0270/2021-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0270/2021-S1 Sucre, 21 de julio de 2021

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 35195-2020-71-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 03/2020 de 10 de julio, cursante de fs. 100 a 106 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Olivia Victoria Villca Ayno, en representación del menor AA, contra Efraín Golden Fernández Ramos, Juan Carlos Torrico Iriarte, Juez y Secretario respectivamente del Juzgado Público Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba; y, Miriam Orellana Torrico Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de julio de 2020, cursante de fs. 16 a 18 vta., el accionante expreso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Fiscal ahora demandada mediante requerimiento de 20 de mayo de 2020, solicitó la detención preventiva del imputado -ahora accionante-, ante el Juzgado Público Civil y Comercial, Familia de la Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, a cuyo cargo se halla el -ahora Juez demandado-, aun cuando no procedía dicha medida cautelar, actuando así al margen de la ley, a pesar de ello en audiencia de 21 del mismo mes y año a horas 10:00, dispuso la detención preventiva del menor infractor en el Centro de Infractores "COMETA". Ante ello, mediante memorial de 25 de idéntico mes y año, se planteó recurso de apelación, conforme el art. 314 de la Ley 548 Código Niña Niño y Adolescente (CNNA) -de 17 de julio de 2014- con el debido fundamento.

De la revisión de la imputación formal, se evidenció que existió aprehensión ilegal, al efecto el hecho se produjo el 18 de mayo de 2020 a horas 15:00 aproximadamente, la aprehensión se realizó el 19 de igual mes y año a horas 15:30, lo cual indicó que no hubo flagrancia, ya que dicha aprehensión fue veinticuatro horas y treinta minutos después del presunto hecho. Asimismo, el imputado vivía en la misma casa, no se dio a la fuga, lo cual también hace desaparecer la flagrancia. En ese marco, ni la Fiscal ni el Juez que intervinieron en su caso, -ahora demandados-, actuaron en el marco de la ley.

El ilícito imputado se halla tipificado en el art. 312 del Código Penal (CP), cuya máxima pena es de quince años; el art. 268.II del CNNA prevé: "Para delitos cuyo máximo sea menor a quince (15) años en la Ley Penal, se aplicará medidas socioeducativas con restricción de Libertad y en libertad"; tomando en cuenta el referido artículo, no procede la detención preventiva; además que el parágrafo I señala que "La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito de la norma penal", en cuyo caso tampoco procede la detención preventiva, además el menor se encuentra protegido por el art. 116.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que prevé la presunción de inocencia.

No obstante toda dicha normativa, el Juez de la causa determinó la detención preventiva del menor infractor.

En cuanto al entendimiento de la pena máxima, de manera referencial, para considerar la improcedencia de la detención preventiva, se tomó en cuenta la SCP 0495/2016-S3 de 27 de abril. Lo cual no fue considerado por las autoridades demandadas, por lo que se planteó el recurso de apelación, el 25 de mayo de 2020.

Sin embargo, transcurrió, a la fecha, treinta y siete días -se entiende hasta el momento de presentar la acción tutelar-, sin que el Secretario del referido Juzgado, haya remitido el expediente ante el superior en grado. Dicha demora implica que la autoridad jurisdiccional demandada incumplió con su obligación de controlar la actividad de su personal de apoyo jurisdiccional.

La apelación debió ser remitida dentro del plazo de veinticuatro horas y en el supuesto en que la parte apelante no hubiera provisto lo recaudos, es posible remitir el ejemplar original, en ese marco el Secretario demandado incumplió con sus obligaciones, lo que da lugar a que el menor infractor continúe detenido al margen de la ley, debiendo aplicarse las reglas establecidas en la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante consideró lesionados sus derechos a la libertad y la justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 23 y 115 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene que en un plazo no mayor a veinticuatro horas se sustancie nueva audiencia y se resuelva la situación jurídica del menor infractor.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia (virtual), se realizó el 13 de agosto de 2020, según consta del acta cursante a fs. 25 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de los demandados

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente:

II.1. De acuerdo a fotocopia de carnet de identidad se tiene que el -ahora accionante- nació el 30 de octubre de 2002 y al momento de la presunta comisión del delito, 18 de mayo de 2020, tenía diecisiete años y siete meses de edad (fs. 52).

II.2.De acuerdo a escrito de 20 de mayo de 2020, la Fiscal de Materia -ahora demandada- imputó formalmente al impetrante de tutela menor de edad, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto en el art. 312 del CP, que habría tenido lugar el 18 de mayo de 2020, siendo la víctima una niña de diez años de edad; en ese marco, se solicitó la detención preventiva del imputado; por lo que, habiendo sido atendida dicha imputación por el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Cochabamba, señalándose audiencia al efecto para el 21 de mayo de "2019", siendo lo correcto 2020 (fs. 2 a 4 vta; y 5).

II.3. En audiencia de medidas cautelares de 21 de mayo de 2020, el Juez del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Rios del departamento de Cochabamba Efraín Golden Fernández Ramos, -ahora demandado-, dictó el Auto 04/2020, por el cual se dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela, bajo los siguientes términos: Dispuso el acogimiento del menor imputado aplicándose las medidas previstas en el art. 288 inc. g) del CNNA de detención preventiva en el Centro de Infractores "COMETA" de la ciudad de Cochabamba (fs. 6 a 11).

II.4. Mediante Memorial de 25 de mayo de 2020, Olivia Victoria Villca Ayno tía del imputado-ahora impetrante de tutela-, en su representación planteó incidente de aprehensión ilegal y recurso de apelación incidental contra el Auto 04/2020 de 21 de mayo, de acuerdo a memorial (fs. 72 a 73 vta).

II.5.Mediante decreto de 26 de mayo de 2020, se determinó el traslado de la apelación referida supra, al Ministerio Público y la víctima, el primero fue notificado con dicho decreto el 29 de mayo de 2020 y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Entre Ríos, como abogada de la víctima, fue notificada el 16 de junio de 2020 -según leyenda explicativa relativa a notificación mediante whatsapp (fs. 74 a 76).

II.6. Por memorial presentado el 25 de junio de 2020, por la tía del ahora accionante, ante el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Entre Ríos, solicitó la remisión de expediente ante el Tribunal de alzada (fs.77), el cual fue atendido por la autoridad jurisdiccional, mediante decreto de 26 de junio de ese año, señalando que al no existir ninguna respuesta al traslado con el recurso de apelación incidental del imputado, se disponía la remisión del cuaderno procesal de investigación ante la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, debiendo quedar fotocopias autenticadas en el despacho de origen y a ese efecto el apelante debía dejar los recaudos necesarios para las fotocopias y para la remisión del expediente original, debiendo tener presente las partes que al ser Mixto el Juzgado a quo, se debía atender diferentes materias (fs.78). De acuerdo a fotos de whatsapp, se notificó a la abogada del imputado el 7 de julio de 2020 con el decreto de 26 de junio de 2020, así como al Ministerio Público y a la Defensoría la misma fecha, de acuerdo a fotos de notificaciones por whatsapp, cursantes de (fs. 80 a 81).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño

Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"; en ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto1 analizó que:

...En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos...

Posteriormente este Tribunal, en la SCP 0125/2017 de 9 de marzo, reiterada entre otros por la 0SCP 0172/2018-S1 de 3 de agosto2, señaló que:

...Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna.

Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar", asimismo, para Gatica y Chaimovic "debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña", por otra Zermatten señala que "el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia".

En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño...'" (Las negrillas son nuestras).

Al respecto, también ese pertinente señalar lo establecido por el Código Niña Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- establece la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente3; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como:

"...toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas".

En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente señala:

A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica.

Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida.

Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: "Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado", de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia".

De acuerdo a dicho marco legal y jurisprudencial señalado en forma precedente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera, ya que ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos, y, finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar el Código Niño, Niña y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio.

Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrán en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad.

III.2.La subsidiariedad excepcional es exigible a los accionantes menores de edad, en los casos en los que se hallan activadas vías paralelas; no obstante pertenecer a un grupo vulnerable de la sociedad, pues se debe evitar la existencia de resoluciones contradictorias entre sí

La SCP 0377/2019-S1 de 12 de junio4 estableció la imposibilidad de ingresar a resolver el fondo de una acción de tutela cuando existen vías paralelas abiertas (la ordinaria y la constitucional), sobre un mismo aspecto, en cuyo caso la jurisdicción constitucional debe exigir que se cumpla con el principio de subsidiariedad, ya que de esa forma se está precautelando que no se emitan decisiones contradictorias entre sí, emergentes de la vía ordinaria y de la vía constitucional. Asimismo, en el análisis del caso de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, dicho entendimiento fue expresamente aplicado al caso de un accionante perteneciente a un grupo vulnerable, entendiéndose que aun cuando no le hubiera sido exigible dicho principio por su condición de vulnerabilidad, al estar abiertas dos vías paralelas, era necesaria dicha exigencia, en mérito a evitar la ya señalada contradicción entre resoluciones que traten un mismo tema5.

En ese mismo sentido también resolvió el AC 0372/2019-RCA de 4 de diciembre6, en el cual se explicó que a pesar de no ser exigible el cumplimiento del principio de subsidiariedad, sino la excepción a ella, al tratarse el accionante de una persona de la tercera edad, empero por advertirse la existencia de vías paralelas abiertas, correspondía evitar la posibilidad de que se emitan resoluciones emergentes tanto de la jurisdicción ordinaria cuanto de la constitucional, que se contradigan entre sí, situación procesal que resolvió la improcedencia de la acción de amparo resuelta por dicho AC 0372/2019-RCA; cabe aclarar que si bien dicho Auto Constitucional resolvió una acción de amparo, su razonamiento es aplicable a eta acción de libertad, aun cuando ambas difieren en cuanto a las condiciones de procedencia, empero tienen en común que en ambas se prescinde del principio de subsidiariedad ante grupos vulnerables, lo que hace aplicable dicho Auto Constitucional en esta Resolución, cuando se presentan vías paralelas abiertas.

III.3.La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico precedente, se debe apuntar que el art. 8.II de la Constitución Política del Estado se sustenta en la libertad -entre otros valores-, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos, el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos, evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema.

Es así que la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE7 de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intra procesales de defensa.

En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril8, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad de contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.

A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada reiteró que el entonces hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativa o de pronto despacho- se constituye:

...en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

III.3.1. Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.