0272/2023-S4

Los accionantes a través de su abogado, luego se ratificarse en el memorial interpuesto, señalaron en audiencia que:

1. a)Se vulneró la libertad de los ahora impetrantes de tutela, en tanto es un derecho protegido por la Constitución Política del Estado, conforme lo indica la SC "69I/2016 de 7 de septiembre" (sic),
2. b)Respecto a los antecedentes, Jhojans Steven Pereira fue detenido preventivamente y remitido al Centro Penitenciario Mocoví de Beni, de acuerdo con el procedimiento penal y sus modificaciones; y por ello, el art. 239.2 del CPP establece que la detención cesará cuando se haya vencido la solicitud efectuada por el Ministerio Público y no haya presentado una ampliación de manera fundamentada.

Celina Morochi Mamani, Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Beni, presentó el informe escrito de 16 de diciembre de 2022, cursante de fs. 32 a 33 vta., en el que señaló:

1. 1)Existe falta de presupuestos para que el Tribunal de garantías ingrese al control de legalidad ordinaria, que constituye una facultad exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios en la materia; consecuentemente, solo podrá ingresar a revisar lo demandado ante una grosera actuación contraria a la Ley y a la Norma Suprema, lo cual no ocurrió en el presente caso, sino que se pretende utilizar la jurisdicción constitucional como una instancia más, cuando debía pronunciarse el Tribunal de alzada, según indica la SCP 0659/2012 de 2 de agosto; por lo mismo, en respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales;
2. 2)Se impugna el Auto de 15 de diciembre de 2021 sin señalar las razones del por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda e ilógica, sino que solo se indicó en el memorial una relación de antecedentes y lo determinado en audiencia, sin tomar en cuenta que la ya citada labor interpretativa es una atribución privativa de las Juezas y Jueces;
3. 3)Los accionantes no presentaron impugnación alguna al Auto señalado, principio que garantiza la justicia ordinaria; por lo que es el Tribunal de alzada el competente para conocer los agravios que hubiera ocasionado la decisión asumida, vía aun expedita, salvo los presupuestos consignados en la 0SC 0619/2005-R de 7 de junio;
4. 4)En la audiencia celebrada de oficio, en atención a lo establecido por el art. 235 ter del CPP, se explicó a los ahora impetrantes de tutela el carácter instrumental de las medidas cautelares, decidiendo, luego de analizar los antecedentes del caso y de la medida, mantener la detención preventiva, razonamiento confirmado por la SCP 0582/2020-S4 de 16 de octubre y la SCPP 0559/2021-S3 de 30 de agosto, entre otras; y,
5. 5)Por lo expuesto y al no haberse demostrado ninguno de los presupuestos establecidos por el art. 125 de la CPE, solicitó se deniegue la tutela solicitada.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 157/2021 de 16 de diciembre, cursante de fs. 42 a 45 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Efectuada la ponderación de pruebas y armonizadas con las normas, el art. 231 bis del CPP modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-, señala que la ampliación debe sujetarse a los preceptos y presupuestos legales inmersos en el art. 233 del CPP y la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, lo cual guarda relación con los arts. 235 ter y 239 del procesal penal;
2. ii)El auto impugnado tuvo su origen en la audiencia de control de la detención preventiva señalada en virtud al Auto de Vista 81/2020, teniendo por finalidad considerar los aspectos que son necesarios para denegar la medida extrema impuesta, debiendo la autoridad judicial compulsar resistencia o no, para lo cual se deben analizar las precitadas normas sobre la ampliación de plazos y considerar si concurren o no los peligros procesales ante lo cual los antecedentes y argumentos vertidos por la Jueza, es que se encuentra en etapa distinta;
3. iii)Si bien no existe solicitud de ampliación de plazo por parte del Ministerio Público, se encuentran latentes los peligros procesales de fuga y obstaculización identificados y ante el requerimiento conclusivo de acusación fiscal es necesario garantizar la presencia del procesado. Con base a ello, existen las circunstancias procesales; y,
4. iv)Es evidente que hubo cumplimiento de plazo; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional en un caso similar, denegó la tutela (SCP 0582/2020-S4 de 16 de octubre).