0272/2019-CA

En ese sentido, los fundamentos constitucionales que sustentan la presente acción de inconstitucionalidad concreta son:

1. a)La presunción de inocencia contenida en el art. 116.I de la CPE, se ve vulnerada por la norma cuestionada, apartándose de lo establecido en el art. 285 del Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA), por no considerar la conducta en virtud a la gravedad, criterios de reincidencia, objetividad, generalidad, equidad y no discrecionalidad, limitándose a exponer únicamente una sanción que opera sin margen de acción para el inculpado de establecer si su conducta se adecúa o no a un estándar básico de afectación taxativamente establecido, ya que, se libera a la Administración Aduanera de probar la culpabilidad del encausado, convirtiendo la defensa, impugnación y el mismo proceso administrativo en inocuo, resultando irrelevante la causa que la originó, dejando de lado el razonamiento jurídico por el cual se determina la culpabilidad;
2. b)Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de distintos fallos -Ricardo Canese vs Paraguay, López Mendoza vs Venezuela, y, Cabrera García y Montiel Flores vs México- estableció como requisito indispensable para la sanción penal "la demostración fehaciente de la culpabilidad", ausente en el caso de la conducta 4, al disponerla sin llevar a cabo una valoración de la conducta, dando lugar inclusive al error, ya que el resultado pudo venir de un cúmulo de acciones u omisiones, voluntarias o involuntarias, que no requieren mayor prueba que el solo "llenado incorrecto", estableciendo así una presunción de culpabilidad que no varía hasta la ejecución de la sanción, tornando innecesaria la obligación de probar la culpabilidad del encausado, al ser responsable por la sola imputación, habilitando al juzgador a imponer una sanción aun cuando la culpabilidad no haya sido verificada;
3. c)La responsabilidad objetiva de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, es una modalidad punitiva estatal que desconoce la finalidad del derecho administrativo sancionador, imponiendo una sanción económica ajena a los bienes o intereses jurídicos objeto de protección, que olvida salvaguardar el principio de interdicción de la arbitrariedad, al "desdibujar" el debido proceso y anular la presunción de inocencia; contrariamente al principio de culpabilidad, que demanda al menos una inequívoca conducta culposa, a partir de tener como eje medular el "error";
4. d)La conducta 4 de la RD 01-021-15, guarda identidad ontológica y substancial con conducta 3 declarada inconstitucional, cuando a la Administración Aduanera se le impone desarrollar un contenido normativo acorde a las disposiciones del art. 116.I de la CPE, 14.2 del PIDCP, 8.2 de la CADH y 11.1 de la DUDH, estos últimos por ser parte del bloque de constitucionalidad, de acuerdo a lo establecido en el art. 410 de la Norma Fundamental, desconociendo por ello el carácter supremo de la misma;
5. e)La disposición cuestionada puede dar lugar a conductas inocuas que no ameriten sanción económica, o que ésta sea diferente a otras cuyo impacto haya sido mayor o emerja de una conducta cuyo "disvalor" sea menos intenso; es por ello que, el art. 285 del RLGA, establece la obligación de la ANB de aprobar la clasificación de contravenciones y la graduación en la aplicación de sanciones, en atención a la gravedad de las mismas, así como criterios de reincidencia, objetividad, generalidad, equidad y no discrecionalidad; es más, se debe tener un nivel de claridad en los elementos de la conducta prohibida -hipótesis normativa de la conducta-, que permita al juzgador determinar la culpabilidad en función a la gravedad de la afectación que provoque el accionar del agente; aspecto que no ocurre en el caso concreto, pues la norma cuestionada establece una sanción fija -1000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's)- para una conducta descrita genéricamente o ausente en su determinación; es decir, se pretende sancionar sin una graduación, fijándose una "antigarantía" que vulnera los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad, así como la libertad y la dignidad humana, previstos en los arts. 14.IV, 22, 109, 116.I y 232 de la CPE; y, 9 de la CADH;
