0275/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0275/2022-S1 Sucre, 19 de mayo de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 40349-2021-81-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 54/21 de 4 de mayo de 2021, cursante de fs. 309 a 313 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Hugo Roca Banegas en representación con mandato de Alberto Pozo Vedia contra Walter Pérez Lora y Gladys Alba Franco, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz; y, Vivian Fabiola Torrez Saavedra, Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de abril de 2021, cursante de fs. 268 a 273, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 11 de marzo de 2002, se le inició un proceso por la comisión del delito de falsedad material, falsedad ideológica y otros a denuncia de Ayden Vaca Guzmán Prado, que concluyó con sentencia condenatoria de tres años y seis meses; en ese sentido, la entonces denunciante presentó el 10 de enero de 2020, demanda de reparación de daño, costas, costos y honorarios ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, a cargo de la Jueza demandada Vivian Fabiola Torrez Saavedra, autoridad que el 28 de enero de 2020, vulnerando el debido proceso y de manera errónea dictó una resolución en la cual supedita la admisión de la demanda previo cumplimiento del art. 291 -entiéndase del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, determinando correr en traslado la "querella" y que esta sea respondida u objetada en el término de tres días.

Notificadas las partes, la denunciante, planteó recurso de reposición contra la resolución de 28 de enero de 2020, fundamentando que la figura de la objeción corresponde a una querella criminal y que debería tomarse en cuenta que se trata de una demanda de reparación de daño civil, debiendo tramitarse conforme lo previsto en los arts. 382, 383, 384 y 385 de la ley adjetiva penal, no obstante el referido recurso fue rechazado, notificándole con todos los actuados; por lo que, mediante memorial de 21 de febrero del mismo año, hizo conocer su estado de incertidumbre respecto a desconocer si se trataba de una demanda o una querella, mereciendo el decreto de la Jueza, disponiendo que el impetrante esté a procedimiento, sin tomar en cuenta que la reparación de daño civil tiene otro tratamiento de acuerdo a procedimiento.

Posteriormente la jueza, haciendo caso omiso y vulnerando sus derechos al debido proceso y a la defensa, procedió a señalar audiencia pública para el 2 de septiembre de 2020, notificando a una persona que no era parte del proceso, además que el referido decreto es incongruente al señalar en la parte considerativa que: "al cumplir la querella con los requisitos de admisibilidad de acuerdo a lo previsto por el art. 384 del CP" (sic), por lo que considera que con el referido decreto la Jueza estaría confirmando la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, defensa y debido proceso, dejándolo en absoluta indefensión e incertidumbre, pues a la fecha no se le habría notificado con ninguna "querella", sin que la demanda de reparación del daño nazca a la vida del derecho conforme se constata del Auto Interlocutorio 20 de 2 de septiembre de 2020, ante esta última resolución interpuso recurso de apelación incidental el 18 de septiembre de 2020, dictando los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Auto de Vista 137 de 30 de octubre de 2020, mismo que es incongruente y contradictorio debido a que por una parte reconoce que la Jueza A quo demandada no habría tomado en cuenta lo previsto en el art. 385 de la Ley 1970, violentando el principio de legalidad y el debido proceso al haber aplicado los arts. 290 y 291 del CPP a un proceso de reparación de daño, aspecto que fue observado por la parte demandante; no obstante, a pesar de lo fundamentado, declararon admisible e improcedente la apelación interpuesta, por lo que otro de los motivos de la presente acción en contra de los Vocales también demandados por mantener vigente el decreto de 28 de enero de 2020 emitido por la Jueza demandada, mal interpretando y aplicando de manera errónea las normas del proceso penal respecto de la demanda de reparación de daño civil, que se asemeja más a una demanda civil; y, que a pesar de la errónea actuación de la Jueza admiten la demanda y dan por cumplida la formalidad, y para tramitar la demanda tomaron en cuenta las normas aplicables para la reparación de daño insertas en el art. 385 y ss del CPP, cuando jamás fue notificado con una demanda de reparación de daño, si no con una querella, lo que le imposibilitó contestarla. Devuelto el expediente al juzgado de origen, se señaló audiencia de conciliación y resolución final, sin que se le notifique; empero, la jueza accionada llevó adelante la audiencia dictando la Sentencia 11 de 26 de noviembre de 2020, sin verificar que las notificaciones estén corrientes; por lo que, tratándose de un acto ilegal "se le conceda la tutela" por haberlo colocado en indefensión; razón por la cual interpuso recurso de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 40 de 17 de marzo de 2021, de forma arbitraria e ilegal, debido a que no valoraron cuestiones que fueron expuestas en el recurso de apelación, además de que los Vocales no dieron cumplimiento al art. 398 del CPP a momento de considerar unas pruebas, haciendo del Auto de Vista una resolución incomprensible que vulnera el debido proceso, pese a que los Vocales reconocieron que la Jueza actuó erróneamente, consideraron también que el procedimiento se habría reconducido, vulnerando sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, defensa al haber fallado de manera incongruente y con falta de fundamentación, por lo que solicita se conceda la tutela.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de derecho a la defensa, congruencia, motivación, fundamentación, valoración de la prueba; a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto el art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), y el principio de trascendencia.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se anule obrados, hasta el decreto de 28 de enero de 2020, ordenando a la Jueza demandada de cumplimiento al procedimiento de reparación de daño establecidos en los arts. 382, 383, 384 y 385 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 4 de mayo de 2021; tal como consta en acta cursante de fs. 305 a 309, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y amplió su argumentos de la siguiente manera: Expresa como agravio, que no fue notificado para la audiencia de conciliación y resolución señalada para el día jueves 26 de noviembre de 2020, llevada adelante de manera unilateral, emitiendo la Jueza una sentencia contradictoria en la que no se pudo demostrar con pruebas idóneas el monto a cancelar por la reparación del daño, por lo que además de haberse vulnerado el debido proceso en sus vertientes señaladas, se ha vulnerado los principios de trascendencia y congruencia, solicitando se le conceda la tutela impetrada y se anule obrados hasta el decreto de 28 de enero de 2020 y se ordene el cumplimiento de lo establecido en el art. 382, 383, 384 y 385 del CPP.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Walter Pérez Lora y Gladys Alba Franco, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa Cruz, pese haber sido citados con la presente acción de defensa, no se hicieron presentes en la audiencia, ni remitieron informe alguno.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

