Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0275/2026-CA Sucre, 2 de junio de 2026
Expediente: 84438-2026-169-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: Santa Cruz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Ricardo Xavier Rada Zeballos, Diputado Titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional demandando la inconstitucionalidad de los arts. 14.I al VI, 15, y 20.I, II y IV de la Ley de Estados de Excepción -Ley 1341 de 23 de julio de 2020-; por ser presuntamente contrarios a los arts. 1, 9, 12, 137, 138, 140.I y II, 178.I, 244, 246.I, 256 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memorial presentado el 26 de mayo de 2026, cursante de fs. 14 a 61 vta., el accionante cuestiona los arts. 14.I al VI, 15, y 20.I,I y IV de la Ley 1341, sosteniendo que dichas disposiciones transforman la aprobación del estado de excepción en una condición de eficacia sometida a cargas, caducidades automáticas sin consideración de circunstancias y potestades modificatorias del órgano legislativo que son obligatorias para el órgano ejecutivo y que desnaturalizan la potestad constitucional del ejecutivo y vacía de contenido la finalidad protectora del estado de excepción.
Sostiene que la validez de la ley debe verificarse a partir de un doble parámetro: constitucional y convencional. En tal sentido presenta los siguientes cargos de inconstitucionalidad:
- a)El art. 14.I y II de la Ley 1341, prevé: "I. El Órgano Ejecutivo debe comunicar la declaratoria del estado de excepción a la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro de las (24) horas de emitido el Decreto, mediante comunicaciones formales a la o el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las o los Presidentes de ambas Cámaras. II. Sin esta comunicación oficial, el estado de excepción caducará al término de las veinticuatro (24) horas que no hubiera sido comunicado, sin necesidad de ningún trámite o formalización";
- 1)El accionante argumenta que el art. 137 de la CPE, otorga una potestad presidencial de naturaleza constitucional que no puede ser extinguida por el incumplimiento de una formalidad infraconstitucional. La caducidad automática sacrifica bienes constitucionales superiores -seguridad del Estado, protección de la sociedad, continuidad institucional- en aras de una exigencia burocrática de comunicación. Ello contradice el art. 9 de la misma Norma Suprema, que impone al Estado el deber irrenunciable de garantizar la seguridad de las personas, y el art. 12 CPE, que separa las funciones orgánicas sin permitir que el procedimiento legislativo se convierta en árbitro de la existencia de una potestad ejecutiva constitucional;
- 2)En el plano convencional, los arts. 27 de la CADH y 4 del PIDCP reconocen el estado de excepción como mecanismo de última instancia ante amenazas graves al Estado. La OC-8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisa que la suspensión puede ser el único medio para atender emergencias y preservar valores superiores de la sociedad democrática. Una caducidad automática por falta de comunicación formal contradice este estándar: El peligro no desaparece porque no se remitió un oficio; la conmoción interna no se disuelve por defecto de trámite; la amenaza externa no espera que se perfeccione un requisito administrativo;
- 3)De igual forma, distingue con precisión: la obligación de comunicar es constitucionalmente aceptable como coordinación entre órganos. Lo inconstitucional es que esa comunicación formal múltiple -a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a las presidencias de ambas Cámaras- se convierta en presupuesto de subsistencia, con un cómputo de plazo "de momento a momento" que puede frustrarse por cuestiones materiales, logísticas o políticas, convirtiendo la emergencia en una carrera de relojería parlamentaria. La sanción adecuada ante la omisión sería responsabilidad política o requerimiento inmediato, no la extinción del instrumento; y,
- 4)Finalmente, concluye señalando que el 14.I de la Ley impugnada, es cuestionada en su dimensión condicionante, no en su dimensión informativa. La obligación de comunicar es constitucionalmente aceptable; lo inconstitucional es que esa comunicación formal múltiple se convierta en presupuesto de subsistencia de la declaratoria; y el 14.II es inconstitucional por establecer caducidad automática del estado de excepción ante la falta de comunicación oficial en veinticuatro horas, sin deliberación legislativa, sin control material, sin posibilidad de subsanación y sin ponderación de la crisis.
- b)Con relación al art. 14.III de la Ley 1341, que establece: "Recibida la comunicación del Órgano Ejecutivo y dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a la declaración del estado de excepción, la Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará para aprobar o rechazar la declaración en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente Ley". Es decir, establece un tratamiento rígido de setenta y dos horas, que infringe normas constitucionales y convencionales, así el art. 138.I de la CPE, prevé dos posibilidades: la Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará "apenas las circunstancias lo permitan" o, como límite máximo, dentro de las setenta y dos horas. La Ley 1341, al suprimir la primera opción y retener solo el plazo máximo como condición rígida, mutila el texto constitucional y elimina la válvula de flexibilidad que el constituyente previó precisamente para situaciones donde el estado de excepción puede afectar el funcionamiento institucional normal;
- 1)En el plano convencional, el estándar de la OC-9/87 de la CIDH señala que el control sobre los estados de excepción debe ser real y sustantivo, no simbólico. Pretender un tratamiento legislativo integral -análisis de necesidad, proporcionalidad, territorialidad, temporalidad- en setenta y dos horas, bajo presión política y mediática, puede producir un control precipitado que no satisface el estándar interamericano. El accionante agrega que los Principios de Siracusa requieren que las medidas de excepción sean estrictamente necesarias; si el procedimiento de aprobación no puede garantizar un examen sustantivo serio en ese plazo, la restricción procedimental no supera el test de necesidad convencional; y,
- 2)El accionante señala que el parágrafo impugnado opera no como regla aislada, sino como pieza de un sistema encadenado que convierte la aprobación legislativa en presupuesto de continuidad del estado de excepción, contradiciendo la separación de funciones que el art. 12 de la Ley Fundamental establece.
