0276/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0276/2022-S1 Sucre, 19 de mayo de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 40391-2021-81-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 085/2021 de 20 de abril, cursante de fs. 310 a 315 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Ariel Montaño Vargas y Mauricio Navia Valencia contra Juan Percy Frías Cardozo, Vicerrector de la Universidad Policial (UNIPOL) "Mcal. Antonio José de Sucre"; Luis Miguel Araoz Martínez, Presidente, Ángel Vera Alvarado, Primer Vocal y Wilmer Castillo Loayza, Segundo Vocal, todos de la Comisión de Régimen Disciplinario de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 de marzo y 1 de abril, ambos de 2021, cursantes de fs. 52 a 71 y 92 a 102, respectivamente, los accionantes manifestaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se les inició proceso disciplinario -mediante Auto Inicial de Proceso Sumario Interno caso CRD: 044/2019-, por la presunta transgresión de faltas graves al Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre", contenidas en el art. 76.30 (Promover e incitar actos de violencia dentro o fuera de la Unidad Académica de Pregrado), art. 77.1 (Reincidencia de una de las faltas previstas en el artículo anterior), 3 (incurrir en conductas o participar en actividades que denigren el prestigio e imagen de la Unidad Académica de pregrado o de la Policía Boliviana) y 19 (Realizar actos individuales o colectivos que atenten contra la dignidad física psicológica moral o espiritual de estudiantes subalternos al interior de la Unidad Académica de Pregrado o fuera de ella).

Durante el trámite del mencionado proceso disciplinario, en la vía ordinaria, se les instauró proceso penal por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves; en mérito a ese proceso, solicitaron a través de memoriales -no señalan fecha- a la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, que diera aplicación al art. 113.I del indicado Reglamento de Régimen Disciplinario, el cual dispone que: "La Comisión de Régimen Disciplinario, mediante Resolución Administrativa, dispondrá la suspensión indefinida de la Unidad Académica de Pregrado, cuando el estudiante tenga la calidad jurídica de imputado o imputada, acusado o acusada por el Ministerio Público, a efectos de que pueda asumir defensa"; adjuntando para este cometido, copia de la imputación formal; sin recibir respuesta alguna de los miembros de la indicada Comisión ni del Vicerrector de dicha unidad académica -autoridades ahora demandadas-; al contrario, la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, y el citado Vicerrector pronunciaron resoluciones contrarias a sus derechos y garantías.

Afirman que en el caso de que la Comisión antes mencionada hubiere dado aplicación al art. 113.I. Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre", se les hubiera suspendido de su calidad de "Caballeros Cadetes" y paralizado el proceso disciplinario seguido contra sus personas; y, a la finalización, es decir, ante la emisión de la Resolución de extinción de acción penal pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dicha Comisión debió declarar la finalización del mismo; pero al contrario, ésta al emitir la Resolución Administrativa (RA) 006/2020 de 8 de julio, lesionó sus derechos al debido proceso.

Ambos accionantes, aducen la lesión al derecho al debido proceso; por cuanto, en el recurso jerárquico denunciaron incumplimiento de plazos procesales; incluso presentaron un memorial solicitando la extinción de la acción disciplinaria por ese hecho; sin embargo, éste fue respondido por el demandado en la Resolución de Recurso Jerárquico 222/2020, de manera superficial, indicando que sus personas aceptaron de manera libre y consentida ese extremo; sin embargo, no refieren que en su momento se presentaron memoriales haciendo conocer lo mencionado; sin recibir respuesta alguna por parte de los demandados.

También denuncian que al emitir la RA 006/2020 y la Resolución de Recurso Jerárquico 222/2020, se lesionó su derecho al debido proceso en su vertiente de valoración de la prueba, al hacer caso omiso de las pruebas presentadas consistentes en: el desistimiento firmado por el denunciante, el Acuerdo transaccional y el informe realizado por el cadete de tercer año, que relata la verdad histórica de los hechos. Además, denuncian la lesión del derecho al debido proceso por incumplimiento de plazo; habida cuenta que, el 2 de julio de 2019, la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, emitió el Auto Inicial del proceso disciplinario, instaurado contra sus personas; sin embargo, fueron notificados después de seis días de pronunciado el mismo, contraviniendo el art. 93 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre".

Del mismo modo el investigador, después de quince días del citado Auto Inicial, presentó su informe; y, más tarde, después de dos meses, la referida Comisión de Régimen Disciplinario, pronunció la RA 051/2019 de 20 de septiembre, disponiendo su baja definitiva, esta, posteriormente anulada, emitiéndose una nueva el 28 de noviembre de 2019 -RA 074/2019 de 28 de noviembre-, ordenando al igual que la anterior la baja definitiva de sus personas; la cual también fue anulada por determinación de la Resolución de Recurso Jerárquico 077/2020 de 5 de marzo; y, finalmente después de un año de supuestamente cometidas las faltas disciplinarias, esa Comisión emitió la RA 006/2020, que recurrida en recurso jerárquico fue resuelto por el Vicerrector ahora demandado mediante Resolución de Recurso Jerárquico 222/2020.

Manifiestan que se lesionó su derecho al debido proceso en su elemento de juez natural, toda vez que la RA 006/2020, de primera instancia fue pronunciada por un nuevo Tribunal -Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL- que no conocía los hechos ni los medios de prueba. Conformación que ignoraban, ya que nunca se los notificó con este actuado; ante ello, correspondía una nueva audiencia de juicio para que esa comisión conozca los hechos y valore las pruebas.

Alegan que una vez que fueron imputados en la jurisdicción ordinaria, solicitaron "...EN DOS OPORTUNIDADES COMO CONSTA EN EL CUDERNO DE INVESTIGACIONES..." (sic) se aplique el art. 113.I del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre", disponiéndose sus bajas indefinidas de la referida Unidad Académica, con la finalidad que sus personas puedan asumir defensa en la jurisdicción ordinaria; sin embargo, sin responder a las solicitudes de los ahora peticionanes de tutela, la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL emitió la RA 051/2019, por la que se dispuso su baja definitiva.

Empero, la Resolución de Recurso Jerárquico 493/2019 de 14 de noviembre, dispuso la nulidad de la Resolución impugnada y a su vez, se emita una nueva, absolviendo todos los reclamos efectuados de su parte, entre ellos, la aplicación del art. 113.I del indicado Reglamento de Régimen Disciplinario, que establece la suspensión indefinida y no la baja definitiva; pese a esa disposición, la Comisión antes mencionada, haciendo caso omiso a dicho mandato, pronunció la RA 006/2020, lesionando su derecho de petición y los principios de taxatividad, de seguridad jurídica, de favorabilidad y de igualdad jurídica.

