0276/2023-CA

Por memorial presentado el 9 de enero de 2023, cursante de fs. 5 a 16 vta., el accionante señala que:

1. a)Por la denuncia presentada en su contra para la devolución de honorarios profesionales que fueron pagados por los servicios prestados, el Tribunal de Honor del ICALP, pretende inhabilitarlo del ejercicio profesional, en desconocimiento del trabajo realizado consistente en dos acciones constitucionales admitidas, dos apelaciones incidentales, memoriales, viaje realizado a los Yungas y horas de consulta, razón por la cual, pide se confronte los arts. 7 (inhabilitación e impedimentos), "20 afiliación libre" y 15 de la Ley 387, con el art. 47 de la CPE, que prevé que, toda persona tiene el derecho de dedicarse a toda actividad lícita, poniendo como única condición no perjudicar al bien colectivo, el cual no se encuentra en discusión; y, con los arts. 23 y 25 de la DUDH, que prevé el derecho a un nivel de vida adecuada para él y su familia;
2. b)Se intenta que no cobre nada por los servicios jurídicos prestados; es más la conducta de petición de respeto al pago de sus honorarios, quieren considerar como una falta grave, en inobservancia de lo previsto por los arts. 29, 42.8 y 43.1 y 2 de la Ley 387, los cuales deben ser contrastados con el art. 23 de la DUDH;
3. c)Alega que, fue secuestrado junto a su personal por quienes hoy dicen ser denunciantes, acto que vulneró lo previsto por el art. 8.6 -inviolabilidad de su oficina- de la Ley 387, norma que debe ser contrastada con el art. 23 de la DUDH;
4. d)Presentó denuncia ante el Ministerio de Justicia, alegando que abogados del "parlamento" estaban patrocinando la causa a sus espaldas en favor de sus clientes de ese entonces; y, por previsión del art. 9.7 de la aludida Ley, "...las víctimas tienen derecho a ser oídas..." (sic); y,
5. e)Finalmente señala que el art. 47 de la Ley 387, debería dar lugar a que la denuncia tambien pueda ser presentada por un abogado contra su similar, tal cual lo hizo, lo contrario transgrede lo establecido en el art. 119.II de la CPE, que prevé que toda persona deberá ser provista de defensa y con concordancia en el art. 8 de la DUDH.

Mediante memorial de 8 de febrero de 2023, Valeriana Mamani Huarachi, Omar Ovidio Espinoza Mamani y Eddy Espinoza Calle, cursante de fs. 20 a 24, solicitaron se rechace la solicitud de promover la presente acción de inconstitucionalidad concreta, argumentando que:

1. 1)El ejercicio de la abogacía es una función social al servicio de la sociedad, del derecho y la justicia; y se encuentran bajo los principios de idoneidad, fidelidad, lealtad, libertad de defensa, confidencialidad y dignidad, profesionales que pueden ser inhabilitados por alguna causal que señala la Ley del Ejercicio de la Abogacía; y, tienen derecho a percibir sus honorarios de acuerdo al arancel del ICALP;
2. 2)El abogado denunciado, no obstante estar sometido a la Ley 387, infringió los arts. 40 numerales 3, 4, 5 y 6; y, 42.3 de la Ley 387;
3. 3)El "recurso" formulado no corresponde por ser absurdo y dilatorio; pues lo que se busca es su sanción por las infracciones cometidas; y no así por un trabajo gratuito o por ser el primero en denunciar y luego aparecer como denunciado; asimismo, refieren que debió presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público y no así al Ministerio de Justicia; y,
4. 4)No sancionar las acciones del causídico es atentar contra el debido proceso y a una justicia pronta y oportuna.

La Vocal de la Sala Tercera del Tribunal de Honor del ICALP, mediante Resolución de 9 de febrero de 2023, cursante de fs. 25 a 26, "responde NEGATIVAMENTE" la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, con los siguientes fundamentos:

1. i)Dentro de la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Honor del ICALP contra el ahora accionante, quien solicitó se promueva la presente acción de control normativo demandando la inconstitucionalidad de los arts. 7, 8.6, 9.7, 29, 42.8, 43.1 y 2, y 47 de la Ley 387, como normas que vulneran el derecho al trabajo, el límite del cobro de aranceles por honorarios profesionales de los abogados y abogadas, pidiendo se dé curso en mérito a lo dispuesto por el art. 73.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y,
2. ii)En el marco de lo previsto por el art. 18 de la Ley 387, se establece que la finalidad de los Colegios Departamentales, es velar por el cumplimiento y control de la ética profesional de la abogacía y sus afiliados, es así que la Sala Tercera del Tribunal de Honor del ICALP, como ente administrativo sancionador, no encuentra incongruencias ni vulneración a la normativa demandada de inconstitucional, puesto que solo se trata de dilatar el proceso.