrado bajo la matricula computarizada 3.10.1.01.0000914, que de acuerdo a los planos acompañados por los accionantes, fueron alterados en sus linderos y colindancias, aprovechando que el folio real de los accionantes no consigna los límites del predio y que a la fecha ambos bienes inmuebles se sobreponen, existiendo "al presente" dos títulos vigentes sobre una parte del bien inmueble que se denuncia como avasallado, situación que debe ser dilucidado en la justicia ordinaria;
4. 4)Los accionantes alteraron linderos e ingresaron a su propiedad, es por ello que plantearon acción de reivindicación contra los nombrados, la cual está radicando en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Sacaba del departamento de Cochabamba, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 30316918, en la que se definirá a quien corresponde la parte que se denuncia como avasallado; y,
5. 5)Existe un informe de levantamiento topográfico, elaborado por el perito Topógrafo Rudy Marca Nina de 29 de marzo de 2022, quien identificó al predio de Cayetano Torrico Díaz en otro lugar distinto al que se denuncia como avasallado, además de advertir que se alteraron los linderos que dividen dichas propiedades inicialmente colindantes y ahora sobrepuestas.