Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0270/2019-S1 Sucre, 22 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 26298-2018-53-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 6 de noviembre de 2018, cursante de fs. 183 a 187 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime García Torrez contra Oscar Ivens Vera Espinoza, Fiscal Departamental y Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda, ambos del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 20 de septiembre, 1 y 5 de octubre, todos de 2018, cursantes de fs. 144 a 148 vta., 151 y vta.; y, 154 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal que sigue en contra de Víctor Javier Camacho Salazar por la presunta comisión del delito de estafa con víctimas múltiples, se emitió la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 485/2017 de 5 de septiembre, que ratificó la Resolución de sobreseimiento dictada a favor del imputado, por tal razón interpuso una primera acción de amparo constitucional, en la cual el Juez de garantías le concedió en parte la tutela, anulando la nombrada Resolución Jerárquica, ordenando que la autoridad Fiscal -ahora demandada-, emita una nueva resolución debidamente fundamentada. Remitiéndose a los antecedentes de aquella primera acción tutelar, señala que en el transcurso de la investigación se obtuvieron elementos de convicción que motivaron la presentación de una imputación formal en contra del denunciado; empero, por razones que no logra comprender, los Fiscales de Materia asignados al caso, emitieron Resolución de sobreseimiento a favor del imputado, la cual fue ratificada por Resolución Jerárquica que fue impugnada, que se funda en el argumento de que su denuncia carecería de mérito, debido a que el gravamen que pesa sobre su inmueble a favor del denunciado, según la autoridad Fiscal ahora demandada resulta ser emergente de una relación contractual y no delictiva; además que, no habría precisado los engaños o artificios y el error generado, al contrario afirmó dicha autoridad Fiscal que entre ambas partes habría "reinado" una relación de negocios y amistad; por lo que, el desplazamiento patrimonial emerge de dicha relación, justificando de esa manera la estafa de la cual fue víctima. Añade que, si bien es cierto que entre su persona y el denunciado existió una relación de amistad desde el 2011, detrás de esa supuesta buena amistad, el encausado incurrió en abuso de confianza, falsedades, engaños y artificios para hacer cuadrar los números, pues esa es su habilidad y habitualidad en su experiencia como intermediario que "...SACA VENTAJAS CON DINERO AJENO" (sic); y, las acciones realizadas demuestran que entre ellos nunca existió una relación societaria. El hecho concreto motivo de la litis, radica en que el 3 de agosto de 2016, mediante Testimonio 275/16 de préstamo de dinero con garantía hipotecaria de un bien inmueble suscrito entre su persona y el imputado por la suma de $us65 122.- (sesenta y cinco mil ciento veintidós dólares estadounidenses), siendo este el vínculo causal entre el engaño como generador del error y el consiguiente acto de disposición patrimonial; el sindicado, pretendió hacer ver que dicha deuda sería emergente de una cadena de préstamos y traspasos previos; sin embargo, el Ministerio Público olvida que el 20 de enero de 2017, allanaron sus oficinas, donde sugestivamente aparecen documentos firmados por el encausado, pero en ninguno de los cuarenta y dos elementos probatorios figura la "LAPTOP" que fue secuestrada y sobre la cual se ordenó realizar pericias; empero, "...desde Enero hasta Agosto..." (sic), no se presentaron los resultados de dicho estudio pericial, cuyas cuentas en su criterio demuestran la inexistencia de las señaladas deudas, motivo por el cual, considera que no se valoraron todas las pruebas, lo que va en perjuicio de la verdad y justicia, viciando el debido proceso, siendo que la Resolución Jerárquica cuestionada no expresa cuál el valor o la significancia jurídica que le asigna a los cuarenta y dos elementos probatorios obtenidos, como tampoco se refiere a los demás elementos colectados en el allanamiento; por lo que, la aludida Resolución incurrió en una fundamentación omisiva y por ende arbitraria, porque no analizó y tampoco indicó que valor le asignaba a cada prueba, ni su relación lógica con los hechos denunciados, emitiendo una conclusión forzada.
Una vez que se le concedió la primera acción de amparo constitucional y como el proceso penal estaba nuevamente abierto y en curso legal, conociendo además la falta de interés del Ministerio Público de proseguir la causa ya que dictó Resolución de sobreseimiento, misma que fue anulada; es que, inmediatamente y amparado en el art. 26.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a fin de salvar y resguardar su derecho como víctima, poder acceder a la justicia y lograr el procesamiento de los responsables, mediante memorial de 3 de julio de 2018, solicitó expresamente al Fiscal Departamental de Cochabamba, emita Resolución de Conversión de acciones a su favor; empero, dicha autoridad Fiscal, demostrando un interés con la contraparte y en muestra total de parcialidad, emitió el requerimiento señalando: "...se desprende que el cuaderno de referencia únicamente se encuentra en despacho del suscrito únicamente a objeto de resolver el Amparo planteado" (sic), pronunciando la autoridad Fiscal ahora demandado, la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 274/2018 de 11 de julio a favor de su contraparte, olvidando que antes que emita dicha Resolución, en su calidad de víctima pidió se aplique y conceda el instituto de la conversión de acciones, solicitud que no fue concedida, menos aceptada, lesionando por ende su derecho de acceder a una justicia pronta y oportuna, y así lograr procesar al responsable; motivo por el cual, acudió inmediatamente ante la Jueza de control jurisdiccional a cargo del caso, a fin que se anule o deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/OVE IS 274/2018; sin embargo, dilató la resolución de su solicitud y luego mediante decreto de 11 de septiembre de 2018, erróneamente estableció que al existir una Resolución de sobreseimiento no puede ejercer su labor de contralora, cuando puede y tiene competencia para controlar los actos y resoluciones emitidas por el Fiscal Departamental.
Refiere que, el instituto de la conversión de acciones, es un mecanismo procesal que frente a la desidia o negligencia del Ministerio Público permite a la víctima salvaguardar su derecho de acceso a la justicia y lograr el procesamiento penal del presunto responsable, extremo que fue vulnerado por el Fiscal Departamental como por la Jueza ahora demandados.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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