Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0269/2019-CA Sucre, 24 de diciembre de 2019
Expediente: 31333-2019-63-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Tarija
En consulta la Resolución de 7 de octubre de 2019, cursante de fs. 147 a 148 vta., pronunciada por la Jueza Disciplinaria Segunda del Consejo de la Magistratura del Distrito de Tarija, por la que promueve la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por Teófilo Edmundo Rueda Cardozo, demandando la inconstitucionalidad del art. 188.I.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en la frase: "...para obtener un trato favorable..." por presuntamente vulnerar los arts. 14, 109.II, 115, 116.II, 117, 213, 225 y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 5 de julio de 2019, cursante de fs. 155 a 164, dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra, el Tribunal Disciplinario Segundo del Distrito Judicial de Tarija, emitió la Resolución de primera instancia RD 2° 03/2019 de 29 de marzo, que en aplicación de la inconstitucional disposición hoy cuestionada y en el marco de una arbitraria interpretación del término "...para obtener un trato favorable...", determinó su destitución del cargo de juez que venía ejerciendo; por lo que ante la lesión de los principios constitucionales de legalidad, taxatividad y proporcionalidad, interpuso un recurso de apelación que debe ser resuelto por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura en el marco de la citada norma, al constituir el factor normativo esencial a considerarse en la decisión a asumir, por lo que antes de pronunciar una decisión final dentro del referido proceso disciplinario, debe realizarse el control normativo de constitucionalidad del art. 188.I.3 de la LOJ.
Argumenta que la frase de la disposición que hoy cuestiona vulnera el principio de taxatividad, considerado como una garantía constitucional del individuo, que limita la actuación punitiva del Estado y prevé que los delitos e infracciones deben estar descritos en una ley previa, en la que el tipo penal o administrativo debe estar identificado en cada uno de sus elementos de manera clara y no general, sin dejar al arbitrio de las autoridades disciplinarias su interpretación, en cuanto a las posibles decisiones que puedan emitirse por un supuesto uso indebido de la condición de funcionario judicial; empero, dicha norma no aclara si el trato favorable implicaría su desviación o en su caso una aplicación correcta pero con resultados favorables para la autoridad que presuntamente hace uso indebido de funciones; por lo que, considerando el principio de proporcionalidad, se presentan dos supuestos fácticos diferentes, el primero, en el que sería razonable brindar la máxima sanción de destitución a una autoridad judicial que haga uso indebido de su condición de servidor público judicial con el fin de obtener un trato favorable en el marco de una desviación normativa; y el segundo, referido a una decisión que aunque beneficie a una autoridad judicial, no implique una desviación normativa; por lo que, no puede aplicársele la misma sanción gravosa de destitución; por consiguiente, la falta de descripción de la indicada frase, genera que dos supuestos fácticos diferentes tengan el mismo trato y por ende la sanción más gravosa en el marco de la discrecionalidad, vulnerando el principio de legalidad que a su vez es interdependientes o está directamente relacionado con los principios de proporcionalidad y taxatividad o certeza, que a partir del principio de igualdad consagran los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, señalando al efecto como jurisprudencia las y .
Añade que de acuerdo con el criterio doctrinal y la jurisprudencia contenida en la Sentencia C-796-04 de la Corte Constitucional de Colombia, el concepto de precisión implica que son varios los criterios reguladores que debe delimitar el legislador a momento de definir una conducta punible como ser:
- a)El grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa);
- b)La gravedad o no de la conducta (leve, grave o gravísima); y,
- c)La graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima); no obstante, la disposición cuestionada no diferencia el grado de antijuridicidad de la conducta referente al tráfico de influencias de autoridades judiciales y solo utiliza la frase, sin precisar si este trato favorable es consecuencia de una desviación normativa, supuesto en el que sí enmarcaría la máxima sanción de destitución de una autoridad judicial, de un supuesto tráfico de influencias que concluya con una decisión favorable pero que no resulte de una desviación procesal, el que de acuerdo con el principio de proporcionalidad no puede tener una máxima sanción como es la destitución, sino debe ser otra de menor intensidad; advirtiendo que el cuestionado art. 188.I.3 de la LOJ, elimina la debida correspondencia que debe existir entre la sanción de la falta, sea grave o leve, y el grado de culpabilidad del agente.
Para finalizar solicita se promueva la presente acción de inconstitucionalidad concreta para que el Tribunal Constitucional Plurinacional declare su inconstitucionalidad o en su caso, en aplicación del principio de conservación de la norma, se efectúe una interpretación de acuerdo con los principios constitucionales de taxatividad y proporcionalidad; y de ser pertinente se emita una sentencia exhortativa con el objetivo de que la Asamblea Legislativa Plurinacional legisle el uso de la condición de funcionario público en situaciones de menor gravedad que en resguardo del principio de proporcionalidad, impliquen sanciones de menor intensidad que la destitución.
I.2. Respuesta a la acción
Por decreto de 30 de septiembre de 2019, se corrió en traslado la acción normativa al denunciante (fs. 118 vta.), sin cursar en obrados respuesta a la misma.
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