Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0271/2019-S4 Sucre, 22 de mayo de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 26392-2018-53-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 07/2018 de 8 de noviembre, cursante de fs. 336 a 344 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Pastor Carrazana Jiménez contra Alejandra Ortiz Gutiérrez, y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera y Segunda, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial, cursante de fs. 20 a 38 vta., presentado el 4 de noviembre (domingo) ante Notario de Fe Pública, por causa de urgencia, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Reina Llanos Méndez inició en su contra un proceso sumario de regularización de derecho propietario, en el entonces Juzgado de Instrucción en lo Civil y Comercial Segundo del departamento de Tarija, el 8 de abril de 2014, el que concluyó con Sentencia de 19 de mayo de 2017, por la que se declaró probada la demanda, ante ello planteó recurso de apelación, que fue resuelto mediante Auto de Vista 51/2018, de 27 de abril, por las autoridades ahora demandadas, siendo notificado a su persona recién el 4 de noviembre del mismo año.
El mencionado Auto de Vista, vulneró su derecho a una resolución debidamente motivada, en mérito a que en su recurso de apelación contra la Sentencia de 19 de mayo de 2017, planteó los siguientes puntos:
- a)La Sentencia apelada realizó una relación de los actuados y de la prueba, pero respecto al juicio de norma aplicable y la subsunción no existe motivación, como tampoco con relación al cumplimiento de los cinco años de posesión del lote objeto del litigio, antes de la promulgación de la ley de Regularización de Derecho Propietario, como tampoco verificó el pago de impuestos por el mismo lapso de tiempo, que tiene que probar la parte demandante, siento estos requisitos establecidos en los arts. 10 y 11 de la citada Ley -Ley 247 de 5 de junio de 2012-;
- b)El Juez de la causa no podía declarar probada la demanda, porque ésta no cumplió los requisitos de procedencia, ya que si bien contaba con construcciones destinadas a vivienda; empero, no tenía una antigüedad de más de cinco años, antes de la promulgación de la citada Ley, lo que es comprobable por declaración testifical de dos colindantes, que si bien acreditan la posesión continua, pública, pacífica y de buena fe del bien inmueble, esta no es de más de cinco años antes de la publicación de la Ley de Regularización de Derecho Propietario; por otra parte no existen comprobantes de pago de impuestos a la propiedad inmueble, dentro del mismo periodo de tiempo mencionado previamente; como tampoco existe la constancia de realización de trámites municipales; y
- c)No procedía la regularización de derecho propietario, sino la usucapión.
Los agravios enunciados no fueron resueltos en el fondo por el Auto de Vista ahora impugnado, ya que respecto al primer punto se hace mención a pruebas de manera contradictoria, reconociéndose incluso que su persona presentó folio real que determina su derecho propietario, respecto al segundo y tercer punto ocurre el mismo problema, ya que no responde específicamente sobre la parte que establece la Ley : "cinco años anteriores a la promulgación de la presente Ley 247" (sic), y no explica en qué prueba se sustenta el hecho de que los demandantes afirman en su demanda que el 3 de octubre de 2007, ingresaron en forma pacífica a tomar posesión del lote de terreno.
Por lo advertido se demuestra que el Auto de Vista impugnado no es congruente ni motivado, ya que no respondió a cada agravio de manera explícita y expresa, en sentido de ser evidente o no el mismo, lo que trae como efecto que se hubieran aplicado de manera "desviada" los arts. 10 y 11 de la Ley de Regularización del Derecho Propietario, sin identificar con exactitud que la precitada norma exige que se considere la posesión del bien inmueble con una antigüedad no menor a cinco años, pero anterior a la promulgación de dicha Ley, además de que no se adjuntó el pago de impuestos de los cinco anteriores años, como lo exige el art. 11 de la mencionada Ley, por lo que también existe una omisión valorativa de la prueba testifical y documental presentada; en consecuencia no existió una valoración integral de la prueba, privándole de manera arbitraria de su derecho propietario.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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