0272/2022-S1

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia:

1. a)Se deje sin efecto legal alguno el Auto Supremo 586/2020 de 5 de noviembre, dictado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia; y,
2. b)Que las autoridades demandadas emitan nuevo Auto Supremo considerando los agravios señalados conforme a la naturaleza jurídica y alcances de los salarios devengados, restituyendo los derechos y principios suprimidos, de la UAGRM.

El accionante, Benjamín Saúl Rosas Ferrufino, Rector de la UAGRM a través de su abogado y representante, ratificó in extenso la acción tutelar presentada y en audiencia, de manera oral ampliándola señaló lo siguiente:

1. 1)Las autoridades jurisdiccionales demandadas han dispuesto y avalado el pago de sueldos devengados de manera ilegal, no han interpretado a cabalidad la normativa que viene al caso, simplemente se han abocado a aplicar de manera automática y mecánica una disposición legal;
2. 2)En síntesis, se está obligando al Estado a través de la Universidad a pagar por un trabajo que nunca se ha realizado, como una especie de sanción para el empleador, cuando es absolutamente ilegal imponer esta clase de sanciones cuando no está amparada en una norma legal expresa;
3. 3)En lo que no están de acuerdo es que los sueldos devengados abarquen días que no han sido trabajados, por tanto no tiene una base legal apoyarse en la SCP 497/2019³; y,
4. 4)Piden se deje sin efecto el Auto Supremo 586/2020 de 5 de noviembre y los demandados emitan un nuevo Auto Supremo, considerando los agravios señalados y se corrija la actuación del Auto de Vista que no tiene ninguna fundamentación.

Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no se presentaron a la audiencia, no obstante su legal notificación que cursa a fs. 79; sin embargo, presentaron Informe que cursa de fs. 168 a 173 en el que manifiestan:

1. i)En cuanto a la presunta vulneración del debido proceso en su vertiente de congruencia (art. 115 de la CPE), señalan que en el considerando I, acápite I.3 motivos del recurso de casación, refieren que los pagos efectuados por la Universidad a los actores, al cumplimiento del término de vigencia de los contratos a plazo fijo no pueden ser considerados como anticipo de liquidación final, estos pagos fueron definitivos por expresa disposición del art. 13 del LGT, en relación a lo dispuesto por el art. 1 del Decreto Ley 16187 de 16 de febrero de 1987, ya que no existe el anticipo de liquidación final, mucho menos en instituciones del sector público, como dispone el art. 36 última parte del DS 21137 de 30 de noviembre de 1985; de donde resulta que la única obligación del empleador a la finalización de los contratos, es el pago de sus beneficios sociales. Y conforme a la jurisprudencia constitucional, se establece que ante el pago de los beneficios sociales, el actor se encuentra imposibilitado de acudir al Ministerio del Trabajo a efectos de solicitar su reincorporación;
2. ii)En cuanto a que el Auto de Vista no se hubiera pronunciado sobre todos los puntos y agravios expresados en el recurso de apelación, guardando silencio cómplice respecto a la improcedencia de la reincorporación y el pago de sueldos devengados, pese a que el recurso de casación es abstracto e impreciso, el Auto Supremo 586/2020⁴ 5 de noviembre, en el Considerando II respecto a la falta de fundamentación del Auto de Vista, señaló que no es suficiente que el recurrente sostenga la ausencia o insuficiencia de motivación y fundamentación en la resolución que impugna, sino que debe efectuar una crítica legal de ella; en ese sentido, del análisis del Auto de Vista en el acápite de fundamentos no se evidencia la acusación formulada por el recurrente, que conforme a la jurisprudencia constitucional prevista en la SC 256/2007-R de 12 de abril, entre otras, la jurisprudencia no implica una fundamentación ampulosa de consideraciones y citas legales sino que exige una estructura de forma y fondo, puede ser concisa y clara;
3. iii)En relación a la denuncia de la improcedencia de la reincorporación, en violación del art. 10 del DS 28699 porque supuestamente habrían cobrado sus beneficios sociales se dejó en claro que el art. 21 de la Ley General del Trabajo señala que: "En los contratos a plazo fijo se entenderá existir reconducción si el trabajador continua sirviendo vencido el término del convenio ". Por otra parte el art. 1 del Decreto Ley 16187 de 16 de febrero de 1979, en concordancia con los arts. 6 y 12 de la LGT y del inciso b) del art. 182 del Código Procesal Laboral, dispone que: "El contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita, por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual. A falta de estipulación escrita se presume que el contrato es por tiempo indefinido salvo prueba en contrario". De otro lado, la Resolución Ministerial 193/72 de 15 de mayo de 1972 en su art. 1 establece que: "Los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de tareas propias del giro de la empresa". Además, el art. 3 de la misma resolución, expresa: "Se exceptúa el caso de recontratación pasados los tres meses de su cesantía";
4. iv)Respecto a la vulneración del debido proceso por falta de motivación y fundamentación, que no se justificó de manera razonada por qué debía pagarse a los demandantes los sueldos devengados desde la desvinculación laboral hasta su reincorporación, si los mismos no prestaron servicio alguno o trabajo efectivo; de la Revisión del Auto Supremo 586/2020⁴, respecto al argumento señalado precedentemente no se evidencia tal lesión, pues citó la SCP 0497/2019- S3 de 26 de agosto, que señala que las normas laborales y constitucionales reconocen no sólo la reincorporación del trabajador, sino también el pago de sueldos devengados, a partir de la desvinculación laboral hasta la fecha de su reincorporación de los actores, considerando el estándar más alto y la protección a los trabajadores;
5. v)En cuanto a la vulneración de los principios de legalidad y jerarquía normativa, no es evidente la citada vulneración, por cuanto el Auto Supremo, realizó la interpretación de la norma aplicable al caso concreto, no existe contradicción con los arts. 47 y 52 de Ley General del Trabajo y del Trabajador al señalar que "(...) en relación a la improcedencia de la reincorporación, supuestamente por haber cobrado los demandantes los beneficios sociales; debe tenerse presente que los actores demandaron su reincorporación laboral más el pago de sueldos devengados; en ese marco, el art. 10 del DS 28699 expresa:

Roy Fernando Arce Justiniano y Ricardo Pablo Rojas Maldonado, como terceros interesados dentro del presente caso, por medio de su abogado informaron lo siguiente:

1. a)La parte accionante miente al decir que sus personas están reincorporados en dicha Universidad, hasta la fecha de realización de la audiencia de esta acción tutelar, va más de medio año y la referida Universidad no quiere reincorporarlos, añadiendo que fueron despedidos el 2016, hace más de cinco años, además afirmaron que el accionante reconoce el tiempo de trabajo de ambos ex trabajadores;
2. b)Cuando señalan que lo único que impugnan es el tema de los sueldos devengados, entonces el tema de la reincorporación ya estaría resuelto y procede la misma;
3. c)Lo que se tiene que resolver en la vía ordinaria es la reincorporación, en caso de ordenarse la misma, los sueldos devengados se dilucidan en ejecución de sentencia;
4. d)Citaron el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006; en lo relativo a los casos de reincorporación y el pago de los sueldos devengados hasta el momento de la reincorporación;
5. e)El Auto Supremo brindó una respuesta razonable, pues cuando hay conminatoria de reincorporación se debe cumplir ambas cosas la reincorporación y el pago de los sueldos devengados como una consecuencia del despido injustificado; y,
6. f)En lo relativo a la jerarquía normativa la Ley General del Trabajo data del 8 de diciembre de 1942, y el Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006, se constituye en un reglamento sobre los sueldos devengados porque antes no existía la figura de la reincorporación. Por mandato del art. 48 de la CPE, las normas laborales se interpretarán y aplicaran de acuerdo a los principios de protección a los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 82/2021 de 9 de julio, cursante de fs. 187 a 189 vta., denegó la tutela solicitada; dicha determinación se dio sobre la base de los siguientes argumentos:

1. 1)Si bien es cierto que el Auto Supremo 586/2020⁴ no desarrolla una estructura suficientemente clara en relación a los fundamentos jurídicos; empero, de su revisión se puede advertir que en el punto de argumentos de derecho y hechos, también incorpora fundamentación referida a la improcedencia de la reincorporación y un desarrollo de lo que es el art. 10.III del DS 28699 y doctrina de lo que se entiende por contratos indefinidos y en cuanto al despido injustificado, teniendo en cuenta que en el caso hubiese existido múltiples recontrataciones a los tercero interesados;
2. 2)En relación a la improcedencia de la reincorporación, supuestamente por haber cobrado los demandantes los beneficios sociales; expresa que debe tenerse presente que los actores optaron y demandaron su reincorporación laboral más el pago de sueldos devengados, en el marco del art. 10.III del DS 28699, y si bien existen algunos pagos de parte de la entidad demandada que acreditó el pago de aguinaldo, doble aguinaldo; sin embargo, dichos pagos no pueden considerarse como pago de beneficios sociales por todo el tiempo trabajado, debido a que no acreditaron otros pagos por concepto de beneficios sociales, adicionalmente en materia laboral se utiliza el término finiquito en referencia al documento por el que se saldan las cuentas debidas al trabajador por diferentes conceptos entre los que se puede encontrar salarios devengados, vacaciones no utilizadas, indemnización desahucio en su caso, y todos los derechos y beneficios que correspondan al trabajador a la conclusión de la relación laboral; contexto en el cual de conformidad al art. 48.III de la CPE, los actores merecen no sólo la reincorporación del trabajador sino también el pago de los sueldos devengados a partir de la desvinculación laboral hasta la fecha de su reincorporación, al respecto invocaron la SCP 0497/2019-S3 referida a la tutela emergente de las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo;
3. 3)De toda esa relación se puede colegir que no existe incongruencia, tomando en cuenta que el principio de congruencia no implica que tenga que resolverse favorablemente las pretensiones del recurrente o demandante, sino más bien que se identifique adecuadamente los motivos del recurso, se lo analice, considere y merezcan un pronunciamiento advirtiendo que en el caso examinado el Auto Supremo observó la debida congruencia. Asimismo en lo concerniente al art. 9 del DS 28699 que se dice erróneamente interpretado; se debe tener en cuenta que el mismo tiene otro objeto que tiene que ver con el art. 10.I y el parágrafo III, debido a que el trabajador optó por su reincorporación habiéndose evidenciado que el despido fue indebido o injustificado, obviamente la consecuencia lógica es la reincorporación y se deben pagar sueldos que dejó de percibir por culpa del empleador, como una sanción a esa actitud indebida e injustificada, la norma prevé sancionarle con el pago de sueldos desde la desvinculación hasta la reincorporación; y,
4. 4)Si bien el Auto Supremo 586/2020⁴ al citar la SCP 0497/2019-S3 incorpora una fundamentación impertinente que está referida a la tutela provisional y a la orden de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral expedidas por las Jefaturas del Trabajo; empero ello no le resta a la explicación de razones en lo concernientes al pago de sueldos devengados, el cual debe ser calculado en ejecución de Sentencia conforme el DS 21137 de 30 de noviembre, concluye que el Auto Supremo se encuentra suficientemente motivado, permite comprender que la decisión se encuentra sometida a la Constitución y al bloque de constitucionalidad y permite obtener un convencimiento que la decisión no es arbitraria.

