0267/2022-S1

Solicita se le conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga:

1. a)El cambio de datos en su partida de nacimiento de los padres Esteban Arratia Tinta con CI 1293778 por Héctor Calixto Mejía Quiroz con CI 2321267 y de Lily Ticonipa Quispe por María Luisa Esther Bustamante Vera;
2. b)Tener todas las relaciones filiales, patrimoniales y sociales con Héctor Calixto Mejía Quiroz y María Luisa Esther Bustamante Vera;
3. c)Se mantenga los demás datos en su partida de nacimiento;
4. d)La complementación de su segundo nombre Alessandra en la partida de nacimiento; y,
5. e)En audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional impetró la nulidad de la Resolución 48/2020 de 24 de septiembre.

La accionante ratificó in extenso los términos de su acción de amparo constitucional y ampliándola, en audiencia manifestó que:

1. 1)La solicitud no quiso ser aceptada con el fundamento de que no existe un procedimiento para la inscripción de adopción de persona mayor en sede notarial, que solo existe procedimiento para adopción judicial de menores de edad, vulnerando el art. 26 y 117 de la CPE; dentro el debido proceso, también se encuentra el debido proceso administrativo, por lo que todas las instituciones públicas deberían regular y estar actualizadas sobre la realidad social de la adopción de persona mayor; y,
2. 2)La Ley 483 en su art. 59, establece la adopción de persona mayor y al no considerar esta figura, el SERECI violentó de manera flagrante el derecho a la familia y a la identidad establecidos en la Constitución Política del Estado a través de la Resolución 48/2020 que al estar con fecha de 24 de septiembre de 2019; queda nulo de pleno derecho, eso está establecido en el "código administrativo en el art. 203" que establece que toda Resolución debe ser bien fundamentada, por ello solicitó se revoque, se anule la resolución que resolvió el recurso jerárquico y autoricen al SERECI al inmediato registro de la partida.

Juan Diego Tejerina Morato, Director Nacional a.i del SERECI, por informe escrito de 2 de febrero de 2021, cursante a fs. 176 a 178, manifestó que:

1. i)Como Director Nacional del SERECI a.i., no tiene competencia para dirimir ese tipo de casos, siendo facultado el SERECI pero a nivel departamental, por lo que debió notificarse a Jesús Alberto Gómez Nogales, Director Departamental de La Paz de dicha instancia;
2. ii)Del sistema informático RC-BIO (Registro Civil Biométrico), se evidencia datos de Wilma Arratia Ticonipa, registrado mediante Oficialía 2189, Libro 00001/94, Partida 13, Folio 13, con fecha de inscripción de 7 de julio de 1994, nacimiento 6 de septiembre de 1993, padres Esteban Arratia Tinta y Lily Ticonipa Quispe; asimismo, el 23 de mayo de 2011 se realizó un saneamiento de ratificatoria del apellido paterno de la inscrita Ticonipa y supresión del segundo nombre de la madre;
3. iii)La impetrante de tutela ingresó su solicitud tres veces; iii.1) El 18 de octubre de 2019, tramite: 57jynxxB (tramite cancelado); iii.2) De 22 de igual mes y año, tramite: BMm3gilB (con rechazo de resolución de trámite y renuncia a los recursos revocatorio y jerárquico); y, iii.3) De 7 de septiembre de 2020 con numero de tramite: 406drGPZ, en la que se interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico;
4. iv)La partida, fue inscrita con todas las formalidades de ley, en la que se evidencia el consentimiento del Progenitor Esteban Arratia Tinta, no obstante a ello se realizó una "RATIFICATORIA DE LA PARTIDA EN CUANTO AL APELLIDO DE LA INSCRITA "(sic), el termino ratificar implica, convalidar los datos corregidos en partidas de registro Civil. La solicitud en el fondo de la ahora accionante, pretende efectuar el asentamiento de cambio de apellidos en su partida de nacimiento, cambio de progenitores y adición de un segundo nombre en base a una Escritura Pública sobre adopción de mayores de edad, cuando el Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- en su art. 26 señala que "...a quien tiene una filiación registrada no se puede realizar otra";
5. v)El SERECI no ha lesionado ningún derecho; toda vez que, la accionante cuenta con una identidad y filiación establecida, además el cambio de apellidos implicaría la contención en el registro de acuerdo a la Ley 018 -Ley de Órgano Electoral-de la revisión del sistema informático, se evidencia la descendencia de Esteban Arratia Tinta, en la cual está consignada como hija; y,
6. vi)En cuanto al cambio de la fecha de nacimiento, se aclara que al momento de solicitar el saneamiento de algún trámite, cualquiera sea su procedencia, el sistema detecta por defecto a la persona seleccionada, encriptando datos del Padrón Electoral y nacimiento a efectos de poder individualizar y no causar daño a terceros; en cuanto a los recursos administrativos de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, el SERECI no se adecúa a los plazos correspondientes, por lo que solicita declarar la "improcedencia" de la acción de amparo constitucional.

