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TCP

0278/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
22 de mayo de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0278/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0278/2019-S1 Sucre, 22 de mayo de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 26277-2018-53-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 645/2018 de 26 de octubre, cursante de fs. 85 a 90 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jacinto Quispe Mamani contra Edwin José Blanco Soria, Fiscal Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 1 y 16 de octubre de 2018, cursantes de fs. 12 a 16 vta; y, 19 a 23 respectivamente, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de la denuncia penal, iniciada por su persona contra los presuntos responsables involucrados en la emisión de la Resolución Judicial que le privó de su derecho propietario sobre un inmueble, la autoridad demandada emitió dos determinaciones fiscales que lesionaron sus derechos:

  1. a)La Resolución FDLP/EJBS/R 102/2018 de 6 de febrero, que ratificó la decisión fiscal de rechazo a favor de Angélica Amarru de Carlos y Samuel Carlos Mamani respecto al delito de falsedad material, así como de Guillermo César Quintana Frias, Efraín Alejandro Calderón Paz, Salome Cuti Mamani y Yamil Fernández Troche respecto a los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado; y,
  2. b)La Resolución FDLP/EJBS/S 025/2018 de 30 de enero, que confirma el sobreseimiento a favor de Angélica Amarru de Carlos y Samuel Carlos Mamani por la supuesta comisión del delito de uso de instrumento falsificado.

Agregó que la primera Resolución FDLP-EJBS/R 102/2018 vulneró los siguientes derechos:

  1. 1)La garantía al debido proceso en su elemento de fundamentación, porque sostiene que la causa caratulada como "Angélica Amarru de Carlos contra Jacinto Quispe Mamani", no tiene registro alguno en los sistemas "IANUS" y el Registro Integrado de Registro Judicial (SIREJ) de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, sino la existencia de usucapión extraordinaria signado como "Samuel SANCHEZ contra Sebastián LUNA", concluyéndose que no existió el primero y el segundo supuestamente se convirtió al de "Angélica AMARRU de Carlos contra Jacinto QUISPE Mamani", sin previa modificación en los registros de los sistemas mencionados, por lo tanto, se estaría ante un posible delito de falsedad ideológica; empero, la autoridad demandada sostiene que el proceso existiría, pero con una modificación de la solicitud en las partes procesales, sin mencionar un aspecto esencial, como es el hecho que el cambio no se realizó por el Juez de la causa, como correspondía en el registro del IANUS y el SIREJ de forma que oficialmente esa gestión no consta en los registros oficiales. Es decir, cuando se sostiene por los denunciados que el litigio existe pero que no concurre con esos nombres, ni tiene el registro que corresponde, entonces se está aseverando una falsedad al menos ideológica aspecto que no se valoró, ni desvirtuó por el fiscal, incurriendo en una Resolución contradictoria pero además si la esencia de la causa penal era la de comprobar la falsedad, se debió explicar y fundamentar claramente en su determinación los aspectos señalados;
  2. 2)Por otra parte, se sostuvo que el trámite de usucapión extraordinaria o decenal habría sido realizado conforme a procedimiento, resultando inviable la persecución penal por parte del Ministerio Público; sin embargo, conforme antecedentes se evidencia que la presunta notificación a su persona con la demanda se efectuó en un domicilio que no le corresponde, de forma que sumado al hecho de la inexistencia de registro alguno y que se encontraba caratulado con el nombre de otra persona, siendo imposible conocer sobre la existencia de la causa;
  3. 3)No se valoraron, ni mencionaron las pruebas que demuestran la falsedad de la notificación como su cédula de identidad donde figura su domicilio en la Av. Apumalla 700 zona Mariscal Santa Cruz, concordante con su tarjeta prontuario policial que registra la misma dirección; las declaraciones de Doroteo Chauca Tarqui y Américo Ángel Laura Murillo, que testificaron que no lo conocían y mucho menos habitaba el inmueble ubicado en la calle 4, 55 de Villa Dolores, tampoco valoró el hecho que en el proceso civil, los demandantes e imputados sostuvieron desconocerlo y que abandonó el bien inmueble, pero de la declaración de sus hijos Fabio Rubén y Brígida Mercedes Quispe Sánchez, se tiene que Angélica Amarru de Carlos es la hermana menor de su esposa Olga Sánchez de Quispe. Asimismo, no se analizó el hecho de que los demandantes tenían una propiedad junto a la suya conforme la declaración de la cónyuge antes referida y de Ángel Monroy Luna, confirmado por el Informe preliminar 0942/16 MP y 0455/26 FELCC emitido por el funcionario asignado al caso;
  4. 4)Se lesionó su derecho a la propiedad; toda vez que, la Resolución impugnada, avaló la pérdida de su inmueble por un proceso de usucapión irregular, siendo un perjuicio a su patrimonio y proyecto de vida; y,
  5. 5)Se vulneró su derecho de acceso a la justicia, pues el argumento principal para sobreseer a los imputados es que no se demostró la falsedad material con un estudio científico especializado, que determine la existencia de alteración o forjado de los documentos aludidos de falsos, cuando su persona en su oportunidad pidió la realización de dicho peritaje, siendo objeto de rechazo por parte del representante del Ministerio Público, utilizando su propia negligencia para denegarle justicia. Por otro lado, sobre la Resolución FDLP/EJBS/S 025/2018 denuncia:
  6. i)La lesión a la garantía del debido proceso en su elemento de fundamentación cuando sostiene que para la existencia del delito de uso de instrumento falsificado debe demostrarse previamente el delito de falsedad material o de falsedad ideológica, que en la especie no fue acreditado; toda vez que, la Resolución observada sostiene que de la revisión de la fotocopia legalizada del Libro Diario (gestión 2012) del Juzgado donde radicó la causa, se infirió que cursa el registro en las demandas nuevas, el proceso civil caratulado como "Samuel SÁNCHEZ contra Sebastián LUNA", registrándose con el mismo dato en el sistema IANUS que frente a las observaciones de la demanda por el Juez de la causa, ésta fue aclarada y modificada en cuanto a la identificación de las partes, asignándose como demandante a Angélica Amarru de Carlos y Samuel Carlos Mamani contra su persona Jacinto Quispe Mamani, sin modificar estos datos en el registro referido; por lo que, sumada a la notificación efectuada en un domicilio falso, provocó su indefensión absoluta, hechos que para el accionante implicaría el delito de falsedad ideológica, puesto que se hubieran insertado datos falsos en documentos públicos sobre las partes del proceso civil y que se generaron debido a la falta de corrección oportuna del juez; y,
  7. ii)La vulneración al derecho de acceso a la justicia, por cuanto solicitó oportunamente se realice un trabajo grafológico para evidenciar la falsedad incluso material del expediente; sin embargo, la autoridad fiscal demandada fundamentó su Resolución en la propia negligencia del Ministerio Público que en su oportunidad no diligenció el mismo. I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

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