Los peticionantes de tutela denuncian la lesión del debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y en su elemento congruencia, toda vez que el 20 de agosto de 2019, se presentó ante el Presidente de la señalada Comisión de Régimen Disciplinario, un memorial aparejando una copia legalizada de la imputación formal contra sus personas, con base en ella, solicitaron se dé aplicación al art. 113.I del mencionado Reglamento de Régimen Disciplinario; sin embargo, la indicada Comisión no expresó por qué razones omitió explicar los motivos por las que sus solicitudes no contarían con asidero legal o cuál el valor otorgado a su situación jurídica de imputados.

Finalmente, aducen que se reclamó a través de recurso jerárquico que la RA 006/2020, les restringía sus derechos a recibir educación y a la permanencia en la ANAPOL.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Consideran lesionados sus derechos de petición, a la educación y permanencia, a la defensa, al debido proceso como derecho autónomo y en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración de la prueba y juez natural, citando al efecto, los arts. 24, 82.I, 115.II, y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, a los principios de taxatividad, seguridad jurídica, favorabilidad e igualdad jurídica.

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de abril de 2021, según acta cursante de fs. 303 a 309, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los peticionantes de tutela a través de su abogado, ratificaron el contenido íntegro de la acción de amparo constitucional y en audiencia manifestaron que, de haberse considerado los memoriales de 22 y 29 de julio de 2020, se les hubiera suspendido el proceso disciplinario y su calidad de caballeros cadetes y a la finalización del mismo, con la extinción de la acción penal que se concedió en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se hubieran aportado mayores elementos de convección para asegurar que no se infringió en Reglamento Disciplinario y no se habría dispuesto su baja definitiva. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa RA 006/2020 de 8 de julio, emitida por la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, por la que se ratificó la sanción impuesta a los cadetes Mauricio Navia Valencia y a Juan Ariel Montaño Vargas -ahora accionantes- ambos del cuarto curso de Formación Profesional, con la BAJA DEFINITIVA SIN DERECHO A REINCORPORACIÓN de la Unidad Académica de Pregrado de la UNIPOL, por la comisión de las faltas disciplinarias tipificadas en los arts. 76.30, 77.3 y 19 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre".

En la misma, refiere al Auto Motivado 002/2019 de 25 de noviembre, por el que, Jorge René Ríos Iturry, Presidente de la mencionada Comisión de Régimen Disciplinario, presentó excusa de conocer el caso, en razón a las observaciones realizadas por los recurrentes -ahora peticionantes de tutela- excusa que es aceptada, asumiendo como Presidenta Maribel Barrenechea Zambrana, manteniéndose al otro Vocal y al Secretario, al encontrarse en fase final el proceso disciplinario instaurado contra los antes nombrados.

En el CONSIDERANDO III, refiere que la Resolución de Recurso Jerárquico 077/2020 de 5 de marzo revocó la RA 074/2019 de 28 de noviembre, pronunciada por la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, conminando la emisión de una resolución debidamente motivada y fundamentada, debiendo cumplir con los lineamientos de la RA 493/2019 de 14 de noviembre. Así, en el CONSIDERANDO IV se citaron los fundamentos de los entonces recurrentes -ahora accionantes-, que debían ser respondidos en la forma antes ordenada; en ese sentido, respecto al demandante de tutela MAURICIO NAVIA VALENCIA, indicó que:

PRIMERO: Paralelamente al proceso disciplinario, el 26 de junio de 2019, se le inició un proceso penal, por el supuesto delito de lesiones graves y leves y que el 9 de agosto del mismo año, se emitió en su contra imputación formal; con la finalidad de asumir defensa en la jurisdicción ordinaria, el 20 de agosto de 2019, presentó ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, una fotocopia legalizada de la imputación formal poniendo a conocimiento su situación jurídica de imputado, solicitando la aplicación del art. 113.I del aludido Reglamento de Régimen Disciplinario sin otorgársele respuesta; el 20 de septiembre del mismo año, la referida Comisión dictó la RA 051/2019, disponiéndose su baja de la Unidad Académica cuando correspondía se le otorgue la suspensión indefinida, al tener ya la condición de imputado.

SEGUNDO: La inobservancia del principio de taxatividad, al no aplicar el art. 113.I del señalado Reglamento de Régimen Disciplinario.

TERCERO: Inobservancia al principio de seguridad jurídica, señalando qué implica este principio.

CUARTO: De la inobservancia del principio de favorabilidad, al no aplicar el art. 113.I. del referido Reglamento de Régimen Disciplinario, al ser más favorable a su persona.

QUINTO: El art. 410.1 de la CPE, no permite al legislador ni a las autoridades definir qué conductas serán consideradas delitos, infracciones o contravenciones.

SEXTO: Lesión de su derecho a la igualdad, por cuanto a través de las RA 019/2018 "N-R" de 25 de julio y 036/2018 de 24 de agosto, de características exactamente iguales, se aplicó el art. 113.I del referido Reglamento de Régimen Disciplinario.

SÉPTIMO: De la afectación al debido proceso, ya que el 20 de agosto de 2019, hizo conocer su situación jurídica al Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, aparejando una copia de su imputación formal por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, solicitando la aplicación del art. 113.I del aludido Reglamento de Régimen Disciplinario, misma que no mereció explicación de los miembros de la prenombrada Comisión.

JUAN ARIEL MONTAÑO VARGAS ahora impetrante de tutela, expuso que:

PRIMERO: Realizó una relación de los hechos donde menciona que él no ocasionó ningún hecho de agresiones contra ningún estudiante de la ANAPOL, misma que no fue considerada por la Comisión de Régimen Disciplinario de la referida institución.

SEGUNDO: Con relación a la RA 051/2019 de 20 de septiembre, no contiene motivación ni fundamentación e invoca el "art. 67" de la igualdad jurídica. TERCERO: Lesión del derecho al debido proceso en su elemento de juez natural, respecto a la conformación de los miembros de la indicada Comisión de Régimen Disciplinario; por cuanto, algunas autoridades que participaron de la Inspección Técnica Ocular (ITO), emitieron resolución como miembros de esa Comisión. También denunció incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva, además de lesión de derechos y garantías.

Al respecto, en el CONSIDERANDO V, sobre lo expresado por Mauricio Navia Valencia: Con relación al memorial presentado el 20 de agosto de 2019, por el que se solicitó se disponga su suspensión indefinida, en aplicación del art. 113.I del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre". Sobre el particular indicó que: Se debe tomar en cuenta que al antes nombrado se lo sancionó a través de la RA 035/2019 de 7 de agosto, notificándolo con ella el 12 del mismo mes y año; por lo que al encontrarse el sancionado -ahora accionante-, fuera de la institución, no era posible disponer su retiro y suspensión indefinida, encontrándose su solicitud planteada de manera extemporánea; tampoco la resolución antes indicada fue apelada en término oportuno; por lo que, adquirió ejecutoría. Por esas razones, no se le vulneró su derecho a la defensa, tampoco se lesionaron los principios de taxatividad, de seguridad jurídica, de favorabilidad ni de jerarquía normativa. Con relación a la denuncia de lesión del principio de igualdad, ante la existencia de las Resoluciones Administrativas (RRAA) 019/2018 y 036/2018, pronunciadas por la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL; éstas no pueden ser aplicadas al caso toda vez que este, el ex cadete -ahora accionante- se encontraba fuera de la Unidad Académica; y por lo mismo no se lesionó su derecho al debido proceso.

En cuanto a las denuncias de Juan Ariel Montaño Vargas -ahora peticionante de tutela-, sobre la supuesta lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, de acuerdo a los actos que son parte del presente caso, los elementos de prueba de cargo y descargo y otros elementos, se dispuso la baja definitiva del antes nombrado, por lo que conforme los Considerandos de esa Resolución Administrativa -006/2020- se puede establecer de manera legal y consecuente la disposición final que guarda la congruencia que garantiza el derecho al debido proceso del recurrente, ahora accionante.

II.4. La Resolución de Recurso Jerárquico 222/2020 de 15 de septiembre, pronunciada por el Vicerrector de la UNIPOL -ahora demandado-, CONFIRMÓ en todas sus partes la RA 006/2020, de primera instancia, manteniendo firme y vigente la baja definitiva sin derecho a reincorporación de Mauricio Navia Valencia y a Juan Ariel Montaño Vargas, al efecto se esgrime los siguientes fundamentos:

"...El Ordenamiento Jurídico vigente; conforme la prelación de la norma establecida en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley Orgánica de la Policía Nacional (ahora Boliviana) y dentro ese marco normativo el Sistema Educativo Policial, es estrictamente aplicable a la situación jurídica de los señores: Ex C. C. Mauricio Navia Valencia Ex C. C. Juan Pablo Loayza Aguirre, y Ex C. C. Juan Ariel Montaño Vargas, del Cuarto Curso de Formación Profesional; en ese sentido, en la presente Resolución Administrativa se observarán estrictamente las normas señaladas a los fines de no vulnerar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado.

En ese sentido: la Comisión de Régimen Disciplinario de la Academia Nacional de Policías, conforme Resolución Administrativa No. 493/2019 de fecha 14/11/2019 emitida por el Vicerrectorado de la UNIPOL, emite nueva Resolución Administrativa 006/2020 de fecha 08/07/2020; razones por las cuales, nuevamente los precitados Ex Caballeros Cadetes, presentan Recursos Jerárquicos en tiempo y momento oportunos, Recursos que serán resueltos mediante la presente Resolución Administrativa. Al respecto; toda vez que los fundamentos legales y pretensiones de los Ex Caballeros Cadetes en sus Recursos Jerárquicos, infieren la vulneración de derechos y principios constitucionales e incumplimientos a lo normado por el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL, se da respuesta a los mismos, bajo la siguiente operación intelectiva y razonamiento legal:

CON RELACIÓN A LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL O REGULAR:

La Resolución Administrativa No. 006/2020 de fecha 08/07/2020 en parte pertinente establece lo siguiente:

(...)

En consecuencia; se puede observar que en primera instancia al haberse excusado el Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, en su lugar se hizo cargo el Vocal más antiguo conforme lo establecido en el Artículo 36.- (Suplencias) del Reglamento Disciplinario que a la letra indica: "I. En caso de ausencia o impedimento del Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario, asumirá el cargo el Primer Vocal con todas las facultades, atribuciones y responsabilidades del titular. Serán designados como Vocales suplentes:

a. Del Primer Vocal: El Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación Académica (D.S.E.A.) o el instructor mas antiguo b. Del Segundo Vocal: Un Instructor o Docente de la Unidad Académica de Pregrado. c. Del Secretario: Un profesional Abogado dependiente de la Unidad Académica o docente, designado mediante Resolución expresa" (sic).

Con relación a lo indicado; debemos mencionar que la SC 0491/2003-R de 15 de abril, también señalada en la R.A. 006/2020 de fecha 08/07/2020, en una de sus partes, establece lo siguiente: "Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al Juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial, Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución".

En ese sentido, es de conocimiento público que cada año existen cambios de destino en distintas dependencias de la Policía Boliviana; razones por las cuales, en la gestión 2020 se hizo cargo de la Sub Dirección de la ANAPOL y Jefatura de Estudios, el señor Cnl. DESP Saúl Iván Aparicio Cordero; mismo que en esa condición y en virtud a lo establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pre grado, asume el cargo de Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL por lo cual y toda vez que el cargo es el que determina la función, NO VULNERA EN NINGÚN MOMENTO, EL PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL O REGULAR, ya que los procesos administrativos disciplinarios deben seguir el curso correspondiente con la finalidad de evitar la retardación de justicia, en el ámbito disciplinario administrativo.

* DE LA INOBSERVANCIA DE LA PREVISIÓN LEGAL CONTENIDA EN EL ART. 113.I DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA UNIPOL Al respecto; la R. A. 006/2020 de fecha 08/07/2020 establece lo siguiente:

(...)

Por lo señalado anteriormente; la CRD - ANAPOL, en su momento ha determinado y establecido la NO APLICABILIDAD del Artículo 113.1 del Reglamento Disciplinario de la UNIPOL, en virtud a los fundamentos expuestos en cuanto a las solicitudes de los Ex C. C. Mauricio Navia Valencia y Juan Pablo Loayza Aguirre.

Asimismo; en cuanto a la solicitud de los tres Ex Caballeros Cadetes precitados, se puede observar que LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 113.I DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO NO CORRESPONDE, toda vez que la CRD - ANAPOL, en tiempo y momento oportunos, ha establecido la comisión de faltas disciplinarias administrativas tipificadas y sancionadas en el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pre grado, mismas que EN LA VÍA PENAL eran investigadas, por la presunta COMISIÓN DE DELITOS TIPIFICADOS Y SANCIONADOS EN EL CÓDIGO PENAL, dada la naturaleza distintas de ambos procedimientos.