- c)Respecto al art. 14.IV impugnado del citado artículo: "La o el Presidente y las y los Ministros de Estado, podrán ser convocados a comparecer ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para sustentar la aprobación del estado de excepción; asimismo, la o el Presidente del Estado podrá concurrir a la sesión para sustentar su Decreto, previa comunicación escrita". Texto que establece la comparecencia como validación política, que transgrede lo dispuesto por el art. 246 de la CPE, cuando establece que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dependen del Presidente, quien asume la conducción de la respuesta de emergencia. Convocar al Presidente y al gabinete a comparecer ante la Asamblea en medio de una crisis puede interferir con sus obligaciones constitucionales de mando y coordinación operativa. La norma no distingue entre tipos de emergencia ni pondera si la presencia física o política del Presidente compite con funciones ejecutivas esenciales;
- 1)En el plano convencional, el estándar de la Corte IDH en los casos Zambrano Vélez y Montero Aranguren requiere que el Estado mantenga capacidad efectiva de respuesta durante los estados de excepción. Una comparecencia presidencial ante el Legislativo que pueda distraer la conducción inmediata de la crisis compromete esa capacidad; y,
- 2)El accionante aclara que no impugna el deber de informar ni la fiscalización parlamentaria, sino la transformación de la comparecencia en una carga de validación política insertada dentro de un procedimiento de aprobación que puede condicionar la continuidad de la declaratoria. A diferencia de los otros parágrafos, este usa el término "podrán" -no "deberán"-, lo que reduce, pero no elimina el vicio, dado que en lectura sistémica puede convertirse políticamente en condición de legitimidad de la aprobación.
- d)El art. 14.V señala: "La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá aprobar el estado de excepción con modificaciones, que serán obligatorias y vinculantes al Órgano Ejecutivo, debiendo ser cumplidas bajo responsabilidad de la o el Presidente del Estado y del Gabinete de Ministras y Ministros". Este parágrafo es identificado por el accionante como el punto más crítico de la presente demanda de inconstitucionalidad, porque no se trata ya de una carga procedimental o un plazo, sino de una potestad sustantiva que permite al Órgano Legislativo rediseñar el contenido del decreto ejecutivo de excepción y convertir ese rediseño en instrucción vinculante;
- 1)El art. 12.I y III de la CPE consagra la separación de funciones y prohíbe que las funciones de un órgano sean delegadas a otro. Por su parte, el art. 140 de la CPE, prohíbe la acumulación del poder público. El accionante señala que existe una distinción técnica fundamental: el control legislativo constitucionalmente válido verifica si la declaratoria está motivada, si la emergencia es real, si las medidas son proporcionales, si no suspende derechos inderogables; el codiseño vinculante constitucionalmente inválido convierte al Legislativo en coejecutor operativo de la emergencia, imponiendo al Órgano Ejecutivo modificaciones sobre su propio decreto que debe cumplir bajo responsabilidad personal, sin que el Órgano Legislativo asuma equivalente responsabilidad de ejecución;
- 2)Esto genera una anomalía constitucional grave: se disocia la decisión de la responsabilidad. El Órgano Ejecutivo asume la carga de cumplir y responder por decisiones que ya no diseñó íntegramente. Asimismo, afirma que, el art. 5 de la Ley 1341 impugnada, exige que el decreto presidencial exprese fundamentos objetivos de cada medida, pero el parágrafo en análisis no exige que las modificaciones legislativas tengan el mismo nivel de sustento técnico, lo que produce una asimetría constitucional inadmisible; y,
- 3)En el ámbito convencional, la CIDH en la OC-8/87 reconoce que el estado de excepción puede ser el único medio para atender emergencias, lo que requiere capacidad estatal efectiva. Si el Legislativo puede rediseñar la respuesta ejecutiva con fuerza vinculante y sin la misma carga de motivación técnica, la eficacia del instrumento queda comprometida. El principio de proporcionalidad de los Principios de Siracusa también se vulnera desde la perspectiva del legislador: si puede alcanzar el control por medios menos invasivos -informes semanales, Defensoría del Pueblo, modificación posterior fundada bajo el art. 15, rendición de cuentas-, la modificación vinculante inicial no supera el test de necesidad.
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