Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0276/2019-S3 Sucre, 8 de julio de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expediente: 26968-2018-54-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 9 de 24 de diciembre de 2018, cursante de fs. 777 a 781 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Rasguido Rasguido en representación de Carlos Federico Enríquez Balderrama contra María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Mediante memorial presentado el 4 de diciembre de 2018, cursante de fs. 680 a 709, el accionante a través de su representante señaló que: I.1.1. Hechos que motivan la acción Adquirió la propiedad agraria denominada "La Negra" ubicada en el Municipio de Pailón, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, en la que realizó mejoras que no fueron verificadas íntegramente en el saneamiento efectuado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), instancia que emitió la Resolución Administrativa RA-SS 2363/2014 de 19 de noviembre, contra la que interpuso demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental. En tal sentido, Paty Yola Paucara Paco, Gabriela Cinthia Armijo Paz y Juan Ricardo Soto Butrón, en ese entonces Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, emitieron la Sentencia Agroambiental Nacional S1° 85/2015 de 9 de octubre, que impugnó mediante acción de amparo constitucional y por , se le concedió la tutela solicitada disponiendo que la referida Sala Agroambiental emita un nuevo fallo; sin embargo, los Magistrados demandados concluyeron su mandato, habiendo sido elegidas en su lugar María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panoso, quienes pronunciaron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 19/2018 de 30 de mayo, declarando improbada la demanda. La Resolución antes citada vulneró su derecho constitucional al debido proceso sustantivo, vinculado a la ausencia de razonabilidad de la decisión respecto al proceso contencioso administrativo agrario; toda vez que, en los parágrafos "4to" y "5to" del "CONSIDERANDO III", a través de criterios restrictivos e irrazonables a los derechos; manifestaron que, no se puede valorar la prueba ofrecida en el proceso contencioso administrativo -que es de puro derecho- al no haber sido presentada y analizada por el INRA; sin embargo, no consideraron que tal entidad por la naturaleza de los trámites que sustancia es juez y parte lo que imposibilita un control judicial amplio y efectivo sobre el proceso de saneamiento, por ello el proceso aludido debió tener un rol compatible con los nuevos principios ético morales contemplados en el art. 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 178 y 180.I del mismo cuerpo normativo; en tal sentido, se debió permitir una revisión integral del saneamiento -hechos y pruebas- no limitarse a un simple control de legalidad formalista, contrario al entendimiento desarrollado en la SCP "683/2012". Las autoridades demandadas en el "...segundo parágrafo del numeral 1 del Considerando III..." (sic) se limitaron a transcribir el contenido de la Disposición Décima Primera de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) y del Artículo Único del Decreto Supremo (DS) 1697 de 14 de agosto de 2013, sin haber efectuado un control de legalidad del mismo; tampoco se pronunciaron en cuanto al régimen legal de protección al tercero adquirente de buena fe, así como a las mejoras que realizó en el predio "La Negra", lesionando su derecho a la propiedad, omitiendo además su obligación de efectuar el control de convencionalidad. El "Considerando III" del fallo impugnado no transmitió una decisión jurídicamente fundada en principios, fines, valores ético morales y los derechos fundamentales que establece la Constitución Política del Estado, solamente intentó responder algunas de las cuestiones planteadas en la demanda contenciosa administrativa con criterios formalistas desconociendo lo señalado en las y . I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados El accionante por medio de su representante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso sustantivo vinculado a la ausencia de razonabilidad de la decisión respecto al proceso contencioso administrativo agrario, a la propiedad, y a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 15.I, 56, 115 y 117 de la CPE; y 8, 9, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela disponiendo:
- a)Se Deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 19/2018; y,
- b)El pago de costas, daños y perjuicios.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 24 de diciembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 775 a 776 vta., se produjeron los siguientes actuados:
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