La representación fiscal no se hizo presente en la audiencia a pesar de su legal notificación.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

El abogado del tercer interesado Renán Ribera refirió: alega el accionante sentirse en incertidumbre respecto de la demanda planteada por Ayden Vaca Guzmán Prado, al no saber si se trata de una querella o una demanda, pero nótese que al reconocer que fue notificado con la Resolución de 28 de enero de 2020, dictado por la Juez ahora demandada admite haber sido notificado a efectos de que este se pronuncie, responda a la acción o en su caso objete, y si tenía incertidumbre podía activar los mecanismos establecidos por ley, como la complementación y enmienda, incidente de nulidad, o saneamiento procesal conforme al principio de impugnación establecido en el art. 180.1 de la CPE, no obstante el 21 de febrero hace conocer el accionante esta situación a la Juez de la causa, misma que señaló audiencia a objeto de compulsar si la objeción o contestación a la demanda había sido efectuada por el accionante, debido a que la figura de la incertidumbre no está contemplada en la normativa; por lo que, se deduce que habría consentido la pretensión de reparación del daño, procediendo la Juez a la admisión de dicha demanda y aplicar el procedimiento establecido en la ley adjetiva penal.

El solicitante de tutela sin lealtad procesal, señaló no haber sido notificado; sin embargo, efectúo un apersonamiento a momento de presentar su memorial por el cual señalaba que no entendía si se trataba de una demanda o de una querella; es decir, que el accionante ha consentido la pretensión de "Ayden Prado Guzmán", y al efecto el Auto Supremo 250 de 9 de marzo de 2017, establece que no proceden las nulidades cuando la incidencia de la misma, no haya afectado la igualdad del derecho, cuando la nulidad del acto reclamado sea subsanado con un acto de consentimiento por el incidentista, jurisprudencia basada en los arts. 116 y 117 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), los arts. 105 y 106 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que fundamentan el petitorio de que se deniegue la tutela, aludiendo además a la SCP 242/2011-R de 16 de marzo, la que señala de forma precisa que para resolver una nulidad procesal debe cumplir cinco requisitos, en este caso el accionante se apersonó al juzgado, tuvo conocimiento de la demanda de reparación, inclusive ha planteado un recurso de apelación que ha sido denegado; por lo que, no corresponde la nulidad cuando los actos cuestionados han sido convalidados por el consentimiento de quien reclama, en consecuencia pide a las autoridades que rechacen y nieguen la tutela solicitada por este medio de defensa.

I.2.5. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa demanda de reparación de daño, costas, costos y honorarios, presentada por Ayden Vaca Guzmán Prado, emergente del proceso penal que siguió por estafa en contra de Alberto Pozo Vedia y Eduardo Chambi Aguilar, de 10 de enero de 2020 (fs. 99 a 102 vta.).

II.2. Consta decreto de 28 de enero de 2020, emitido por la Jueza de Sentencia en lo Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, por el cual determina previo a la admisión de la demanda otorgar un plazo de tres días para que responda u objete la querella de acuerdo a lo previsto por el art. 290. 2 y 3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- (fs. 108).

II.3. Ayden Vaca Guzmán Prado -tercero interesado- interpuso recurso de reposición contra el decreto de 28 de enero de 2020, pidiendo que se deje sin efecto el traslado para la objeción de la querella, por cuanto la demanda de reparación de daño se encuentra en el ámbito civil; emitiendo la Jueza demandada el Auto Interlocutorio 03/20 de 10 de febrero de 2020, rechazando el recurso de reposición planteado (fs. 114 a 115 vta.).

