Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0275/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 57101-2023-115-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 057/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 193 a 198, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sergio Alberto Medrano Fernández contra Boris Benjamín Mendoza Méndez, Presidente; Victor Chura Patzi, Vocal permanente; Miguel Ángel Moncada Mendieta y Román Paco Rafael, Vocales suplentes; y, Oscar Raúl Choque Ramírez, Secretario, todos miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 22 de junio de 2023, cursantes de fs. 48 a 66 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 11, 12 y 13 de junio de 2019, no pudo asistir al servicio habitual; en consecuencia, la Fiscalía Policial emitió el Auto de Inicio de Procesamiento de 28 de junio del citado año en su contra, por la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 14.9, concordante con el art. 15 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-; empero, dicho proceso quedó suspendido, debido a la quema de la documentación durante el denominado "motín policial", ocurrido en el mes de noviembre de 2019.
Posteriormente, tras la reposición de dichas literales, se activó de nuevo la causa; en razón a ello, interpuso las excepciones de prescripción y de actividad procesal defectuosa; en consecuencia, se anularon obrados hasta el vicio más antiguo; en este punto, incidió que, el referido Auto de Inicio es el acto por el cual se interrumpen los plazos y, al ser declarado nulo, desde la supuesta falta cometida el 11 de junio de 2019, hasta el 30 de mayo de 2021 -fecha en la que pretenden notificarle con el inicio de investigaciones-, la acción prescribió.
El 19 de octubre de 2021, se emitió el nuevo Auto de Inicio de Procesamiento en su contra, contemplando la misma falta disciplinaria que en el primer Auto; luego, el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba dictó la Resolución Administrativa (RA) 152/2021 de 15 de noviembre, que dispuso su baja definitiva de la institución policial; decisión contra la que formuló apelación, mereciendo como respuesta la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 113/2023 de 28 de marzo, que declaró improbado dicho recurso, y confirmó en todo la Resolución de Primera Instancia.
Esta última determinación, resulta ser lesiva a sus derechos, debido a que no señaló de forma específica las pruebas que presentó en la audiencia, las cuales consisten en:
- a)El Certificado Médico de 24 de junio de 2021, que evidencia fue internado del 11 al 17 de igual mes y año, a causa de la diabetes que padece, aclaró que tal certificado no está homologado por la Caja Nacional de Salud (CNS), empero, ello no resulta ser necesario, conforme el entendimiento asumido en la "......" (sic);
- b)El Informe médico de laboratorio, relacionado a los exámenes por los que estuvo internado en las citadas fechas;
- c)La solicitud de baja retroactiva a la CNS, la cual no se concretó por temas burocráticos;
- d)Su historia clínica de la CNS, en el que se evidencia la patología que padece y su derivación al endocrinólogo, por el cual, inició su tratamiento; y,
- e)Tampoco apreciaron las declaraciones testificales de su madre e hijos.
Las pruebas de descargo descritas, no constan en la resolución ahora cuestionada, al contrario, las autoridades hoy demandadas establecieron que su persona no tuvo justificativo alguno en relación a su ausencia, tampoco precisaron el valor que se dio a cada elemento probatorio.
En ese sentido, el Tribunal demandado lesionó su derecho al debido proceso en su elemento a la defensa, por basar su decisión en una conclusión equivocada y arbitraria, extremo que les hizo incurrir en una incorrecta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico; puesto que, las pruebas que presentó demostraron las razones de su ausencia laboral; empero, fueron omitidas también por el Fiscal Policial.
Se suma a lo anterior, el desconocimiento de otras pruebas consistentes en el Memorándum 309/2019 de 31 de julio; por el cual, se pone a disposición procesal a su persona, ante el Tribunal Disciplinario Departamental; así se tiene que, una vez se presentó en su "Unidad", le comunicaron que para volver a trabajar debía solicitar reasignación de funciones ante el Comando General en la ciudad de La Paz; sin embargo, cuando se apersonó ante dicho Tribunal, le indicaron que antes debía esperar a la audiencia, pero igual, el 1 de agosto del citado año, solicitó le expidan fotocopias legalizadas de su proceso, y antes que pudiera recoger las mismas, sucedió lo del motín policial y posteriormente, la pandemia, rezagándose su intención de pedir dicha reasignación de funciones.
Esa situación hizo conocer a los ahora demandados; empero, no mereció pronunciamiento al respecto, al contrario, en el Requerimiento de acusación de 19 de octubre de 2021, los prenombrados señalaron que faltó al servicio policial por más de dieciocho meses y dieciocho días, sin que curse ningún justificativo o baja médica u otro, que justifique el motivo de su ausencia.
Finalmente, refirió que en el recurso de apelación advirtió que el Fiscal Policial mezcló el procedimiento común con el especial, este último aplicado para deserción, incumpliendo plazos, existiendo errores de fondo y forma, así como vacíos legales, silencio administrativo y diferentes arbitrariedades, lo que denota que el Tribunal ahora demandado se apartó del principio de legalidad, sustentando que "...la falta del investigador con un memorándum fuera de ley ya que la ley 101 y su reglamento es de aplicación preferente al ser la norma especial..." (sic), vulnerando el debido proceso y el principio de seguridad jurídica.
Por lo que, corresponde que la justicia constitucional aplique el criterio de interpretación más favorable al contenido de los derechos; es decir, que optimice su goce y ejercicio.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva; al acceso a la justicia; al debido proceso en sus elementos de valoración, legalidad, congruencia y fundamentación; a la igualdad jurídica de las partes; al trabajo; a una remuneración justa; y, a la seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 46.I y II, 48.I, 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 6 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos humanos.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:
- 1)Dejar sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 113/2013; y,
- 2)Se ordene al Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, emita una nueva resolución que resuelva el recurso jerárquico interpuesto, en el marco de la normativa legal vigente y, por consiguiente, rechace y/o revoque las resoluciones de primera y segunda instancia.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
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