1. a)Sobre el debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia, que el Auto de Vista no reúne ninguno de esos elementos;
2. b)De conformidad con el art. 10-I del DS 28699 que señala que el trabajador puede optar por el pago de sus beneficios sociales o por su reincorporación, no corresponde la reincorporación de los demandantes, al haber optado por el pago de sus beneficios sociales, en razón a que son excluyente;
3. c)Que las pruebas aportadas por la UAGRM no fueron valoradas en su justa medida, que el Auto de Vista no se pronunció sobre todos los puntos cuestionados; y,
4. d)Al confirmarse la Sentencia de primera instancia mediante el Auto de Vista, también se ordena el pago de supuestos sueldos devengados contraviniendo los arts. 47 y 52 de la LGT, concordante con el art. 35 del Decreto Reglamentario, sin tomar en cuenta que el salario es el pago que el trabajador recibe en retribución a su trabajo, es decir que es proporcional al trabajo (fs. 43 a 49).

1. 1)En cuanto a que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación y motivación y en error de interpretación de la ley al determinar la reincorporación de los actores a su fuente laboral y sobre la procedencia del pago de sueldos devengados. Señaló que no es suficiente que el recurrente sostenga ausencia o insuficiencia de motivación y fundamentación sino que debe efectuar una crítica legal de ella, en ese sentido del análisis de Auto de Vista desarrollo los fundamentos en los que desarrollo y basó su decisión dentro de los parámetros de la 0SC 256/2007-R de 1 de abril que refiere que la motivación no implica una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce la razones los motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas;
2. 2)Respecto a la improcedencia de la reincorporación en violación del art. 10 del DS 28699, porque supuestamente habrían cobrado sus beneficios sociales; refiere que el art. 21 de la Ley General del Trabajo señala que "En los contratos a plazo fijo se entenderá existir reconducción si el trabajador continúa sirviendo vencido el término del Convenio" por otra parte, el art. 1 del Decreto Ley 16187 de 16 de febrero de 1979, en concordancia con los arts. 6 y 12 de la LGT y el inc. b) del art. 182 del Código Procesal Laboral, dispone que: "El contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral o escrita, por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, condicional o eventual. A falta de estipulación escrita se presume que el contrato es por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario.". De otro lado, la Resolución Ministerial 193/72 de 15 de mayo de 1972 en su art. 1 establece que: "Los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un tiempo menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contracción y siempre que se trate de realización de tareas propias de la empresa". Además, el art. 3 de la misma resolución, expresa: "Se exceptúa el caso de la recontratación pasados los tres meses de su cesantía". De acuerdo con las normas glosadas se establece que el contrato de trabajo puede ser pactado verbalmente o por escrito, así como por tiempo indefinido o a plazo fijo, existiendo reconducción si el trabajador continúa sirviendo vencido el término de tiempo para el cual fue contratado. No existiendo una estipulación concreta sobre el término del contrato o de duración de la relación laboral, por mandato legal se presume que ella es por tiempo indefinido a no ser que se demostrare lo contrario; es decir, que se trata de una presunción juris tantum. Además, no se permite la contratación sucesiva por periodos de plazo fijo, por más de dos ocasiones caso en el cual, vencido el plazo de la segunda contratación y si el trabajador sigue desempeñando sus tareas automáticamente se convierte en una relación laboral de tiempo indefinido, cuando por otra parte el trabajador desarrolla labores que sean propias de la empresa. Finalmente, adquiere relevancia la disposición del art. 3 de la Resolución Ministerial 193/72, que establece como excepción, el caso de recontratación pasados tres meses de la cesantía del trabajador;