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 16/2021 de 3 de febrero, cursante de fs. 185 a 191 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa 48/2020 de la Jefatura de Sección de Registro Civil de 24 de septiembre de 2019 a efecto de que la autoridad, en el plazo previsto por Ley, dicte una resolución debidamente fundamentada y motivada; y denegó en relación a la solicitud de inscripción directa en razón a los argumentos expuestos, sin costas y costos, en base a los siguientes fundamentos:

1. a)Conforme al art. 128 de la CPE y art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional es de naturaleza sumarísima como un mecanismo constitucional, estableciendo un procedimiento de protección a derechos fundamentales, para el restablecimiento inmediato de derechos y garantías que se encuentran restringidos, suprimidos o amenazados, norma que deviene del control del bloque de constitucionalidad inserta en el art. 410 de la Ley fundamental, el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos ha instado a los países, a contar con los recursos accesibles, inmediatos para la protección de derechos fundamentales;
2. b)El art. 129.I de la CPE, refiere al entendimiento de la subsidiariedad, en cual no debe existir otro recurso de carácter intraprocesal, contra el Auto de Vista 736/2019 de 31 de diciembre emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no existe ningún otro recurso de carácter extraordinario para el restablecimiento del derecho y garantía, por lo que se tiene cumplido el principio de la subsidiariedad;
3. c)En relación al principio de inmediatez, el art.129.II de la CPE, así como el art. 55.I de CPCo, establecen que la acción de amparo constitucional debe interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa, en ese sentido, se debe señalar que a partir de septiembre de 2020 a la fecha no han transcurrido los seis meses por lo que se debe ingresar a verificar el fondo del caso;
4. d)la accionante invoca como derechos vulnerados a la familia, a la identidad personal y al debido proceso;
5. e)Como prueba se adjuntó varios documentos relacionados a la identidad como libretas de calificaciones, cedulas de identidad de los padres adoptantes, certificado de nacimiento que acreditarían que se encuentra en relación familiar con quienes pretenden su adopción y copias de procesos ante la jurisdicción civil, y familiar; así también al SERECI como son la Resolución Administrativa de recurso revocatorio y la Resolución administrativa de recurso jerárquico 48/2020, que en su parte dispositiva resolvió confirmar la RA 1122/2020 en base a la Ley 603 y la Ley 025, asimismo la Resolución 80/2012, Instructivo SERECI-DN 05/2016 de registro de procedimiento de personas mayores de edad adoptadas en sede notarial que de acuerdo al art. 7 de esa norma la Resolución Jerárquica, no admite recurso administrativo ulterior debiendo acudir a la vía jurisdiccional; y tercero, se instruyó proceder a la unidad de archivo proceder a la guarda de la Resolución, esa es la que es identificada como el acto lesivo siendo imprescindible identificar que el objeto procesal en este caso es la Resolución Administrativa 48/2020 que resolvió el recurso Jerárquico, entendiéndose que tiene carácter de definitivo, entendiéndose que tiene características de definitivo cuando se constituye en aquel acto declarativo o constitutivo de derecho, porque puede constatar o acreditar una situación jurídica, Resolución que de acuerdo al art. 56.II de la Ley del procedimiento administrativo tiene un carácter equivalente, que pone fin a la actuación administrativa;
6. f)En ese sentido, identificados los elementos del acto administrativo, debe señalarse que ese acto no está alejado de lo que es un debido proceso que debe ser tramitado de acuerdo al procedimiento y plazos establecidos en la Ley del procedimiento administrativo y su reglamento, que no han sido objetados por la parte accionante que se refiere a que esa Resolución administrativa vulnera derechos fundamentales al no permitirle ejercer con plenitud sus derechos;
7. g)La parte accionante, en ningún momento identificó como esta Resolución le prohíbe o le niega a acceder a su derecho a la familia, que resuelta en la vía administrativa le impide ejercer su derecho a la identidad personal, máxime, si cuenta con un nombre, con familia, aspecto que ha sido aceptado tácitamente por la accionante;
8. h)En relación al debido proceso, se debe señalar que en la vía jurisdiccional como en la administrativa es imprescindible la exigencia de que toda Resolución debe ser debidamente fundamentada exponiendo los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva, entendiéndose que la autoridad administrativa del SERECI omite la fundamentación legal y la motivación, suprimiendo una parte estructural de la misma, lo que vulnera el debido proceso, no permitiéndole a las partes conocer las razones o la ratio decidendi identificado la de acuerdo a la SC 1365/2005 de 31 de octubre;
