0271/2019-S2

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0271/2019-S2 Sucre, 24 de mayo de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 26349-2018-53-AAC Departamento: Pando

En revisión la Resolución de 1 de noviembre de 2018, cursante de fs. 366 a 369, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Kieferth Vinique Chávez contra Esteban Miranda Terán y María Cristina Diaz Sosa, ambos Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 20 y 25 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 198 a 204 vta.; y, 207 y vta., el accionante señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

De conformidad con la Resolución Ministerial (RM) 584/15 de 28 de agosto de 2015, ejerció funciones de Secretario de Conflictos de la Central Obrera Departamental (COD) de Pando, iniciando su mandato el 31 de julio de igual año hasta el 30 de julio de 2017; durante tal periodo, el 22 de agosto de 2016, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) interpuso en su contra, la demanda de desafuero sindical, que fue declarada improbada por la Sentencia 315/016 de 25 de octubre de 2016, que a su vez fue confirmada mediante Auto de Vista 451/16 -lo correcto es 351/2016- de 29 de noviembre, que resolvió la apelación. Posteriormente, YPFB interpuso el recurso de casación en el fondo, identificando un error de hecho y derecho en la interpretación de la norma, alegando la falta de consideración de los documentos que demostraban que el demandado -hoy impetrante de tutela- incurrió en la falsificación de un título profesional de técnico superior en informática industrial.

En tal contexto, acusó que el -pronunciado por las autoridades ahora demandadas-, a efectos de casar el Auto de Vista precitado, empleó un hecho tipificado como delito para pronunciarse en materia laboral (la presunta falsificación), consecuentemente, contenía una fundamentación incongruente; que además, denuncia que la decisión cuestionada consideró hechos que acaecieron antes de que asuma la responsabilidad sindical para alejarlo -de forma forzada-, de la dirigencia sindical y desvincularlo laboralmente de YPFB, sin que exista causal para su desafuero.

Agregó que, el proceso sumario administrativo seguido en su contra, no contaba con una resolución ejecutoriada, porque al momento de presentación de la presente acción tutelar, el mismo se encontraba en la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, al haberse interpuesto la demanda Contenciosa Administrativa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó como lesionados sus derechos al trabajo, a la libertad sindical, al debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia y suficiente fundamentación; citando al efecto los arts. 1, 8, 9, 21.4, "46 a 55", 51, 115.II, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 20.1 y 23.4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y, 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto Supremo 201 y disponiendo la emisión de uno nuevo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública el 1 de noviembre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 363 a 365, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó en su totalidad el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliándola señaló que: Sólo una autoridad judicial podía determinar la falsedad de un documento; y, el art. 16 (no indicó de qué cuerpo legal) establecía las causales de despido, sin que se pudiera forzar como una de ellas, un delito que además no fue comprobado; toda vez que, "...a simple apreciación..." no existía ninguna constatación de que el título técnico era falso.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Esteban Miranda Terán y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito de 17 de octubre de 2018, que cursa de fs. 246 a 251 vta. señalaron que:

a)El accionante inobservó el art. 33.4, 5 y 8 del Código Procesal Constitucional (CPCo); al no efectuar una relación clara de los hechos; sino que, se limitó a transcribir parte de la ;
b)No identificó los derechos y garantías que consideró lesionados, si bien hizo alusión a un escrito de 21 de septiembre -tras la aclaración ordenada por el Juez de garantías-; empero, no realizó una subsunción de los artículos constitucionales citados como transgredidos, los derechos y garantías; y, la Resolución cuestionada;
c)La petición que planteó pretende la emisión de un nuevo auto sin explicar cómo debería pronunciarse;
d)El accionante en un acto de mala fe, solicitó citar como tercero interesado al Secretario Ejecutivo de la COD de Pando, cuando el mismo no intervino en el proceso de desafuero; y, correspondía citar al representante de YPFB, por ser esta la Empresa que promovió el indicado proceso;
e)En primera instancia, mediante Sentencia 315/016, se declaró improbada la demanda social de desafuero y la demanda reconvencional de "impedimento al libre ejercicio de la actividad sindical" (sic), confirmándose la determinación en grado de apelación, a través del Auto de Vista 351/2016; por lo que, en casación se emitió el Auto Supremo 201 que declaró probada la demanda; todo en conformidad con los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006; es decir, que se actuó en el marco normativo vigente;
f)De acuerdo con el Código Procesal del Trabajo y el Decreto Ley (DL) 38 de 7 de febrero de 1944 -elevado a rango de Ley 3352 de 21 de febrero de 2006-, se tenía que las causales de despido podían acreditarse ante el Juez que conocía el proceso, no siendo necesario el trámite de un proceso penal o sumario previo;
g)El contenido del Auto Supremo cumplía con la previsión normativa contenida en el art. 219 del Código Procesal Civil (CPC), aplicable a la materia con base en el art. 252 de la norma adjetiva laboral; además, de haber justificado las facultades del juez y desglosado la doctrina pertinente a partir de las partes sobresalientes del ;
h)Se analizaron los argumentos expuestos en el recurso de casación en el fondo, así como la prueba aportada por las partes, examinando detalladamente los antecedentes del proceso que evidenciaron que el hoy accionante adjuntó junto a su currículum un título de Técnico Superior en Informática Industrial expedido por la Escuela Industrial Superior "Pedro Domingo Murillo", mismo que sirvió como base para promoverlo a su último cargo de "Técnico de Soporte";
i)La Empresa demandante, logró acreditar a través de prueba documental, que el título precedentemente aludido, no fue expedido en favor del trabajador -hoy accionante-, aspecto que permitió establecer que incurrió en causal de despido justificado según el art. 16 inc. e) de la LGT;
j)La normativa aplicable al caso, confería al Juez competencia plena para considerar probados los hechos que -de forma independiente- justificaban el despido, según concluyó y desglosó el Auto Supremo, haciendo alusión a la y el ;
k)El accionante acusó la incongruencia del Auto Supremo, refiriendo la primera parte de la Resolución -que no ingresaba al análisis del caso concreto-, aludiendo que la causal era anterior al momento en que asumió la dirigencia sindical; empero, sin advertir que la causal de despido se encontraba identificada y probada; y, el documento observado constituía la base para que se promueva al hoy accionante a un cargo para el cual no tenía idoneidad profesional; y, siendo conocedor de tal extremo pudo incluso interponer una representación; empero, no sólo no procedió así, sino que persistió en su actuar incumpliendo su contrato -por lo que los hechos que le fueron imputados no eran anteriores como alegó-;
l)El reclamo de la inexistencia de un proceso sumario administrativo concluido, inobservaba la aplicación del art. 2 del DL 38, elevado a Ley 3352;
m)El Auto Supremo no resolvió nada sobre la libertad sindical o el fuero sindical; más allá de ello, estableció con claridad que dicho fuero podía dejarse sin efecto a través del proceso de desafuero, que era el trámite especial previsto en la norma; y,
n)El impetrante de tutela, permitió la ejecución de la sentencia respecto a la demanda reconvencional que fue declarada improbada; y, al no ser evidentes las lesiones que acusó y sin que exista argumento alguno respecto a la presunta transgresión del derecho a la igualdad; solicitaron en consecuencia, que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Informe de los Terceros Interesados

Oscar Javier Barriga Arteaga, Presidente Ejecutivo a.i. de YPFB, a través de su representante legal, mediante informe escrito presentado el 1 de noviembre de 2018, que cursa de fs. 325 a 329; y, en audiencia, señaló que:

1)El desafuero sindical fue tramitado por el apoderado legal de la Empresa, que podía ser afectada en sus intereses;
2)En el proceso sumario administrativo seguido contra el hoy accionante, se le otorgó la posibilidad de hacer valer sus derechos de forma irrestricta, habiéndose agotado las instancias de revocatoria y jerárquica, culminando con la Resolución Sumarial Final 025/2016 de 5 de diciembre, que le impuso la sanción de destitución y adquirió carácter de acto administrativo estable, firme y subsistente en sede administrativa con los efectos consiguientes que también fueron descritos por la y la ;
3)La calidad de dirigente sindical del impetrante de tutela, no implicaba de ninguna manera su exclusión de la responsabilidad administrativa como servidor público, por tal razón la normativa tenía previsto el proceso de desafuero sindical ante la judicatura laboral, así mismo lo entendió la jurisprudencia constitucional a través de la ; y, las , y que además entendieron que el fuero sindical tenía límites;
4)El accionante fue destituido a través de un proceso sumario administrativo; y, el hecho de haber iniciado en su contra un proceso social de desafuero sindical no implicaba la transgresión de ninguna normativa, más bien se actuó en apego a los procedimientos legalmente establecidos para la emisión del Auto Supremo 201 -antes citado-;
5)Las autoridades ahora demandadas, verificaron la existencia de un proceso sumario que culminó con la destitución por cuanto el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia resultaba equitativo pues valoró toda la prueba presentada en el caso; asimismo, el proceso administrativo se tramitó por autoridad competente que estableció la existencia de responsabilidad administrativa siempre en respeto del debido proceso y la legítima defensa del hoy accionante que además tuvo las vías legales a su disposición a efectos de revisar el proceso sumario administrativo mecanismos que no fueron activados; y,
6)El proceso penal iniciado por YPFB contra el hoy accionante, por el delito de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, al momento de presentar el informe, contaba con Sentencia 21/2018 de 20 de abril, que condenó al ahora accionante; imponiéndole la pena de dos años de reclusión por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado. Por las razones expuestas, solicitó se deniegue la tutela. Dalila García Ramírez, Secretaria General del Comité Ejecutivo de la COD de Pando, en audiencia, sin realizar petición alguna respecto a la concesión o no de la tutela, manifestó preocupación refiriendo que el fuero sindical garantizaba que los dirigentes sean procesados dentro de una institución cuando existían los argumentos básicos. En tal contexto, el accionante fue procesado en la vía penal y se emitieron los fallos pertinentes "...esto prácticamente es una persecución laboral...esto es preocupante para nosotros porque cualquiera va hacer quitar el fuero sindical..." (sic).

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