0275/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0275/2019-S3 Sucre, 8 de julio de 2019

SALA TERCERA Magistrado Relator MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional

Expediente: 26923-2018-54-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 03 de 14 de noviembre de 2018, cursante de fs. 273 a 277, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Román Bravo contra Irma Villavicencio Suárez y Samuel Saucedo Iriarte, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Carmen Raquel Ruiz Pizarro, Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital de ese departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales de 15 y 26 de octubre de 2018, cursantes de fs. 200 a 213 y 230 a 237, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de comprobación judicial de unión libre y división de comunidad ganancial instaurado el 2 de agosto de 2017 en su contra, a instancia de Yaneth Flores Ribera, alegando que desde el 20 de enero del 2000, mantuvieron una relación concubinaria hasta el 10 de marzo de 2017; contestó a la referida demanda, negando aspectos como el tiempo de continuación de la unión, que solo duró hasta agosto de 2012, ya que por cuestiones laborales se tuvo que trasladar a la ciudad de Santa Cruz y la demandante de ese proceso, no quiso mudarse con él, inclusive ya tenía pareja con quien vivía en su propia casa de la ciudad de Cochabamba y por el hecho de pedir la desocupación del bien inmueble de su propiedad, la prenombrada inició el señalado proceso familiar.

Mediante Sentencia 241/17 de 16 de noviembre de 2017, la Jueza Pública de Familia Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda de reconocimiento de la unión libre o de hecho, desde el 2004 hasta diciembre de 2012, vulnerando el debido proceso en su elemento a la congruencia, puesto que incorrectamente se consignó como demandada a Albina Valdivia Guzmán y no así a su persona; asimismo, si bien la demandante manifestó que convivieron de 2001 a 2017, cómo es que se concluyó que la relación concubinaria duró de 2004 a 2012 cuando existía un certificado de matrimonio entre Marco Antonio Román Bravo y Margot Hilda Cabrera Solano, que fue disuelto por Sentencia de divorcio de 9 de junio de 2010 en el entonces Juzgado de Partido de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, por lo tanto no existía libertad de estado para declarar legal la unión libre o de hecho de conformidad con los arts. 63.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y 140 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); denotando en la Sentencia 241/17, incoherencia al establecer que no se recibió prueba testifical de cargo ni descargo y pese a su legal notificación, tampoco se hicieron presentes a la audiencia la demandante ni su abogado; sin embargo, se recepcionó las declaraciones de las testigos de descargo Blanca Méndez Gutiérrez y Sonia Ruth Suárez Cuellar.

Por otra parte, el Auto de Vista 178/18 de 6 de abril de 2018, emitido por el Tribunal de alzada, consideró la aplicación de la presunción de conformidad con el art. 164 del CFPF y lo contrario debe ser comprobado y de no hacerlo, vulnera la motivación como elemento del debido proceso; asimismo, la certificación de 18 de julio de 2017, emitida por la Organización Territorial de Base (OTB) de Pacata Alta, refiere a que fueron vistos como esposos asistiendo a reuniones convocadas por la organización, misma que fue desmentida con la certificación de 13 de septiembre de ese año, que indica lo contrario; con relación a las declaraciones notariales de Norha Martha Cáceres de Viamont y Hania Susana Montaño Morales, estas no son válidas, por tratarse de terceras personas, que no cumple con los principios de inmediación ni contradicción.

En cuanto a los extractos de la cuenta bancaria, fueron valorados por el Tribunal de alzada, cuando no constituyen prueba para demostrar la unión libre o de hecho, pues los depósitos para pagos de servicios básicos y mantenimiento del inmueble, no pueden traducirse en la reanudación de la vida en común con la demandante. Así también, se valoró las fotografías aportadas sin acreditarse su autenticidad con el apoyo de algún soporte como las certificaciones o atestiguaciones para la credibilidad de las mismas; por lo que excepcionalmente debe la jurisdicción constitucional realizar la valoración de la prueba desarrollada en la jurisdicción ordinaria, ya que el Tribunal ad quem se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad; y omitió cierta prueba inherente al caso, generando lesión a los derechos y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión al debido proceso en sus elementos a la motivación, a la fundamentación, a la congruencia y valoración de la prueba, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al juez natural y los principios de razonabilidad, objetividad, legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto el art. 115.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio