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TCP

0275/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de junio de 2026
Resumen del caso

Auto 0275/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0275/2026-RCA Sucre, 25 de junio de 2026

Expediente: 85106-2026-171-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 100/2026 de 10 de junio, cursante de fs. 169 a 171 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Amilcar López Choque contra Bicmar Rodolfo Coronado Arauz, Presidente; Milton Percy Laura Mamani, Primer Vocal; Walter Mikhail Pérez Montevilla, Segundo Vocal; Mauricio Kevin Rivera Vargas, Investigador Asignado al caso; Rómulo Alejandro Siles Hurtado, Asesor Jurídico, todos miembros de la comisión del Régimen Disciplinario de la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales (FATESCIPOL) Santa Cruz; y, Juan Mauricio Pavel Laguna Saavedra Vicerrector de la Universidad Policial (UNIPOL) "Mcal. Antonio José de Sucre".

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 8 de junio de 2026, cursante de fs. 157 a 168, el accionante manifestó que, se le inició un proceso sumario interno dentro del caso CRD/09/2026 de 24 de abril, a raíz de un incidente ocurrido el 21 de abril de 2026 entre estudiantes de la FATESCIPOL, cuando se encontraban de salida de franco; es decir, que los hechos ocurrieron en el ámbito privado; en ese sentido, señaló que las faltas disciplinarias atribuidas, no guardan relación con los hechos investigados, pues inicialmente se le imputó por la presunta comisión de las faltas previstas en los arts. 75.15 y 76.30 del Reglamento del Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL; sin embargo, durante la investigación y en el informe conclusivo se modificó la calificación jurídica y se sugirió la aplicación de una falta distinta y más grave, sin ampliar formalmente la imputación ni otorgarle la oportunidad de ejercer defensa respecto de ese nuevo cargo, lo que vulneró los principios de congruencia, pertinencia, tipicidad y legalidad, así como el derecho a conocer con precisión la acusación formulada.

Asimismo, el investigador asignado al caso -hoy codemandado-, realizó actuaciones parciales e irregulares, al ocultar actos investigativos y disponer una pericia de desdoblamiento de audios, imágenes y otros archivos digitales sin notificación previa a su persona ni a su defensa técnica; además, se le impidió controlar la producción de dicha prueba, observar su legalidad, proponer peritos de parte, impugnar los puntos periciales y ejercer contradicción sobre el contenido de la prueba, lo que habría generado prueba ilícita y un estado de indefensión.

Añadió que, pese a haber presentado oportunamente una queja contra esas actuaciones, no fueron resueltas dentro del plazo previsto por la normativa disciplinaria, y posteriormente se ordenaron nuevas actuaciones complementarias; entre ellas, evaluaciones psicológicas practicadas fuera del plazo de investigación y sin notificación previa, cuyos resultados fueron incorporados al expediente y utilizados para sustentar la resolución sancionatoria; asimismo, cuestionó el contenido del informe conclusivo y de la resolución administrativa sancionatoria, indicando que ambos documentos se limitaron a transcribir normas reglamentarias y antecedentes del expediente sin efectuar una valoración individualizada de la prueba ni desarrollar una fundamentación clara sobre la forma en que los hechos acreditados se adecuaban a la falta disciplinaria que le fue aplicada.

En ese sentido, se emitió la Resolución Administrativa (RA) 009/2026 de 27 de mayo, notificada y ejecutada el 28 de igual mes de 2026, mediante el cual se dispuso su retiro de la Unidad Académica de Pregrado, por el lapso de una gestión, determinación que vulneró sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; ante lo cual, interpuso recurso jerárquico, solicitando como medida cautelar administrativa, la suspensión de la ejecución de la sanción debido al riesgo de daño irreparable; no obstante, la sanción fue ejecutada inmediatamente, ante su retiro de la FATESCIPOL, lo que afectó directamente su derecho a la educación, al impedirle asistir a clases, rendir evaluaciones, registrar asistencia y continuar normalmente con su formación académica, ocasionándole un perjuicio irreparable por la pérdida del semestre y de la continuidad de sus estudios.

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