II.4. Se tiene memorial de 21 de febrero de 2020, presentado por Alberto Pozo Vedia, por el cual hace conocer estado de incertidumbre e indefensión respecto a no haber sido notificado con ninguna querella y tampoco demanda de reparación de daño (fs. 118 vta.).

II.5. Por decreto de 21 de febrero de 2020, emitido por la Jueza de la causa, se insta a la parte, que esté a procedimiento y se señala audiencia para el 05 de marzo de 2020 a horas 10:00 (fs. 119).

II.6. Cursa Auto de admisión de 2 de septiembre de 2020, por el cual la Jueza de Sentencia en lo Penal Primero, resuelve admitir la "querella" presentada por Ayden Vaca Guzmán Prado por la reparación de daños por la suma de $us645 289 74.- (seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve 74/100 dólares estadounidenses) (fs. 155 a 156 vta.).

II.7. Consta memorial de interposición de recurso de apelación incidental, presentado por Alberto Pozo Vedia de 16 de septiembre de 2020 (fs. 165 a 166).

II.8. Mediante Auto de Vista 137 de 30 de octubre de 2020, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, Gladis Alba Franco y Edil Robles Lijeron -ahora demandados- se declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental planteado por Alberto Pozo Vedia (fs. 176 a 177 vta.).

II.9. Se tiene Sentencia 11 de 26 de noviembre de 2020, sobre calificación de responsabilidad civil , emitida por la Jueza ahora demandada, calificando los daños civiles o responsabilidad civil, "ocasionados por la condenada" y por ende a la reparación integral de daños por los delitos de estafa, falsedad ideológica y otros en contra del ahora accionante Alberto Pozo Vedia y otro en la suma de $us269 120.- (doscientos sesenta y nueve mil ciento veinte dólares estadounidenses), como reparación del daño material de lucro cesante, entre otros (fs. 195 a 202).

II.10. Consta memorial de interposición de recurso de apelación, presentado por Alberto Pozo Vedia, con sello de recibido de 04 de enero de 2021 (fs. 219 a 222).

II.11. Cursa Auto de Vista 40 de 17 de marzo de 2021, emitido por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Gladis Alba Franco y Edil Robles Lijeron, por el cual declaran admisible e improcedente el recurso de apelación incidental planteado por Alberto Pozo Vedia (fs. 250 a 252 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Los actos consentidos expresamente en la acción de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0196/2019-S2 de 2 de mayo, entre otras, asumió el siguiente razonamiento:

El art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional, no procederá contra actos consentidos libre y expresamente, por cuanto ésta viene a ser una causal de procedencia de esta acción de defensa, que fue desarrollada de manera amplia por la jurisprudencia constitucional; es así, que la SC 700/2003-R de 22 de mayo1 en el Fundamento Jurídico III.4 señaló que:

...toda persona tiene absoluta libertad para ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de los demás; por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional, la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando sobre el hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes, o en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona particular o autoridad que afectó su derecho, por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de las acciones legales correspondientes.

Posteriormente, la SC 1667/2004-R de 14 de octubre, en el Fundamento Jurídico III.1, asumió que esa causal:

...debe entenderse objetivamente como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular que supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y garantías fundamentales, de modo que no siempre podrá exigirse un acto en el que el titular manifieste textualmente y por escrito que acepta libre y expresamente el acto ilegal u omisión indebida, sino que ello podrá deducirse con los elementos de juicio suficientes del accionar que el titular hubiera tenido a partir de la supuesta lesión de la que hubiesen sido objeto sus derechos y garantías constitucionales.

Dicho razonamiento fue complementado por la SC 672/2005-R de 16 de junio, que determinó que el consentimiento expreso importa un acto positivo, concreto, libre e inequívoco, vinculado de manera directa a la actuación ilegal impugnada; es decir, que en otras palabras, la manifestación de la voluntad debe demostrar, de manera indubitable, el consentimiento a la amenaza o lesión a algún derecho fundamental; asimismo, precisó que no es exigible aceptación expresa sino deducible de sus actos.

Entendimiento que fue reiterado por las SC 0906/2010-R de 10 de agosto, y SCP 0083/2012 de 16 de abril.

Posteriormente, la SCP 0198/2012 de 24 de mayo, confirmó el razonamiento expuesto en la SC 0345/2004-R de 16 de marzo, estableciendo que para tener certeza de si una persona se sometió voluntariamente a un acto, es decir dio su consentimiento ante una determinada situación debe existir una voluntad manifiesta, cuando se aceptó en forma fehaciente o tácita el acto ilegal o la omisión indebida, dejando transcurrir el plazo que se tiene para impugnar, procediendo a ejecutar o cumplir el acto, o en su caso, sin cuestionar en la primera oportunidad que se tuvo dentro de la tramitación del proceso, ya sea judicial o administrativa.

III.2. La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso