Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0274/2018-S1 Sucre, 27 de junio de 2018
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 22358-2018-45-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución de 20 de noviembre de 2017, cursante de fs. 317 vta. a 321, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Liliana Baldiviezo Calderón de Soliz y Erlan Segundo Soliz Carrasco contra Pastor Segundo Mamani Villca, Rómulo Calle Mamami, Antonio Guido Campero Segovia, Rita Susana Nava Durán, Norka Natalia Mercado Guzmán, Maritza Suntura Juaniquina y Fidel Marcos Tordoya Rivas, ex Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 22 de septiembre de 2017 y 11 de octubre del mismo año, cursantes de fs. 18 a 28; y, 31 a 35, los accionantes manifestaron lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Liliana Baldiviezo Calderón de Soliz, fue notificada el 23 de marzo de 2017, con la Sentencia 516/2016 de 7 de noviembre, emitida por los ex Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia -hoy demandados-, dentro de la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), en la que actúa como tercera interesada, siendo en realidad la principal interesada, por ser dueña de la mercadería, que ilegal y abusivamente la ANB decomisó, Sentencia que vulneró sus derechos de petición y al debido proceso, por lo siguiente:
- a)Respecto a la lesión del derecho de petición, la hoy accionante se apersonó ante el Tribunal Supremo de Justicia, y oportunamente solicitó la extinción del proceso, argumentando que del seguimiento de la causa, observó que el demandante luego de su notificación del 6 de diciembre de 2013 con la admisión de la demanda, recién el 10 de julio de 2014, devolvió la provisión citatoria ante la Sala Plena del mencionado Tribunal, según consta en el expediente, habiéndose vencido el 6 de junio de ese año, el plazo de seis meses para la extinción del proceso, tal cual dispone la Disposición Transitoria Décima del Código Procesal Civil. Además habiéndose notificado en la fecha referida -6 de diciembre de 2013- a la ANB con la admisión de la demanda, recién el 20 de junio de 2014 se pagaron los recaudos para la provisión citatoria, siendo que ya habían transcurrido más de seis meses de abandono del proceso, tal cual se citó de la normativa correspondiente, por lo que, pidió a ese Tribunal, declarar la extinción del proceso y ordenar el archivo de obrados y/o en su defecto, anule obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie de manera fundamentada sobre cuáles serían los aspectos que permitieron la prosecución del proceso; solicitud que nunca mereció respuesta pronta, oportuna y debidamente fundamentada por parte de las autoridades ahora demandadas, limitándose a responder mediante proveído de 5 de noviembre de 2014, que existían actos útiles anteriores, que permitieron la prosecución de la causa, sin mencionar cuales serían los mismos, recalcando que la violación de su derecho de petición se produjo al no tener respuesta fundamentada respecto a su solicitud de extinción del proceso antes referido; y,
- b)Respecto a la lesión del derecho al debido proceso refirió que el 26 de octubre de 2012, funcionarios de la ANB de la sección "...Hall-vuelos internacionales del Aeropuerto Viru Viru..." (sic), en su control rutinario, procedieron a la verificación de los pasajeros internacionales que arribaron de Panamá, en la línea aérea Copa 125, en la que se encontraba su persona; al efecto presentó el Formulario 250, indicando que no tenía nada que declarar, ya que la mercadería que se encontraba en su equipaje de mano, estaba documentada y era de conocimiento de la funcionaria de la institución aduanera, quien excediéndose en sus funciones, decomisó la misma, argumentando que poseía joyas sin declarar, aclarándole que era artesana y no se trataba de contrabando sino que era la materia prima que sería empleada en su taller; al respecto, no levantó acta de comiso o la constancia de la incautación realizada, pese a las exigencias efectuadas, tampoco se realizó inventario, siendo que es un requisito indispensable para la elaboración del acta de intervención. Recién el 14 de noviembre del referido año le notificaron con el Acta de Intervención Contravencional AN-VIRZA-AI 086/2012 de 26 de octubre, y rechazando la prueba presentada por su persona, se emitió la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-VIRZA-RS-095 de 22 de noviembre del señalado año, sin que exista acta de comiso, o el aforo de la totalidad de la mercadería, o en su defecto el inventario, tal como lo dispone el procedimiento aduanero; de igual modo se establecieron dos nominaciones para una misma acta de intervención "1.- "Nombre del operativo: BISUTERIA PARA DAMA". 2.- "Acta de intervención denominado: 'JOYAS DE PLATA...'"" (sic), lo que dio lugar a confusión, pues no supo a cuál de las dos apersonarse para estar a derecho.
Por otra parte, la intervención se realizó el 26 de octubre de 2012 y el Acta de Intervención Contravencional, fue elaborada y notificada el 14 de noviembre de igual año, incumpliéndose el término para la elaboración del Acta de Intervención y su notificación con ese acto administrativo, que es de cinco días según establece el art. 33.III de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), de aplicación al caso según lo previsto por el art. 74.1 del Código Tributario Boliviano (CTB). Además, en el Acta de Intervención Contravencional se menciona la identificación de los funcionarios aduaneros que participaron en el tema; sin embargo, en el momento del operativo, se encontraba presente solo una funcionaria; por otro lado, en la relación circunstanciada se menciona que se indicó a su persona, que la mercancía sería decomisada y que debía aguardar el término del vuelo para emisión del acta de intervención contravencional; empero, dicha acta le fue notificada veinte días después, en la que se presume la comisión del delito de contrabando contravencional, tipificado en el art. 181 inc. b) del CTB, lo que no se adecúa a la realidad, ya que su persona, presentó documentación de descargo, con lo que se demuestra que es compradora de buena fe. Finalmente, en la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-VIRZA-RS-095/2012 de 22 de noviembre, no se identificó cuál sería la deuda tributaria, ni los fundamentos de hecho y de derecho, ya que simplemente se limitó a realizar una copia textual de la norma en la que supuestamente se adecuaría su conducta, omisiones que vician de nulidad la citada Resolución Sancionatoria de Contrabando.
El Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia 516/2016, que resolvió declarar probada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la ANB contra la AGIT, revocando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1026/2013 de 17 de julio, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0178/2013 de 5 de abril, que confirmó a su vez, la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-VIRZA-RS-095/2012, no tomó en cuenta las siguientes consideraciones:
- 1)No se realizó en la demanda, una descripción y separación para determinar el porcentaje de oro, plata o platino, ni se hizo una diferenciación entre los mencionados elementos; toda vez que, la bisutería no puede ser considerada metal precioso; al margen de ello, la Administración Aduanera, afirmó que toda la mercancía era de "plata 925"; empero, no toda la platería tiene el mismo rango, tampoco la totalidad de la mercancía era de material terminado, por ello la importancia de la realización de un inventario tal cual manda el procedimiento;
- 2)Son falsas las declaraciones de la Administración Aduanera, respecto a que existiría detalle y descripción de la mercadería, por cuanto, no se describió cuántos anillos, manillas, cadenas, tobilleras, dijes, se encontraban dentro de la mercancía decomisada; por otro lado, no mencionó el peso que tendrían cada uno de ellos o si cuentan con piedras preciosas o no; las partidas arancelarias mencionadas, son exclusivamente para metales preciosos de alta pureza, sin mencionar ninguna partida arancelaria para chapados de metal precioso o "plaqué", sino que directamente catalogó la mercancía como de alta pureza, sin especificar cómo se definió dicho aspecto, tomando en cuenta además que la prueba de descargo nunca fue compulsada, ni se pronunciaron negando o rechazando la misma; finalmente, existiría bisutería que no estaba concluida, que no fueron determinadas por dicha entidad, porque nunca se realizó la descripción de ellas;
- 3)La Administración Aduanera, desconoció la normativa que se encontraba vigente al momento de la intervención, entre las que se encuentra el modelo formulado por la misma, respecto a cómo se debe realizar el inventario y descripción de la mercancía decomisada, que tiene como propósito precisamente, evitar otros precios y determinar el arancel al que sí pertenecen; y,
- 4)Desconoció además la Resolución de Directorio R.D. 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, en la que se establece la forma en que debe realizarse el comiso y la descripción de la mercancía. Al respecto, la Administración Aduanera, al emitir una ilegal Acta de Intervención y fundar en ella la Resolución Sancionatoria de Contrabando, faltando a la verdad, vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa por lo siguiente:
- i)La Autoridad Aduanera sin argumento legal, mencionó que no tiene plazo para presentar el Acta de Intervención Contravencional; sin embargo, el procedimiento aplicable al caso concreto, contenido en el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, aprobado por la Resolución de Directorio RD 01-003-11, vigente a momento de la intervención en el presente caso, dispone que la inventariación, valoración y acta de intervención, deben realizarse en el término máximo de setenta y dos horas, y autoriza inclusive habilitar en caso de ser necesario días y horas inhábiles, e incluso personal a fin de cumplir con los plazos y términos, mismo que fue incumplido y no se justificó la demora; de igual manera, la Disposición Adicional Décima Tercera de la Ley del Presupuesto General del Estado (Gestión 2013) -Ley 317 de 11 de diciembre de 2012-, que modificó el parágrafo II del art. 96 del CTB, es imperativa al señalar el plazo máximo de diez días para la elaboración del Acta de Intervención Contravencional, por ello resulta ilegal la afirmación de la Administración Aduanera, respecto a la inexistencia de plazo. En el caso, el Acta de Intervención Contravencional AN-VIRZA-AI 086/2012, recién le fue notificada el 14 de noviembre de ese año, después de vencido el plazo, aspecto que -reitera- suprimió sus derechos a la defensa y al debido proceso;
- ii)La Administración Aduanera, se limitó a mencionar que se habría analizado las pruebas de descargo plasmado en el Informe Técnico AN-VIRZA-IN 1929/12 de 22 de noviembre 2012, contradictoriamente señaló que las mismas serían insuficientes para desvirtuar las observaciones del Acta de Intervención Contravencional y por otro lado, que no demuestran la declaración oportuna, afirmación falsa porque el referido informe en ningún momento valoró ni compulsó las pruebas de descargo; sin embargo, las facturas y demás descargos; si bien no fueron presentados al momento de la intervención en originales, fueron adjuntadas como prueba de descargo en aplicación de los arts. 68.7, 77 y el segundo párrafo del art. 98 todos del CTB. Respecto a la omisión reconocida por su persona de no realizar una declaración oportuna de la mercadería antes del arribo del vuelo, indicó que fue porque tenía toda la documentación respaldatoria de la legal internación de la mercadería al país, considerando además que el art. 98 del referido cuerpo legal, establece el término de tres días para presentar descargos, omisión que en todo caso debió ser multada, pero no decomisar la mercadería sin compulsar la prueba presentada dentro del plazo señalado; de ahí que, sobre la base de la referida, fue elaborada el Acta de Intervención Contravencional, otorgándole tres días de plazo para la presentación de descargos, lo contrario habría significado, no abrir plazo probatorio y aplicar directamente "...el régimen de viajero..." (sic); sin embargo, la base del presente proceso es el Acta de Intervención Contravencional AN-VIRZA-AI 086/2012, que no hizo referencia al procedimiento para el Régimen de Viajeros, simplemente se limitó a elaborar el Acta de Intervención Contravencional con base en los arts. 96, 181, 186 y 187 (último párrafo) del citado Código;
- iii)La Administración Aduanera, menciona que no existe causal de nulidad del Acta de Intervención Contravencional, porque no carece de ningún requisito formal indispensable y no dio lugar a la indefensión de los interesados, afirmación que es falsa; toda vez que, al no efectuarse una verificación minuciosa de toda la mercancía decomisada, la falta de un inventario "ítem por ítem", para poder determinar la verdadera naturaleza de la mercadería y así poder realizar de manera objetiva y fundamentada la valoración de acuerdo a derecho, se incurrió en las nulidades previstas en el art. 96.II y III del referido Código, por cuanto en la indicada Acta no se consignó, el detalle pormenorizado de la mercancía ilegalmente decomisada, los elementos que dieron lugar al decomiso y la valoración de la misma previo inventario e identificación del método o parámetro utilizado para realizar dicha valoración, lo que ocasionó que se le otorgara un precio que no le correspondía. Por otro lado, la Administración Aduanera, no se pronunció respecto a que el Acta de Intervención Contravencional se encuentra afectada de falsedad ideológica, por cuanto a la hora del decomiso en Contrabando, 01:15 en adelante, del 26 de octubre de 2012, no se encontraba el Administrador ni los demás funcionarios;
- iv)La Resolución Sancionatoria fue dictada con base en el Acta de Intervención Contravencional AN-VIRZA-AI 086/2012, que es falsa y nula de pleno derecho; por lo tanto, la primera, es nula de igual manera, porque además no contiene especificaciones sobre la supuesta deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, ni la calificación de la conducta supuestamente contravencional, lo que constituye causal de nulidad de acuerdo al art. 99.II del CTB; y,
- v)No existe el supuesto delito de contrabando contravencional porque en ningún momento se realizó el tráfico de la mercadería sin documentación legal; toda vez que, la documentación pertinente fue presentada oportunamente ante la Administración Aduanera para la compulsa de la misma, que nunca se efectuó, por lo que no se advierte la presunta contravención aduanera establecida en el art. 181 inc. b) del referido Código. Por otro lado, la mercadería decomisada, es materia prima para concluir trabajos de artesanía, por ello, no existe contravención aduanera, además que esta no fue trasladada de un lugar a otro dentro del territorio nacional, por lo que no se puede hablar de tráfico de mercadería, peor aún que no tenía documentación legal.
Al margen de lo expresado, una de las formas de lesión al debido proceso, se produjo cuando las autoridades hoy demandadas, señalaron que "...el hecho que debe ser circunstanciadamente descrito, es la conducta del sujeto pasivo que es acusado de la comisión de una contravención de contrabando, pues la clara descripción de tiempo, lugar y circunstancias se encuentran directamente relacionados con el hecho a la defensa, relación contenida en el acta de intervención Contravencional que nunca fue controvertida por el sujeto pasivo -tercero interesado- quien únicamente considera importante la descripción ítem por ítem de la mercancía; sin embargo en su exposición de agravios, no menciona cual es el efectivo daño que se le hubiera causado" (sic); afirmación falsa porque su persona nunca cometió delito de contrabando contravencional y así lo demostró presentando prueba de descargo que evidencia la internación legal de la mercancía, que no fue valorada, concluyendo que su persona habría incurrido en la conducta establecida en el art. 181 inc. b) del CTB, simplemente porque no hizo la declaración oportuna del Formulario 250, omitiendo considerar los tres días de plazo para la presentación de prueba; por lo que en virtud del principio de verdad material, las autoridades demandadas debieron pronunciarse sobre los descargos presentados.
Por otro lado, en la Sentencia 516/2016, cuya nulidad se pretende, las autoridades ahora demandadas mencionaron que es correcta y válida la descripción de la mercancía objeto de contrabando y/o decomisada, con valoración y liquidación de tributos; toda vez que, existe un acta de inventario de dicha mercancía, descrita como joyas de "plata 925" y bisutería de plata, tabla de cotizaciones del 26 de octubre de 2012, Circular 251/2012 de 26 de igual mes, cuadro de valor con número correlativo 86/2016 y liquidación de tributo; al respecto, nunca existió una descripción, ya que según el parte de recepción de mercancías de la Administración de Aduana del Aeropuerto Viru Viru, existe simplemente el peso, joyas de plata 23,5 kg, y bisutería de 5,20 kg, lo que fue repetido por la ANB, es decir, simplemente se realizó un pesaje y no una descripción, presumiendo que se trata de "plata 925", la más fina, sin haberla verificado ni inspeccionado; se cuestiona además que se desconoce de dónde emergió el presunto valor de $us201,85.- (doscientos un 85/100 dólares estadounidenses) correspondiente a la bisutería, pues no se indicó en qué se fundamenta dicho extremo; asimismo, el Acta de Intervención Contravencional es de 26 de octubre de 2012; sin embargo, se toma como referencia la tabla de cotización de moneda emitida por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la semana comprendida del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2012, es decir, tres días después de que se realizó la valoración de la mercancía.
Erlan Segundo Soliz Carrasco -por memorial de subsanación presentado el 11 de octubre de 2017- por sí y en representación legal "con o sin mandato" expresó que su esposa Liliana Baldiviezo Calderón de Soliz, manifestó la vulneración de su derecho de petición por cuanto los ex Magistrados hoy demandados, no se pronunciaron de manera pronta, oportuna y debidamente fundamentada, respecto a la solicitud de extinción del proceso contencioso administrativo instaurado por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la ANB contra la AGIT, aspecto que lesiona del mismo modo, el principio de congruencia al no existir relación entre lo peticionado y lo resuelto por los demandados. Por otro lado, alegó la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, en el entendido de que los demandados nombrados, no se pronunciaron de manera fundamentada sobre el contenido de sus peticiones.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
La accionante, Liliana Baldiviezo Calderón de Soliz, estima lesionados sus derechos de petición, al debido proceso, y a la defensa, citando al efecto los arts. 24, 115.II, 180.I, 235.1 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
El coaccionante Erlan Segundo Soliz Carrasco, a través del memorial de subsanación alega la vulneración de sus derechos de petición, además del debido proceso en sus elementos, de congruencia y fundamentación, sin hacer cita de ninguna disposición constitucional.
I.1.3. Petitorio
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