9. i)En relación al hecho lesivo, se debe señalar que la Resolución Jerárquica 48/2020 se encontraría aparentemente justificando la decisión final que sería confirmar la Resolución Administrativa de Revocatoria 1122/2020 que resuelve rechazar la solicitud de la accionante; se debe indicar que de un desglosamiento de esa Resolución, se tiene una parte considerativa que evoca cual la prueba, los antecedentes, tiene otras consideraciones donde evoca la Ley 025, el art. 20 de la Ley 603; los arts. 26 y 27, 70.I de la Ley 018 y además evoca la ley del procedimiento administrativo sobre la verdad material, también evoca la Ley 483 que en su art. 59 establece que son las escrituras públicas la adopción de una persona mayor de edad, también refiere que el reglamento de rectificación, cambio, complementación y otros por la vía administrativa detallando su artículo tercero; también evoca el reglamento para inscripción de nacimientos aprobado por Resolución 616/2004, también evoca el instructivo del SERECI 05 y el procedimiento de cuales documentos deben adjuntar; en su último considerando señala " que en la base de datos del SERECI no se halla ninguna partida bajo los datos de Wilma Alessandra Mejía Bustamante encontrándose solamente el de Wilma Arratia Ticonipa, demostrándose una posesión de estado con esos datos..."; asimismo, que se genera una contención con el registro de filiación paterna y materna en este caso la 1/94 a nombre de Wilma Arratia Ticonipa; y para concluir que la solicitud de adopción no será procedente, debido a que el cambio de apellido paterno y materno y complementación del segundo nombre implicaría afectar la filiación y consecuentemente de terceros interesados creando un conflicto ya que en ella se encuentra una filiación establecida, por lo que lo rechaza, concluyendo que acuda a la vía jurisdiccional;
10. j)En ese sentido, señalan que esa Resolución en su contenido expresa un detalle de toda la normativa en la que se habrían amparado, realiza las citas legales pertinentes; se debe señalar que ante la solicitud de cambio de nombre y la identificación que en apariencia diera esa resolución, sobre una posible contención por existir una filiación preestablecida y existir un registro;
11. k)En esta Resolución no refleja a cabalidad todo el análisis y alcance que tendría que haber realizado para identificar esa contención; la contención, la identifican no solamente a través de hechos conocidos, como es la oposición de otra parte, no se conoce si este caso, existe una oposición, una impugnación con terceros, no se conoce el fundamento, no da las razones no hace conocer por qué situación deduce el SERECI, que existiría una contención con derechos de terceros;
12. l)A título o criterio del Tribunal de garantías, esta Resolución no se encuentra debidamente motivada, y debidamente fundamentada, no dice las razones por la cual no se establece que esa solicitud no es procedente y si es que se ha identificado una contención, porqué esta Resolución en todo caso debía irse a la vía jurisdiccional para que la autoridad establezca si existe una contención y pueda mantenerse la negativa o dar cumplimiento a la escritura pública emergente de la jurisdicción notarial; porqué esa supuesta contención le impide dar cumplimiento, no da un fundamento, no hace entender a la parte porqué esa supuesta contención le impide dar cumplimiento, tampoco da un fundamento de porqué debería remitirse a la vía jurisdiccional y dilucidarse si existen hechos controvertidos;
13. m)Si bien se entiende que en el fondo esas son las razones por las que se ha rechazado y declaró la improcedencia de esa solicitud a través del rechazo de la Resolución Administrativa, se entiende también que la fundamentación y la motivación de esa Resolución no es suficiente y no satisface, ni da certeza de que es lo que debe hacer la accionante a efectos de restablecer sus derechos si es que estos efectivamente corresponden, sin ingresar a mayores análisis sobre los efectos de la vía notarial y los alcances de las facultades que tiene también la potestad administrativa para dar cumplimiento o no a los mismos; y,
14. n)En el caso, el tribunal de garantías entiende que esa resolución carece de los elementos explicativos, argumentativos y principalmente que de razones concretas, lógicas y coherentes de porqué ese instrumento público no puede ser ejecutado en la vía administrativa; la identificación realizada sobre la contención debe ser ampliamente razonada y explicada a efecto de que la parte entienda de donde ha emergido una contención que sea aceptable y sea tutelable en dicha jurisdicción, por lo que se entiende que la falta de motivación de forma unánime decide otorgar la tutela impetrada.

