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TCP

0273/2019-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
21 de octubre de 2019
Resumen del caso

Auto 0273/2019-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0273/2019-CA Sucre, 21 de octubre de 2019

Expediente: 31393-2019-63-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz

En consulta la Resolución sin fecha, cursante de fs. 1 a 13, pronunciada por el Gerente General de la Caja de Salud de la Banca Privada, por la que se rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Luis Oscar Palma Gudiño, Roberto Nivardo Mantilla Mena y Pedro Zvonimir Yaksic Feraudy, delegados para el presente proceso por la Directiva del Comité Electoral del Sindicato Médico y Ramas Afines-2019 (SIMRA) Regional La Paz de la Caja de Salud de la Banca Privada, demandando la inconstitucionalidad de los artículos segundo parágrafos I y IV del Decreto Supremo (DS) 3747 de 12 de diciembre de 2018; 2.I, II y IV de la Resolución Ministerial (RM) 1373/18 y numeral 2 del Instructivo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 002/2018, ambos de 14 de diciembre, por presuntamente vulnerar los arts. 1, 8.II, 9.2, 14, 21.2 , 22, 46 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 8 de octubre de 2019, cursante de fs. 43 a 55, los accionantes, delegados para el presente proceso por la Directiva del Comité Electoral del SIMRA - 2019, refieren que, promulgado por el Órgano Ejecutivo el 12 de diciembre de 2018, el DS 3747, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la RM 1373/18 y numeral 2 del Instructivo 002/2018, ambas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el objeto de establecer los criterios para el pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" para la gestión 2018, disponiendo como criterio de aplicación que los beneficiados con el mismo eran las servidoras y servidores, trabajadoras y trabajadores del sector público y privado, personal eventual y consultores individuales en línea cuyo total ganado no supere los Bs15 000.- (quince mil bolivianos 00/100); exceptuando de este beneficio, al personal especializado en áreas estratégicas y a todo el personal que tenga una remuneración básica superior a dicho monto.

Añaden que en el caso concreto, las normas constitucionales están siendo infringidas, por cuanto a momento de pronunciarse las disposiciones que hoy se impugnan de inconstitucionales, se lesionaron los derechos a la igualdad y trabajo en su elemento esencial a la justa remuneración, ya que suprimir el pago del segundo aguinaldo a los trabajadores del sector público y privado, en los casos en que el salario percibido excede de Bs15 000.- omitiendo reajustar dicha cifra con la finalidad de evitar vulnerar dichos derechos, se quebrantó la Norma Suprema y el Estado Constitucional de Derecho con normas infra-constitucionales y afectó de manera indebida los beneficios sociales, otorgando un segundo aguinaldo a sectores que ganan una suma igual o inferior a ese monto, discriminando a quienes perciben una suma mayor, sin efectuarse un ajuste y no suprimirse totalmente, pues muchos trabajadores que ostentan salarios aproximados pero inferiores al monto señalado, a momento de cobrar el segundo aguinaldo percibieron un monto superior al que gana un trabajador que no recibió dicho incentivo, produciéndose una ruptura al equilibrio social y un trato diferenciado, generando un criterio excluyente y distinto al establecido en la gestión 2015, en la que no se discriminó considerando el salario ganado, aspecto que quedó en evidencia cuando el propio Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió la Circular 02/2019 de 7 de febrero, refiriéndose al concepto "opcional" y la posibilidad de pago del segundo aguinaldo a los trabajadores que ganen más de Bs15 000.-, disposición que se torna en obligatoria en mérito a la regla y principio de favorabilidad, criterio normativo que se hace extensible al sector privado.

Por otra parte indican que, las normas cuestionadas vulneran el derecho a percibir un salario justo, elemento indispensable para que los trabajadores puedan sustentarse no solo a sí mismos sino también a sus familias, en el caso, al no ajustarse el pago del segundo aguinaldo hasta el monto de Bs15 000.- a efecto que aquellos que perciben un salario superior a dicha cifra también lo reciban y suprimirlo totalmente, se quebrantó el elemento esencial de ese derecho, al no considerar que las normas impugnadas tienen carácter opcional para los trabajadores del sector privado, lesionándose así su derecho fundamental a la dignidad, al no otorgar a ellos y su núcleo familiar un ingreso acorde a sus necesidades; desconociéndose de igual manera el principio de jerarquía y supremacía constitucional al determinar que el pago del segundo aguinaldo solo es aplicable a los sectores del sector público y privado que reciben un salario igual o inferior a Bs15 000.-, creando normas contrarias a las disposiciones constitucionales previstas.

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