3. 3)En la especie se tiene que existen más de dos contratos suscritos entre los demandantes y la entidad demandada; siendo muestra clara de la expresión de la voluntad de las partes respecto de la relación laboral; de recontratación permanente se produjo a lo largo de más de 14 años, 1 mes y 10 días en el caso de Ricardo Pablo Rojas Maldonado; y de 5 años, 2 meses en el caso de Roy Fernando Arce Justiniano. Ya que la relación laboral en el primer caso se inició el 21 de junio de 2002, conforme se tiene del contrato de fs. 2, un segundo contrato de 24 de septiembre de 2002 de fs. 3; y por disposición legal a partir del tercer contrato de 13 de enero de 2003, este se convierte en indefinido; y, en el caso de Roy Fernando Arce Justiniano, se inició el 1 de junio de 2011, conforme se establece del contrato cursante a fs. 24, siendo ambos despedidos de manera intempestiva el 31 de julio de 2016. Añade que ambos trabajadores prestaron servicios en tareas propias de la actividad del empleador (apoyo administrativo) y que se produjeron recontrataciones sucesivas, las que por mandato legal tornan la relación laboral en una de tiempo indefinido, más aún si queda demostrado que no pudo haberse aplicado la excepción contenida en el art. 3 de la Resolución Ministerial 193/72;
4. 4)En cuanto a la improcedencia de la reincorporación supuestamente por haber cobrado los demandantes los beneficios sociales; Refiere que: los actores demandaron su reincorporación laboral más el pago de sueldos devengados; en ese marco, el art. 10 del DS 28699 expresa: "Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo podrá optar por el pago de beneficios sociales o por su reincorporación. II. Cuando el Trabajador opte por los beneficios sociales el empleador está obligado a cancelar los mismos, además de los beneficios y otros beneficios que le corresponda en el tiempo y condiciones señaladas en el art. Séptimo de la presente ley. III. En el caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio del Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados, y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador el Ministerio del Trabajo impondrá multa por infracción a leyes sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio del Trabajo. Los actores en el presente proceso demandaron su reincorporación a su fuente laboral y si bien existen algunos pagos por parte de la demandada, acreditando pago de aguinaldo doble aguinaldo, sin embargo dichos pagos no pueden considerarse como pago de beneficios sociales por todo el tiempo trabajado ya que no se acreditaron otros pagos por concepto de beneficios sociales que conforma el finiquito, refiriéndose a los alcances del finiquito. Invocó el art. 48.II de la CPE, sobre la irrenunciabilidad de los derechos sociales y que cualquier convención en contrario es nula, señaló el DS 16187 de 16 de febrero de 1979 en su art. 4 que dispone que "Las indemnizaciones por tiempo de servicios pagados por terminación de contratos a plazo fijo para ocupaciones permanentes, se reputaran como anticipo de liquidación final, siempre que no hubiere discontinuidad entre uno y otro contrato, considerándose como fecha originarla de la primera contratación". Es decir, el finiquito como anticipo de liquidación final es sólo aplicable a los contratos a plazo fijo siempre que no hubiere discontinuidad entre uno y otro contrato, lo que sucede en el caso de autos, por cuanto los actores por disposición de la ley al celebrar más de dos contratos a plazo fijo, se tornó en una relación laboral a plazo indefinido; y,
5. 5)En lo relativo a la improcedencia de pagos devengados a decir de la parte accionante, constituiría enriquecimiento ilícito que atentaría los intereses del Estado, dicha afirmación no es evidente por cuanto las normas laborales y constitucionales reconocen no sólo la reincorporación del trabajador, sino también el pago de los sueldos devengados, a partir de la desvinculación laboral hasta la fecha de la reincorporación de los actores. Citó la SCP 0497/2019-S3 de 26 de agosto, y dejó establecido que en virtud del principio protector consagrado por el art. 3 inc. g) del Código Procesal del Trabajo en este caso relacionado al pago de sueldos devengados y demás derechos laborales corresponde señalar que este pago se encuentra supeditado como consecuencia del despido injustificado, siempre que no hubiera percibido remuneración alguna por otro trabajo desempeñado, porque de ser así resultaría indebido e ilegal que se beneficie con el pago de dos salarios a la vez. Aspecto que debe ser regulado en la parte resolutiva del presente Auto Supremo en aplicación del art. 9 del Decreto Supremo 21137 de 30 de noviembre de 1985. Finalmente invocó el art. 48.I, II y III de la CPE y refirió que en ese marco legal, el Auto de Vista no incurrió en trasgresión, violación, errónea aplicación del DS 28699 al confirmar la Sentencia de primera instancia (fs. 50 a 55 vta.).

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. a)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y,
2. b)Análisis del caso concreto.