Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0274/2019-CA Sucre, 21 de octubre de 2019
Expediente: 31410-2019-63-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución de 11 de octubre de 2019, cursante de fs. 51 a 53, pronunciada por el Juzgado Público de Familia Octavo del departamento de Santa Cruz, que determinó RECHAZAR promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Mónica Sarah Inza Alarcón, demandando la inconstitucionalidad del art. 386.I inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), por supuestamente ser contrario a los arts. 115.I y II y 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Mediante memorial de 31 de julio de 2018, cursante de fs. 43 a 45, la accionante señala que dentro de la demanda de comprobación judicial de unión libre que siguió, la Jueza Pública de Familia Octava el departamento de La Paz, de instancia dictó la Sentencia 95 de 12 de junio de 2017, que declaró improbada la misma sin costas, la cual fue apelada, emitiéndose el Auto de Vista 0031/2017 de 16 de noviembre, por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento[H1], con imposición de costas en ambas instancias en su contra, notificada que fue el 11 de junio de 2018, y al no existir recurso ordinario alguno para impugnar la infundada y parcializada resolución y antes de que se pronuncie sobre el cumplimiento de esa determinación solicitó se promueva la presente accion normativa.
Refiere que los Vocales a tiempo de dictar el citado Auto de Vista no solo han incumplido su deber de fundamentar esa resolución pronunciándose sobre todos los puntos motivo de apelación, sino que han actuado de manera injusta y parcializada al aplicar la letra muerta de una disposición legal para imponerle el pago de costas en ambas instancias; si bien el art. 386.I inc. b) del CFPF les faculta actuar de esa manera, empero, no es menos cierto que esa figura jurídica, que deviene del art. 237.I.1 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPC Abrg), no solo contiene una contradicción en sí misma al establecer que la confirmación total de la sentencia es una condición para la imposición de costas en ambas instancias, siendo que el pronunciamiento del Juez de instancia sobre las costas forma parte de la misma, sino que implica modificar esa sentencia confirmada totalmente para cumplir con esa condición contradiciéndose con lo previsto por el art. 407.II del CFPF y las normas constitucionales señaladas, lesionando el debido proceso en su triple dimensión como derecho fundamental, principio procesal y garantía de cumplimiento de esas normas, por parte de los administradores de justicia.
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