0274/2019-S4

En etapa de apelación, denunció:

1. a)La falta de motivación y fundamentación en la resolución, considerando que el único argumento utilizado fue el transcurso del tiempo en la emisión de la resolución judicial y la inexistencia de normativa legal sobre la disposición de ingreso de la causa para resolución por orden cronológico;
2. b)Incongruencia, dado que por un lado sostuvo que no existía dolo ni negligencia en su autoridad; empero, declara probada la denuncia por la falta contenida en el art. 187.14 de la LOJ, sin tener pruebas en su contra, por la supuesta retardación indebida, que se presenta únicamente cuando existen esos elementos dolo y negligencia; consecuentemente, las autoridades demandadas debieron señalar con precisión que actuó con malicia, negligencia o de manera ilegal, con ganas de perjudicar a la parte denunciante;
3. c)La vulneración del derecho de presunción de inocencia, al no haber investigado la abundante cantidad de trabajo que existía en el despacho judicial (mil quinientas veintiún causas en movimiento y setecientas treinta y cuatro resoluciones dictadas durante la gestión 2015), que hace humanamente imposible cumplir con los plazos procesales;
4. d)Tampoco se investigó la desproporcionalidad que existe en los juzgados de los diferentes distritos judiciales en incluso en el mismo distrito;
5. e)La parte denunciante y/o en su caso la Jueza Disciplinaria tenían la obligación de demostrar que no cumplió con los horarios de trabajo establecidos, que no trabajó en horario de oficina, que generó de manera indebida, retardo o demora procesal y que fue con intención, malicia, falta de voluntad, o negligencia que no dictó resolución dentro del plazo establecido por ley; sin que el demandado tenga la necesidad de presentar prueba de descargo al no existir inversión de la prueba; consecuentemente, era deber del denunciante demostrar su denuncia sustentando que el accionar fue indebido e injustificable, como requisito indispensable para una correcta tipificación de su conducta;
6. f)La LOJ dispone que para ser considerada la falta disciplinaria endilgada, debe demostrarse el accionar indebido del denunciado, como requisito indispensable para una correcta tipificación de la conducta; empero, en el caso de autos ni el denunciante, ni la Jueza Disciplinaria y mucho menos los Consejeros de la Magistratura demostraron tal hecho.

La resolución de alzada resultó ser atentatoria a sus derechos y garantías, porque:

1. 1)No mencionó nada sobre dolo y negligencia; es más, no se pronuncia sobre ninguna prueba, porque en antecedentes no existen medios probatorios con los que se pueda demostrar la conducta indebida de la parte denunciada, observándose únicamente la relación teórica de alguna normativa legal;
2. 2)Es incongruente al sancionar sin prueba, alegando la denuncia de indebida omisión de justicia; pese a que no se investigó lo que realmente ocurre en un despacho judicial; no consideraron el número de causas que originó la excesiva carga procesal; lo inhumano que representa tramitar esa cantidad de procesos; la imposibilidad de cumplir con los plazos procesales; no argumentó por qué se consideraba existente la indebida retardación, tampoco mencionó cuál fue la prueba considerada como contundente para sostener que es culpable de la falta disciplinaria que le atribuye, ni exigió algún estudio que permita conocer cuántas causas puede tramitar un Juez, para afirmar que actuó con indebida retardación; considerando que la jurisprudencia internacional, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que un juez puede tramitar 300 causas, lo que demuestra que estuvo realizando el trabajo de cinco jueces y ese aspecto no fue considerado por las autoridades disciplinarias, pese a la obligación que tienen de aplicar el principio de objetividad;
3. 3)Se le sancionó por haber incumplido plazos procesales para dictar providencias, cuando el plazo debía computarse desde que la secretaria pase el proceso a despacho para resolución, de acuerdo a la excesiva carga procesal;
4. 4)No fundamentó respecto a la diferenciación entre las funciones asignadas al Juez y la secretaria, confundiendo sus atribuciones específicas;
5. 5)Considera que no existen indicios de responsabilidad disciplinaria, como erróneamente ha determinado la Jueza Disciplinaria, que no observó los principios de legalidad e imparcialidad, que implica que se deben a la Constitución, las Leyes y que los asuntos que sean de su conocimiento serán resueltos sin interferencia de ninguna naturaleza, sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia; asimismo, el principio de seguridad jurídica que es la aplicación objetiva de la ley.

Las autoridades demandadas expresaron un criterio altamente inconstitucional porque atenta al derecho al trabajo, a la vida en su componente de dignidad de la persona humana, dado que no es posible concebir que exijan el cumplimiento de los plazos procesales sin considerar la extrema carga procesal que existe en los juzgados y aplicar la letra muerta de la ley; sin considerar el esfuerzo realizado y que por carencia de trabajo, se ven en la penosa situación de soportar incluso trato discriminatorio e inhumano; no obstante que los jueces tiene derechos y garantías constitucionales, entre ellos a trabajar con todos los derechos de los seres humanos, a no ser explotados, no ser víctimas de acoso laboral, entre otros. Sin embargo, los demandados no hacen nada para mejorar la administración de justicia, limitándose a desprestigiar y sancionar a los jueces que hacen su trabajo, cual si fuesen enemigos, en vez de buscar las creación de juzgados acorde a las necesidades de cada región. De igual manera la Resolución 423/2016 afirmó que la Sentencia apelada no era contradictoria; sin embargo, de la revisión de la misma se puede advertir que en ninguna de sus partes valorizó ningún medio de prueba y se limitó a analizar el memorial de denuncia. Los cuestionamientos a la resolución de alzada se resumen en los siguientes puntos:

1. i)No ingresó a analizar el fondo de los puntos apelados;
2. ii)No realizó análisis de las pruebas, de manera individual;
3. iii)Omitió valorar, mencionar las pruebas señaladas y aportadas por la parte demandada;
4. iv)Tampoco dispuso que la Jueza de instancia deba investigar los motivos por los que se produjo la demora; vulnerando así su derecho a obtener una resolución fundamentada y congruente que responda todos los elementos formulados en su apelación, incluyendo el análisis de las consecuencias de la carga procesal del juzgado que se encontraba a su cargo.