De igual forma y por último, en cuanto a lo relacionado al Retiro y Suspensión Indefinida se refiere, los recurrentes deben considerar que esta es una tuición y atribución reglamentaria de la Comisión de Régimen Disciplinario, pudiendo disponerla mediante Resolución Administrativa, sin embargo, esta determinación no es parte integrante ni componente dentro del proceso disciplinario que se desarrolló en su contra, por lo que se equivocan al afirmar que al no haberse dispuesto su retiro, se estaría incumpliendo el procedimiento disciplinario instaurado, reiterándose que esta determinación, está al margen del proceso investigativo y de resolución de los procesos, es decir que no infiere en el desarrollo y procedimiento que se deben cumplir para el procesamiento de faltas disciplinarias, al contrario esta ligado al proceso paralelo en la vía penal que como ya se dijo tiene naturaleza distinta al proceso administrativo disciplinario.

* DEL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PROCESALES

Al respecto; la R. A. 006/2020 de fecha 08/07/2020 establece lo siguiente:

"...Más allá de la revisión de obrados no se evidencia denuncia o queja ante la instancia disciplinaria de lo aseverado en esta instancia denotándose un consentimiento de las actuaciones asumidas por la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, establecida en la amplia jurisprudencia constitucional, Sobre el particular, la SC 1667/2004-R de 14 de octubre, consideró que el acto consentido para operar como causal de improcedencia, debe ser entendido: '...como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular que supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y garantías fundamentales, de modo que no siempre podrá exigirse un acto en el que el titular manifieste textualmente y por escrito que acepta libre y expresamente el acto ilegal u omisión indebida, sino que ello podrá deducirse con los elementos de juicio suficientes del accionar que el titular hubiera tenido a partir de la supuesta lesión de la que hubiesen sido objeto sus derechos y garantías constitucionales'" (sic).

En ese entendido; en cuanto al Principio de Informalismo en el Derecho Administrativo, se debe considerar lo establecido en la S. C. 0074/2016-S3 de fecha 08 de enero de 2016 que en una de sus partes señala lo siguiente: "...III.1.El principio de informalismo y el cumplimiento de las formas como una garantía al principio de igualdad. La jurisprudencia de este Tribunal fue constante en señalar que el principio de informalidad que rige a la actividad administrativa, se constituye en la posibilidad de inobservar por parte del administrado las exigencias formales no esenciales, que puedan ser cumplidas posteriormente, corrigiendo equivocaciones formales de los administrados, sin que ello pueda dar lugar a la interrupción del procedimiento administrativo, también aclaró que la interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción no puede suplir ni favorecer la dejadez o negligencia del administrado" (sic); por lo que se puede observar qué, en las acciones disciplinarias en su momento, los procesados no observaron la presunta o supuesta vulneración de los plazos procesales; razones por las cuales ACEPTARON DE MANERA LIBRE Y CONSENTIDA los mismos; razones por las cuales su solicitud es EXTEMPORÁNEA.

* DE LA INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD

Al respecto; la R. A. 006/2020 de fecha 08/07/2020 establece lo siguiente:

(...)

Por lo expuesto anteriormente; se observa la reiteración de la presunta vulneración del artículo 113. I del Reglamento del Régimen Disciplinario de la ANAPOL, debiendo esta autoridad, ratificar lo expuesto en al presunto agravio mencionado en cuanto a LA INOBSERVANCIA DE LA PREVISIÓN LEGAL CONTENIDA EN EL ART. 113.I DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA UNIPOL.

POR ULTIMO, EN EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO, SE HALLA NORMADO LA POSIBILIDAD DE LA PRESENTACION DEL RECURSO DE QUEJA ANTE PRESUNTAS INOBSERVANCIAS COMO LAS RECLAMADAS, RECIENTEMENTE; SIN EMBARGO, LOS PROCESADOS NO RECLAMARON ESTOS EXTREMOS DE FORMA OPORTUNA, POR LO QUE SE CONSIDERA ACTOS CONSENTIDOS.

* DE LA INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

Al respecto; la R. A. 006/2020 de fecha 08/07/2020 establece lo siguiente:

(...)

Asimismo; en los Recursos Jerárquicos presentados por los ahora recurrentes; se observa que los mismos inciden en lo siguiente: ".......Bajo ese razonamiento, se tiene que con carácter previo a dictar mi baja definitiva de la Academia Nacional de Policías, en observancia del principio de la Seguridad Jurídica como elemento constitutivo del Debido Proceso, se debió de aplicar el art. 113.I del Reglamento Disciplinario de la UNIPOL y disponer mi suspensión indefinida al poseer la condición de imputado" (sic). Por lo que nuevamente; se debe REITERAR que la CRD - ANAPOL en TIEMPO Y MOMENTO OPORTUNOS, determino y estableció la comisión de FALTAS ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS, razones por las cuales NO CORRESPONDIA la aplicación del artículo 113.I, toda vez que la comisión de presuntos delitos; no exoneran a los precitados Ex Caballeros Cadetes, de la COMISIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS ESTABLECIDAS, TIPIFICADAS Y SANCIONADAS en el respectivo Reglamento.

* DE LA INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

Al respecto; la R. A. 006/2020 de fecha 08/07/2020 menciona lo siguiente:

(...) Con relación a la Inobservancia del principio de Favorabilidad los cadetes prenombrados; coinciden en sus Recursos Jerárquicos al señalar lo siguiente: "Al respecto el Art. 116 de la Constitución Política del Estado, señala 'Se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado'. El principio de favorabilidad ha sido uno de los presupuestos básicos de los sistemas penales en el mundo, su sustento radica en la necesidad de aplicar de igual manera el uso de la represión Estatal a todos los miembros de determinado Estado, es decir de juzgar a las personas de igual manera cuando se produzcan los mismos supuestos fácticos" (sic).

Al respecto; se puede evidenciar que la CRD - ANAPOL, en el proceso administrativo disciplinario, ha determinado y establecido que los precitados Caballeros Cadetes, con SUS FALTAS DISCIPLINARIAS han vulnerado el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pre grado y que por ello, posteriormente dieron lugar a la BAJA SIN DERECHO A REINCORPORACIÓN; por lo que por lo que no correspondía APLICAR EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD toda vez que la presunta comisión de delitos tipificados y sancionados en el Código Penal, tienen su correspondiente procesamiento en la vía paralela que es el área penal.

ASIMISMO, LOS RECURRENTES, DEBEN CONSIDERAR LO NORMADO POR EL Artículo 4. DEL REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO, QUE EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN EN FALTAS DISCIPLINARIAS, EXPRESAMENTE SEÑALA: "Es autor el estudiante que realiza la falta disciplinaria por sí solo, colectivamente, por medio de otro o el que presta una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse la falta. Son igualmente responsables:

El incitador, aquel estudiante que determine a otro a la comisión de la falta disciplinaria.

El encubridor, aquel estudiante que antes o después de haberse cometido la falta disciplinaria ayudare a eludir la acción correspondiente u omitiere dar parte del hecho".

CONSIGUIENTEMENTE, LA CRD AL ADMINISTRAR JUSTICIA DISCIPLINARIA HA VALORADO CORRECTAMENTE LA PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS PROCESADOS, APLICANDO LA SANCION REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDA, POR LA COMISION DE FALTAS.

* DE LA JERARQUÍA NORMATIVA Y DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Al respecto; la R. A. 006/2020 de fecha 08/07/2020 establece lo siguiente:

(...)

Asimismo; los Ex Caballeros Cadetes tantas veces nombrados en sus Recursos Jerárquicos y con relación a la Supremacía Constitucional COINCIDEN en lo siguiente: "Bajo ese razonamiento, tanto el legislador como las autoridades administrativas, en la reglamentación, no poseen una discrecionalidad absoluta al momento de legislar y de definir que conductas serán consideradas delitos, infracciones o contravenciones, definir las sanciones y el procedimiento para el efecto, sino que debe respetar el sustento axiológico y dogmático de la Constitución Política del Estado, en especial los derechos y garantías de las personas que se constituyen en el fundamento y límite del poder sancionar sancionador del Estado y de no haberlo se abre la vía del control normativa de constitucionalidad, ya que en el marco de nuestro Estado Plurinacional y Comunitario que reconoce los postulados del Estado Constitucional, el carácter normativo de la Constitución se encuentra garantizado a través del Tribunal Constitucional Plurinacional" (sic).

Por lo expuesto, es importante REFRENDAR lo mencionado en la R. A. 006/2020 de fecha 08/07/2020. que a la letra indica: "...se debe aclarar que en el presente caso se ha obrado conforme lo establece la norma en observación del debido proceso, respetándose los principios, derechos y garantías que le asisten, no demostrándose excesos de ninguna naturaleza, aspecto que es demostrado con los actuados que se encuentran cursantes en el expediente del presente caso. Así, habiéndose aperturado el caso a partir del Auto Inicial de Proceso Sumario Interno, se han llevado a cabo las actuaciones investigativas necesarias para obtener los elementos que permitan a los miembros de la Comisión a resolver el caso. En este planteamiento del recurrente no establece de manera concreta cual la vulneración de un derecho en caso de existirla, limitándose a invocar aspectos jurídico doctrinarios" (sic).

En ese sentido; SE OBSERVA QUE NO EXISTE VULNERACIÓN ALGUNA EN CUANTO A LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESTABLECIDA PLENAMENTE EN EL ARTÍCULO 410° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, MAXIME, CUANDO EN EL PRESENTE PROCESO DISCIPLINARIO EL CUERPO NORMATIVO QUE SE CONSTITUYO EN EL MARCO REGLAMENTARIO ESPECIFICO Y ESPECIAL EN EL QUE SE DESARROLLO EL PROCESAMIENTO, FUE EL REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE PREGRADO DE LA UNIPOL, EL CUAL, SE FUNDA, ENMARCA Y TIENE BASE LEGAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, CONFORME LO NORMADO POR SU ARTICULO 5.

* DE LA AFECTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y MOTIVO

Al respecto; la R. A. 006/2020 de fecha 08/07/2020 establece lo siguiente:

(...)

Asimismo; en cuanto a la Afectación del Debido Proceso y Motivo, los precitados Ex Caballeros Cadetes en sus Recursos Jerárquicos; mencionan lo siguiente: "....en fecha 20 de agosto del 2019, ante el señor Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario de la Academia Nacional de Policías, mediante memorial y aparejando una copia legalizada de un imputación formal, hice conocer mi situación jurídica de imputado por el supuesto delito de Lesiones Graves y leves, tipificados en el Art. 271 del Código Penal, solicita la ampliación del Art. 113.I del Reglamento Disciplinario de la UNIPOL. La misma que no fue valorada por las autoridades de la CRD - ANAPOL a momento de emitir Resolución. A los fines de esa comprensión y cumplimiento su labor al dictar su fallo, debieron de explicar de manera certera por qué razones determinada posición es procedente o viceversa, explicando sin dejar a dudas que no existía otro camino por recorrer. Como tengo anotado la Resolución Administrativa 074/2019 en fecha 28 de noviembre del 2019 se dicta sin expresar cuales las razones por las que se deben de resolver de la indicada manera pues si bien a momento de presentar una solicitud conforme a derecho, adjuntando una prueba documental, consistente en una Imputación Formal, emitidas por el Ministerio Público, por el supuesto tipo penal de Lesiones Graves y Leves prevista en el art. 271 del Código Penal, se demostraba mi situación jurídica de Imputado, por tanto se hacía aplicable el art. 113.I del Reglamento Disciplinario de la UNIPOL cito: "La Comisión de Régimen Disciplinario, mediante Resolución Administrativa, dispondrá la suspensión indefinida de la Unidad Académica de pre grado, cuando el estudiante tenga la calidad jurídica de Imputado o imputado, acusado o acusada por el Ministerio Público, a efecto de que pueda asumir defensa en pleno proceso penal". Sin embargo, en ningún momento explican los motivos por la que mi solicitud de aplicación del artículo 113.I no cuenta con asidero legal. En mi modo ver, las Autoridades de la CRD - ANAPOL a momento de resolver su fallo estaban en la obligación de manifestar cual el valor que se ha otorgado a mi situación jurídica de imputado. Es necesario encontrar la Resolución Administrativa No. 074/2019 alguna explicación que nos permita comprender de manera cierta como es que se omite valorar mi solicitud de aplicación del artículo 113.I del Reglamento Disciplinario de la UNIPOL, a partir de la normativa vigente o en algún caso desde la interpretación el Tribunal Constitucional del Estado. Extendiéndose a esta norma como aquella que regula los alcances de la explicación, con la finalidad de no generar indefensión a las partes contendientes, este derecho reconocido como tal no concluye ahí, sino más bien tiende a ampliarse y extenderse, en razón a que la explicación que se dá como respuesta de una solicitud tal cual el caso de una SOLICITUD, tiene que ver con las respuestas enmarcadas en las normas y las leyes. Advierta lo que expresa el tratadista mexicano Javier Alba Nuñez, indicando que debemos extender por fundamentación: "El razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del por qué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal". Sin embargo, esta explicación no la encontramos a ciencia cierta. Esta limitante, restringe el derecho que tengo de conocer Resoluciones debidamente motivadas, derecho protegido por el art. 115. II de la CPE, lo que amerita la revisión y también la revocatoria" (sic).

Al respecto y con relación al debido proceso es necesario mencionar que la Sentencia Constitucional 0287/2011-R de 29 de marzo, estableció que "El debido proceso, es el derecho de toda persona a un proceso justo, ante el juez natural previamente determinado, proceso que deberá ser llevado a cabo sin dilaciones de una manera equitativa a procesos instaurados a sus pares......." (sic).

En ese sentido, SE PUEDE OBSERVAR QUE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO, la CRD - ANAPOL, ha cumplido de manera equitativa, al diferenciar plenamente UN PROCESO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO DE UN PROCESO PENAL, habiendo determinado en su accionar que NO CORRESPONDÍA APLICAR EL ARTÍCULO 113.1 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado, toda vez que se había sustentado y fundamentado taxativamente la COMISIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS por parte de los Ex C. C. Mauricio Navia Valencia, Juan Ariel Montaño Vargas y Juan Pablo Loayza Aguirre.

* DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Con relación a este principio el Recurso Jerárquico presentado por el señor Ex C. C. JUAN PABLO LOAYZA AGUIRRE, en parte pertinente menciona lo siguiente: "....el Principio de proporcionalidad, se encuentra en nuestro ordenamiento constitucional. Y las disposiciones los artículos 15.1, 114.1 y 118.1 y II. Por la importancia de estas normas de carácter constitucional, se ha necesario citarlas:

* El art. 15.I del texto constitucional literalmente manifiesta: Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe pena de muerte.

* Por su parte el art. 114.I dispone: Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Y en concordancia con las normas precedentes.

* De la misma forma el art. 118 en sus numerales 1) y 2) con meridiana claridad expresa: 1. Está prohibida la pena de infamia, la muerte civil y el confinamiento. II. La máxima sanción será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto.

Al criterio de los arts. Citados, el Principio de Proporcionalidad guarda estrecha relación con los valores de libertad, Principio de Dignidad y Justicia, toda vez que una pena que sea inminentemente desproporcionada, irrumpiría con la libertad y dignidad de la persona, consecuentemente sería injusta A este razonamiento, en una explicación amparada en una interpretación más sistemática en lo que respecta a las normas hermenéutica constitucional, el profesor Humberto Nogueira Alcalá, sostiene que el Principio en estudio se encuentra integrado constitucionalmente en la prohibición general de la arbitrariedad, así como las garantías establecidas en las bases de la institucionalidad que dan forma al Estado de Derecho y en la garantía normativa del contenido esencial de los derechos, además del valor, justicia inherente al Derecho. De este modo, señala que: "...el principio de Proporcionalidad opera como un límite a todas las restricciones de los derechos esenciales o fundamentales, derivando su aplicación del principio del Estado de Derecho, por la cual tiene rango constitucional. Tal derivación del Estado de Derecho, es en virtud del contenido esencial de los derechos que no pueden ser limitados más allá de lo imprescindible para la protección de los intereses públicos" (sic).

Al respecto; cabe señalar que el Principio de Proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez para que este realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por determinados indicios: gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin que persigue con esa sanción.

En ese sentido; se puede observar que la CRD-ANAPOL, al considerar, valorar, analizar, procesar y sancionar las Faltas Graves atribuidas a lo Ex Caballeros Cadetes; en ningún momento HA VULNERADO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, habiendo emitido la sanción disciplinaria correspondiente.

* DE LA AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y PERMANENCIA

"Con relación a esta presunta vulneración los Ex Caballeros Cadetes, en sus Recursos Jerárquicos, parte pertinente señalan lo siguiente: '......se encuentran garantizadas en el art. 82.1 de la CPE, que a la letra dispone: "El Estado garantiza el acceso a la educación y a la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad'. El Tribunal Constitucional, también se pronunció respecto a este derecho, a través de la SS. CC. No. 0030/2015 - S2 de fecha 16 de enero del 2015 que cita: 'El núcleo esencial del derecho a la educación, no está tan solo en el acceso a dicho sistema, sino también a la permanencia de ese Derecho'. (las negrillas son añadidas). Dentro del presente recurso se reclamó que la Resolución Administrativa No. 006/2020 de fecha 08 de julio de 2020, emitida por la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, restringe mi derecho de adquirir educación y poder permanecer dentro de la Academia Nacional de Policías, en función a lo determinado en el art. 82 de la CPE, a partir de este Derecho consagrado a todos los bolivianos y bolivianas la Academia Nacional de Policías, no únicamente tiene la obligación de permitir el ingreso de mi persona, para poder formarme, sino también la obligación por el mandato constitucional de garantizar mi permanencia en dicha casa de estudios y de esa manera adquirir formación superior e integral, a que no se observado de parte de las Autoridades de la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, la aplicación y los alcances del art. 113.I del Reglamento Disciplinario de la ANAPOL, además de la inobservancia de la garantía constitucional del Juez Natural" (sic). Al respecto; la R. A. 006/2020 de fecha 08/07/2020 en su Considerando VI, Normativa aplicable señala lo siguiente: "Qué, el artículo 63 de la Ley 070 de la Educación 'Avelino Siñani - Elizardo Pérez', señala: I. La Universidad Policial es de régimen especial por su carácter policial y está al servicio del pueblo, es parte del Sistema Educativo Plurinacional para garantizar la seguridad interna del país. II Son objetos de la Universidad Policial:

(...)

Con relación a lo indicado, es necesario mencionar que en pleno siglo XXI, existe un proceso acelerado de pleno respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, por parte de las instituciones encargadas de cumplir la Ley y hacer cumplir la Ley, por lo cual la Policía Boliviana no debe quedar al margen de este cumplimiento establecido plenamente en el artículo 251 parágrafo I) de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, ya que como fuerza pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, además del cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano y en ese marco, es responsable de formar en sus Unidades Académicas de Pre grado futuros Oficiales de Policía, con excelencia académica, valores virtudes y elevado sentimiento del cumplimiento de los Derechos Humanos y Ordenamiento Jurídico vigente.

Finalmente, en cuanto a este argumento, los recurrentes deben entender que la jurisprudencia establecida en la ratio decidendi de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 760/2013 de 07 de junio de 2013 señalo lo siguiente '(...) La educación superior se constituye en el escalón más alto del proceso de formación, razón que explica también un mayor nivel de exigencia en el proceso de aprendizaje y más si se considera que es a partir de ella que el Estado certifica a profesionales que ejercerán su profesión u oficio en la perspectiva de brindar a la sociedad un servicio idóneo y de excelencia () las exigencias establecidas en los centros educativos superiores de formación policial y que en determinados casos determinan condicionamientos al ejercicio del derecho a la educación (permanencia, por ejemplo), no llegan a constituirse en vulneraciones en tanto la función estatal de garantizar la segundad y protección a las personas requiere del personal idóneo, es decir recursos humanos con alta calificación y competencia profesional' De acuerdo a lo señalado se puede observar que los recurrentes con sus inconductas han sido merecedores de la sanción disciplinaria establecido en la normativa interna en un aspecto disciplinario por lo que de manera consecuente al haber cometido talas disciplinarias han sido separados de la Unidad Académica motivadamente, aspecto que no significa vulnerar el derecho a la educación, tomando en cuenta la cualificación de los estudiantes en nivel Universitario, más aun cuando se forman para ser oficiales de policía, con la misión constitucional de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimento de las leyes en todo el territorio nacional.

En ese sentido, se observa plenamente que la CRD - ANAPOL al emitir la Resolución Administrativa 006/2020 de fecha 08/07/2020, ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso en cuestión, sino que también su decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que deben caracterizar al Superior de Policía, formador de futuras generaciones de Policías, eliminando cualquier tipo de discriminación, interés y parcialidad y por ello otorgando el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos procesados, sino de la forma en que se decidió.

Con relación al análisis legal ampliamente expuesto; se puede observar que la Resolución Administrativa No. 006/2020 de fecha 08 de julio de 2020 emitida por la CRD -ANAPOL, ha cumplido con todo lo extrañado en la Resolución de Recurso Jerárquico No. 077/2020 de fecha 05 de marzo de 2020 emitida por el Vicerrectorado de la UNIPOL.

Razones por las cuales; NO CORRESPONDE DAR CURSO a los petitorios realizados en sus Recursos Jerárquicos, por los Ex C. C. JUAN PABLO LOAYZA AGUIRRE, Ex C. C. MAURICIO NAVIA VALENCIA Y Ex C. C. JUAN ARIEL MONTAÑO VARGAS; toda vez que los mismos, han sido plenamente desvirtuados por la Resolución Administrativa N° 006/2020 de fecha 08 de julio de 2020 emitida por la Comisión de Régimen Disciplinario de la Academia Nacional de Policías" (fs. 31 a 44 vta.).

II.5. Consta Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre", que en el TÍTULO VII, se refiere al Procedimiento disciplinario de faltas graves, el cual concluye con la ejecutoría de la resolución disciplinaria (art. 105); en el CAPÍTULO V, sobre PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, el art. 112, señala que: "La Comisión de Régimen Disciplinario cuando tome conocimiento y curse copia legalizada de una sentencia condenatoria ejecutoriada dictada por autoridad jurisdiccional en contra de un estudiante de la Unidad Académica de Pregrado, en el plazo de dos (2) días, emitirá Resolución Administrativa de baja definitiva sin derecho a reincorporación y sin recurso ulterior.

En el art. 113.I referido al retiro y suspensión indefinida, indica que: "La Comisión de Régimen Disciplinario, mediante Resolución Administrativa, dispondrá el retiro y suspensión indefinida de la Unidad Académica de Pregrado, cuando el estudiante tenga la calidad jurídica de imputado o imputada, acusado o acusada por el Ministerio Público, a efectos de que pueda asumir defensa plena en el proceso penal (fs. 238 a 290).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Contenido y alcances del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0425/2019-S2 de 24 de junio, reiterada por la SCP 0562/2019-S2 de 17 de julio y la SCP 1050/2019-S2 de 3 de diciembre -entre otras-, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento:

El art. 24 de la CPE, establece que: "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario".

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando: "Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución".

Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición.

III.1.2. Requisitos de procedencia

La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

...dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad.

Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.

III.1.3. Legitimación activa

Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero6.

III.1.4. Legitimación pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, la jurisprudencia realizó el siguiente desarrollo:

La referida SC 218/01-R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas. Sobre el particular, es necesario señalar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, señaló que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la 0SC 1995/2010-R7 precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre8, determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor.

Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconoció su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: "...el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna...".

III.1.5. Plazo para emitir respuesta

III.2. La interpretación de la legalidad ordinaria

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0231/2018-S2 de 28 de mayo, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, asumió el siguiente entendimiento:

En torno a la interpretación de la legalidad ordinaria, en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre11 se indicó que si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa, no se quebrantaron los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; dicho razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre. Posteriormente, a partir de las SSCC 0718/2005-R de 28 de junio12 y 0085/2006-R de 25 de enero13, se estableció la carga argumentativa como requisito para el análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria.

La interpretación de la legalidad ordinaria y su carga argumentativa, como criterio de autorestricción para el ejercicio del control de constitucionalidad, fue también ratificada de forma uniforme por las SSCC 0083/2010-R de 4 de mayo y 1038/2011-R de 22 de junio, entre otras y confirmada por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo.

Posteriormente, a través de la SCP 0410/2013 de 27 de marzo14, en una interpretación del modelo constitucional vigente a partir del 2009, se recondujo el entendimiento al sentido original del canon de constitucionalidad en la interpretación, plasmado en la SC 1846/2004-R; suprimiendo los requisitos de carga argumentativa exigidos en las líneas antes vigentes, para la interpretación de la legalidad ordinaria.

III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 y la SCP 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre15; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio16, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio17, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013² citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.4. El derecho al Juez natural en su elemento competencia y su tutela a través de la acción de amparo constitucional

En cuanto al derecho al juez natural en su elemento competencia y su tutela a través de la acción de amparo constitucional, la SCP 1032/2013 de 27 de junio, estableció que:

"Sobre el tema referido a la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, respecto a la garantía del juez natural como elemento del debido proceso, la jurisprudencia prevista en la SCP 0693/2012 de 2 de agosto, ha establecido lo siguiente: '...la SC0099/2010-R de 10 de mayo, separa los elementos del juez natural en su tutela sosteniendo que el juez independiente e imparcial se tutelan por el amparo constitucional mientras que el juez competente se tutelaría por el recurso directo de nulidad, así sostuvo: "...se puede establecer que el antes recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo, es un mecanismo de protección eficaz y pertinente para el resguardo del derecho al debido proceso en todos sus elementos incluido el juez natural, pero, solamente en sus elementos imparcialidad e independencia, en ese sentido, debe precisarse que la protección del tercer componente del juez natural, es decir el referente a la competencia en cuanto a los supuestos de hecho antes descritos; es decir, usurpación de funciones que no estén establecidas por ley, ejercicio de potestad administrativa que no emane de la ley, resoluciones judiciales emitidas en ejercicio de Jurisdicción que no emane de la Ley o pronunciadas por autoridad jurisdiccional suspendida en el ejercicio de sus funciones o que hubieren cesado en las mismas; se encuentran resguardados específicamente por el recurso directo de nulidad".

Dicho razonamiento se aplicó retrospectivamente a causas planteadas con la jurisprudencia anterior que admitía que el juez natural competente pueda impugnarse mediante la acción de amparo constitucional así se procedió rechazar las SSCC 0159/2010-R, 0087/2010-R, 0444/2010-R, 0099/2010-R, 0339/2010-R, 0407/2010-R, 0445/2010-R, 0891/2010-R, 1355/2010-R, 0702/2010-R, 0720/2010-R, 0629/2010-R, 0770/2010-R, 0814/2010-R y 0818/2010-R, entre otras.

Asimismo, en la gestión 2012, este razonamiento en primera instancia fue confirmado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0065/2012 y 0120/2012, aunque en la práctica dicha disquisición provocó denegación de justicia al generarse una disfunción procesal entre el recurso directo de nulidad y la acción de amparo constitucional de forma que no se consideró que:

Por lo expuesto, corresponde unificar al juez natural y su tutela a través de la acción de amparo constitucional de forma que en los procesos judiciales y administrativos todo acto sin competencia o jurisdicción que puedan afectar al juez competente como elemento del juez natural debe tutelarse por los recursos ordinarios previstos por el legislador y agotados los mismos, siempre y cuando exista vulneración a derechos y garantías mediante acción de amparo constitucional y no por el recurso directo de nulidad, lo contrario afectaría las competencias naturales de los jueces y autoridades naturales competentes entendimiento que por el principio pro actione y de favorabilidad deberá aplicarse a los casos en tramitación' .

De todo lo anotado puede concluirse que si bien es cierto que ahora la jurisprudencia permite la tutela de la garantía del juez natural, en su elemento competencia, como parte del debido proceso, a través de la acción de amparo constitucional; dicha tutela sólo será aplicable siempre y cuando exista y se compruebe la vulneración de derechos fundamentales y la relevancia constitucional correspondiente en relación al caso concreto; pues, la simple activación de una acción tutelar de esta naturaleza para revisar la competencia de una autoridad judicial o administrativa, no se justifica sin que se demuestre previamente la lesión o amenaza de lesión cierta y real de derechos fundamentales o garantías constitucionales; ya que, debemos recordar que la esencia misma de la acción de amparo constitucional, como se mencionó precedentemente, es la de ser un mecanismo de protección eficaz e inmediato de los derechos fundamentales contra los actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o personas individuales o colectivas, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley. Por lo que, necesariamente, para activar la tutela que brinda esta acción frente a una supuesta vulneración de la garantía del juez natural, se deberá cumplir el requisito referido y a partir de éste además expresar la relevancia constitucional existente respecto al caso concreto".

III.5. Análisis del caso concreto

Conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se tiene que la RA 006/2020, a través de la cual la indicada Comisión de Régimen Disciplinario, ratificó la sanción impuesta a los cadetes Juan Ariel Montaño Vargas y Mauricio Navia Valencia -ahora accionantes-, con la baja definitiva de la UNIPOL, sin derecho a reincorporación; por lo que, los precitados, por memoriales de 22 y 29 de julio de 2020, respectivamente, plantearon presentó recurso jerárquico contra la RA 006/2020, emitiéndose en consecuencia la Resolución de Recurso Jerárquico 222/2020, a través del cual el Vicerrector de la UNIPOL confirmó la Resolución recurrida, manteniendo firme y subsistente la sanción de baja definitiva sin derecho a reincorporación de los ahora impetrantes de tutela. Finalmente, consta el Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre" (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5).

Con finalidad de resolver la problemática planteada, a continuación se resolverá el objeto procesal inmerso en el inciso a) y posteriormente el objeto procesal descrito en el inciso b).

Respecto a la problemática descrita en el inc. i)

Los accionantes denuncian la lesión a su derecho de petición, toda vez que aparentemente los miembros de la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL -ahora demandados-, no respondieron a sus memoriales por los cuales solicitaron se dé aplicación al art. 113.I del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre", el cual hubiera permitido la suspensión indefinida de su calidad de "Caballeros Cadetes" y paralizado el proceso disciplinario seguido contra sus personas; sin embargo, sin responder a dichos memoriales, emitieron la RA 006/2020, a través de la cual dispusieron ratificar su baja definitiva de esa institución.

De la revisión de la RA 006/2020, se evidencia que el memorial aparentemente no respondido fue el presentado solamente por Mauricio Navia Valencia, el 20 de agosto de 2019, solicitando se dé aplicación al art. 113.I. del indicado Reglamento de Régimen Disciplinario, corroborándose ese hecho por los informes de las autoridades demandadas.

Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la tutela otorgada por la acción de amparo constitucional al derecho de petición, alcanza también a aquellos actos contrarios al orden constitucional vigente, cometidos por servidores públicos, prescindiendo de los parámetros normativos e institucionales vigentes para una administración de justicia.

Ello encuentra su razón ya que la tutela del derecho de petición ante la no respuesta a memoriales presentados dentro de un proceso ordinario o administrativo, la respuesta esperada por las partes puede resultar esenciales para el resguardo de otros derechos.

Como en el presente caso, en el que el accionante afirma que su solicitud fue presentada dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra que dicha solicitud se encontraba dirigida a resguardar sus derechos a la educación, toda vez que en aplicación del art. 113.I. del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Pregrado de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre", si se consideraba dicha solicitud se hubiere dado como consecuencia lógica la paralización del proceso disciplinario instaurado, disponiéndose la suspensión indefinida; aspecto, que será revisado a continuación a fin de evidenciar o no la lesión del derecho de petición ante la supuesta falta de respuesta al memorial de 20 de agosto de 2019.

En ese sentido, de la revisión de la RA 006/2020 (Conclusión II.1), ahora cuestionada a través de esta acción de amparo constitucional, no resulta ser evidente la falta de respuesta al memorial de 20 de agosto de 2019 alegada por el accionante Mauricio Navia valencia; toda vez que, de la atenta lectura al CONSIDERANDO V del acto cuestionado, éste refiere que resultaba extemporáneo, tomando en cuenta que la RA 035/2019 de 7 de agosto, sancionó en la vía disciplinaria al ahora peticionante de tutela notificándolo con este actuado el 12 del mismo mes y año; por lo que, al encontrarse el impetrante de tutela sancionado con la expulsión de la institución, no era posible disponer su retiro y suspensión indefinida.