Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0271/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 81113-2026-163-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 1/2026 de 22 de enero, cursante de fs. 40 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mariela Mamani Mamani en representación de AA contra Ricardo Edgar Flores Carvajal y Tereza Tapia Ajhuacho, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 21 de enero de 2026, cursante a fs. 1 y 14 a 18 vta., el accionante, a través de su representante, manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, el representante del Ministerio Público de la localidad de Challapata formuló imputación formal y solicitó la aplicación de una medida cautelar de carácter personal de extrema ratio.
El 30 de junio de 2025 se celebró audiencia de aplicación de medidas cautelares ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Challapata del departamento de Oruro. Como resultado, la autoridad jurisdiccional dictó el Auto Interlocutorio 51/2025 de la misma fecha, disponiendo su detención preventiva a cumplirse en el Centro de Reintegración Social Renacer de ese departamento.
Ese mismo día, conforme a la diligencia de notificación cursante en obrados, se lo notificó con la imputación formal, constituyéndose dicha actuación en el hito inicial para el cómputo del plazo de duración de la detención preventiva.
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2025, su defensa solicitó la cesación de la detención preventiva, invocando el art. 291.I inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), que prevé la cesación de dicha medida cuando su duración excede de cuarenta y cinco días sin acusación fiscal, o de noventa días en casos de pluralidad de personas adolescentes imputadas, computables desde la notificación con la imputación formal.
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