"Primero. La RA 406drGPZ/2020establece que rechaza su solicitud de acuerdo al Reglamento de rectificación, cambio, complementación, rectificación, reposición, cancelación y traspaso de partidas de Registro civil por la vía administrativa citando los arts. 4 y 11;

1. a)... desde el 2005 fue acogida en el hogar de Héctor Calixto Mejía Quiroz y María Luisa Esther Bustamante de Mejía, quienes asumieron todas las obligaciones de padres respecto a gastos médicos, educativos, vestimenta, recreación, alimentación y de vivienda hasta la actualidad, brindándole amor incondicional de progenitores, tratándole como hija, aspecto que es de conocimiento por personas terceras y amigos, además desde el citado año, usa convencionalmente su identidad y todos la conocen como Wilma Alessandra Mejía Bustamante. El 2012 salió bachiller de la Unidad Educativa Venezuela "C", al contar con la mayoría de edad, expresó a sus padres de crianza, el deseo de cambiarse los apellidos, salió profesional gracias a todo el apoyo moral y económico de los mismos. Con esos antecedentes fue a la Notaria de Fe Publica 52 para solicitar la adopción de persona mayor de edad habiendo cumplido todos los requisitos, por lo que le correspondía se otorgue el registro ante el SERECI; Segundo. Que dentro la Resolución SERECI-LA PAZ-JJROF-TACL 1122/2020 no contempla una serie de análisis temática y técnico legal de la CPE en sus arts. 62, 63 y 64.II;
2. b)Tampoco se contempló el análisis de la Ley 483 y su art. 59 respecto a la adopción de persona mayores de edad; que la escritura pública es un instrumento notarial para hacer constar actos jurídicos en la que se hizo el cambio voluntario de filiación de los intervinientes;
3. c)Instructivo SERECI-DN 05/2016 de 4 de febrero de la Dirección del SERECI concerniente al procedimiento para el registro de persona mayor de edad en sede notarial; Tercero. La RA 406drGPZ/2020 establece lo establecido por la Ley 603 en su artículo 20 y 22; en consideración a ello, la acción fue presentada en el Juzgado Público de Familia Segundo de La Paz; Cuarto. Que la RS 406drGPZ/2020 estableció en su considerando. Que del análisis de la solicitud y el marco legal descrito se evidenció que los cambios de datos de Wilma Arratia Ticompa, por Wilma Alessandra Mejia Bustamante y los datos del padre y la madre por María Luisa Esther Bustamante de Mejía y de Héctor Calixto Mejía Quiroz, no es procedente debido a que en la base de datos y la prueba presentada como es la cedula de Wilma Arratia Ticompa, no es procedente, porque el cambio afectaría la filiación paterna, materna y la identidad asumida en el transcurso de su vida civil, generándose los alcances d y efectos de la Ley 025 y 603, por lo que la solicitud no se adecúa a lo que rige el Reglamento de rectificación, cambio, complementación, rectificación, reposición y cancelación en el marco de la Resolucion 080/2012. Sin embargo, de acuerdo a esa Resolución se hace cita que la filiación es otorgada por el propio padre, además que revisada la base de datos se encuentra el padrón biométrico y la prueba presentada como es la cedula de Wilma Arratia Ticompa, no es procedente, porque el cambio afectaría la filiación paterna, materna y la identidad asumida en el transcurso de su vida civil siendo que existe la Escritura Pública de adopción de adulto mayor...(...).