Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0274/2019-S1 Sucre, 22 de mayo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 26230-2018-53-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 155/2018 de 25 de octubre, cursante de fs. 920 a 928 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Ariel Ordoñez Beltran contra Carlos Andrés Oblitas Álvarez, ex; y, Maggi Susana Corrillo Romero, actual, Fiscal Departamental de Tarija; Jeannethe Rodríguez Barrero; y, Fernando Valverde y Sebastián, ambos Fiscales de Materia del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 6 y 13 de julio, ambos de 2018, cursantes de fs. 663 a 674 y de 680 a 685, el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 1 de septiembre de 2017, se inició proceso penal ante el Ministerio Público a instancia de Víctor Ezequiel Borda Belzu, Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, a querella de Elías Fernando Garzón Ortega -hoy terceros interesados-; y, apersonamiento como víctima de Jaime Ariel Ordoñez Beltrán -ahora impetrante de tutela-, contra Walter Jorge Daza Alá -tercero interesado-, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, ejercicio indebido de profesión, ejercicio ilegal de la medicina y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, incoada como consecuencia de que el referido denunciado para acceder al cargo de Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), habría utilizado el certificado de 23 de abril de 2013 extendido por la "...empresa GRECO CORP, CORPORACIÓN BUSINESS CONSULTING..." (sic), que en su contenido expresa que hubiese culminado la especialidad en medicina legal, entre otros aspectos, relacionados con la duración de la misma; sin embargo, en virtud a la solicitud de información efectuada al Gerente General de la mencionada empresa, el mismo señala que Walter Jorge Daza Alá, no se tituló como especialista, ni concluyó el programa correspondiente y que la persona que extendió el mismo no estaba autorizada para ello.
En el desarrollo de dicho proceso penal se presentaron tres personas que a título de víctimas denunciaron o interpusieron querella contra Walter Jorge Daza Alá, constituyéndose su persona como víctima dentro de la referida causa y por tanto en parte, conforme los arts. 11 y 121 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Así, luego de casi noventa días de investigación preliminar y sin que exista conminatoria del Juez a cargo del control jurisdiccional del proceso, los Fiscales de Materia -hoy codemandados- dictaron la Resolución de rechazo de denuncia de 29 de noviembre de 2017, amparándose en el art. 304.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no obstante de establecerse que se colectaron veinte indicios, relacionados con declaraciones y documentos, de los cuales únicamente se efectuó la valoración de alguno de ellos, acomodando los mismos para expresar la inconcurrencia de los tipos penales investigados, no mereciendo los demás, análisis intelectivo alguno, siendo inconcebible que se hubiera emitido la referida Resolución sin analizar individualmente todos y cada uno de los elementos indiciarios acumulados, afectando a la verdad material e incumpliendo el deber de "fundamentación" por omisión de valoración y análisis integral de los elementos de convicción, cuando debieron dictarla en base a los arts. 73 y 304 del citado Código; y, art. 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-.
Ante tal Resolución, al amparo del art. 305 del CPP, por memorial de 12 de diciembre de 2017, formuló objeción al rechazo de denuncia, solicitando la revocatoria de la misma y la imputación formal, expresando puntualmente cuatro agravios; siendo resuelta por Gilbert Muñoz Ortiz, ex Fiscal Departamental de Tarija, a través de la Resolución jerárquica de 28 de igual mes y año, por la cual dispuso ratificar la Resolución de rechazo y el archivo de obrados; Resolución que, en el numeral sexto en sus quince incisos expresó los fundamentos de la ratificación, en los cuales del inc. a) al f) se limitó a copiar los tipos penales denunciados y a trascribir el análisis doctrinal de diversos autores sobre el mismo; en el inc. h) determinó que los extremos establecidos en la Resolución objetada serían ciertos en cuanto a los certificados de 23 de abril de 2013 y de 13 de abril de 2015; para en el inc. i) analizar dichos documentos; en los incisos j), k) y l) efectuar el estudio de los delitos investigados; en el inc. m) señalar la subjetividad de lo manifestado por su persona, al no poderse afirmar que el certificado de 13 del mismo mes y año, resulte mucho más falso que las otras; y, en los incisos n) y o) hace menciones doctrinales sobre el principio de intervención mínima del derecho penal y sobre la facultad de rechazo del Ministerio Público.
A partir de estos fundamentos, si bien, en la Resolución jerárquica de 28 de diciembre de 2017, se admitió la existencia de los cuatro agravios formulados, no se pronunció ni "fundamentó" en la manera solicitada respecto al segundo agravio, relacionado con la falsedad ideológica contenida en el certificado de 13 de abril de 2015 y la incongruencia que existiría con los "otros" cursantes en el cuaderno de investigación; y, tampoco con relación al cuarto agravio, en el cual, se limitó a señalar que analizados los diversos títulos profesionales del denunciado -hoy tercero interesado- tendría el título de Médico Cirujano; por lo que, no ejerció indebidamente dicha profesión; además, de responder con un tema diferente sin atender lo peticionado, al establecer que el art. 164 del Código Penal (CP), no aludía a títulos de post grado; por el cual, se debía estar al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y que el art. 218.1 del citado Código, no le era aplicable al hoy tercero interesado, al ser bien jurídico -protegido- la salud pública, que difiere de las funciones del IDIF, ya que el Médico Forense no realiza medicina clínica; cuando no se cuestionó la existencia o no del título médico del nombrado, sino la legalidad de su actuación como Médico Legal y Forense sin tener la especialidad requerida, situación que fue omitida en la Resolución -hoy cuestionada-; incurriendo de esta manera en la lesión del deber de "...Fundamentación por Incongruencia Omisiva sobre los agravios" (sic), inobservando las normas procesales antes citadas, como el art. 305 del CPP; y, el art. 65 de la LOMP, conllevando que la señalada Resolución adolezca de una incongruencia omisiva o citra petita.
I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados
El peticionante de tutela, denuncia como lesionado su derecho y garantía al debido proceso en su elemento de "fundamentación" en relación con "...el análisis y valoración integral de la prueba" (sic); y, el mencionado componente de la "fundamentación" por incongruencia omisiva o citra petita; citando al efecto los arts. 115, 117 y 119 de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada y se deje sin efecto la Resolución jerárquica de 28 de diciembre de 2017, disponiendo que la "autoridad fiscal jerárquica" dicte una nueva resolución.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública, el 25 de octubre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 913 a 920, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
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