6. f)En ese caso, dicha sanción, no supone una conducta que permita ingresar a valorar si operan criterios de conveniencia, urgencia, utilidad o de otra naturaleza, al imponérsela incluso a los actos en los que se encuentra ausente la voluntad del administrado, siendo irrazonable y desproporcional, por alejarse de lo previsto por el art. 285 del RLGA, cuyo contenido normativo constituye exigencia de justicia y equidad; aspecto ligado a la condición falible del ser humano que en muchos casos deviene en error inevitable del administrado, la administración o las autoridades jurisdiccionales; este alejamiento del principio de proporcionalidad y con ello de la justicia material, evidencia la ausencia de legitimidad en la normativa de la ANB, dado que no existe tal parámetro en ninguna de las cuatro contravenciones y en particular la conducta 4, llegando incluso al absurdo de atribuir sanción al particular, eximiendo de la misma a la ANB por una conducta equiparable por parte de sus funcionarios, cuando en este último caso existe la posibilidad de corregir errores, según dispone la RD 01-011-02 de 26 de marzo de 2002 sobre errores en el llenado de la Declaración Única de Exportaciones atribuibles al Sistema Informático "SIDUNEA";
7. g)Siendo una de las características de las multas, que no buscan el incremento de las rentas del Estado, ni que se conviertan en una fuente de recursos, sino básicamente la represión de conductas consideradas "disvaliosas" por afectar un determinado bien o interés jurídico protegido; empero, el precepto impugnado, termina aplicando la sanción como si se tratara de múltiples importaciones, cuando la conducta desplegada es única, dando lugar a que un mismo sujeto termine pagando sumas astronómicas, por no tomar en cuenta la especificidad de la materia, derivando a su vez en la extinción de actividades lícitas como las que desarrollan las ADA's y con ello la vulneración de los derechos previstos en el art. 46.II y 47.I de la Norma Suprema, al ser desproporcional en función a la materia, y ajena a los elementos básicos y lógicos de una sanción equilibrada, proporcional y racional; también se aleja del criterio de una única sanción cuando existe unidad objetiva (lesión del mismo bien jurídico aunque hubiera sido producida por distintas acciones), dando lugar al error sustancial, doloso o culposo, que afecta el patrimonio no solo del administrado, sino también de terceros;
8. h)La norma que se cuestiona, por su lógica "inquisitiva" y "antigarantista", no se adecua a las exigencias constitucionales del debido proceso, ya que, la falta de apego a la legalidad, tipicidad, taxatividad, proporcionalidad y razonabilidad, deriva en la imposición de una sanción que no se construye en base a un contradictorio que permita alcanzar un juicio sobre lo acontecido, sino sólo sobre el resultado, cuando dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador, el debido proceso repudia toda forma que impida o torne irrelevante el derecho a la defensa, así como al principio de culpabilidad, resultando así el procedimiento en el caso concreto inocuo, porque, no obstante de permitir al administrado presentar descargos, estos son carentes de sentido y valor, pues no se gesta un proceso en el que el administrado pueda desvirtuar la pretensión de la administración, al no contar con una graduación ni considerar la gravedad, los criterios de reincidencia, objetividad, generalidad, equidad y no discrecionalidad. Lo propio ocurre con los recursos de alzada y jerárquico, que al impedir una real y efectiva defensa, se deja al puro arbitrio de la administración la imposición de la sanción, evitando por consiguiente arribar al juzgador a una decisión justa, basada en la valoración de la prueba y las alegaciones en torno a la conducta y/o culpabilidad, vulnerando así el debido proceso y el derecho a la defensa, previstos en los arts. 115.II, 117.I y 119 de la CPE, y en el caso del debido proceso, al anular específicamente el elemento de proscripción de la responsabilidad objetiva -nulla poena sine culpa-; e,
9. i)La norma cuestionada se aleja de la doctrina constitucional sobre la prohibición del ejercicio arbitrario de poder, que comprende la razonabilidad de toda decisión que emane de su ejercicio, toda vez que, sin que exista lesión o peligro para el bien jurídico protegido -principio de lesividad-, se habilita la imposición de una sanción, sin margen para una real y efectiva defensa, cuando es deber de la propia Administración probarla, precisamente antes de imponer la sanción.