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TCP

0278/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0278/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0278/2026-S1 Sucre, 3 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de cumplimiento

Expediente: 77799-2025-156-ACU Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 249/2025 de 24 de septiembre, cursante de fs. 147 a 151 vta., pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Sandra Cristina de Souza a través de su representante legal Patricia Farfán López contra Eulogio Núñez Aramayo; Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante por memoriales presentados el 2 y 8 de septiembre de 2025, cursante de fs. 92 a 100 y 105 a 110, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de agosto de 2018, interpuso acción de amparo constitucional cuestionando la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 047/2018 de 22 de agosto, en la cual la Jueza de garantías le concedió la tutela solicitada y declaró nula dicha Sentencia Agroambiental, disponiendo que las entonces autoridades accionadas emitan una nueva sentencia agroambiental plurinacional observando la normativa, decisión que generó se emita la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 051/2019 de 8 de julio; posteriormente, en revisión, el Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la Sentencia Constitucional Plurinacional de primera instancia y denegó la tutela solicitada; empero, esa Sentencia Constitucional fue notificada recién el 1 de febrero de 2021; es decir, dos años después de que se pronunció la referida Sentencia Agroambiental, razón por la cual ante la situación presentada y la evidente incertidumbre generada, el 3 de febrero de ese año, solicitó aclaración, complementación y enmienda, pidiendo se realice el dimensionamiento de los efectos en el tiempo y lo resuelto por la señalada Sentencia Constitucional Plurinacional.

Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional habiendo revisado la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 051/2019, evidenció que la misma contaba con nuevos elementos de prueba como el Informe Técnico TA-DTE 30/2019 de 22 de mayo, elaborado por el Departamento Técnico Especializado del Tribunal Agroambiental, el cual recomendó una valoración jurídica ante la sobreposición del predio "?Las Parabas"' al denominado "?Guayacán"', llegando a evidenciar que el Informe Técnico TA-DTE 30/2019, fue crucial para la emisión de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 051/2019, que declaró probada la Demanda Contenciosa Administrativa planteada; puesto que, se determinó que el plano inserto en el expediente agrario "Guayacán" no sería cierto ni fehaciente, aspecto técnico que no fue valorado en la primera acción tutelar, debido a que el Informe Técnico TA-DTE 30/2019 no existía; razón por la cual, se emitió el , que dimensionó los efectos del mencionado Auto Constitucional Plurinacional, y dejó subsistentes los actos y resoluciones que se pronunciaron en cumplimiento de la inicial concesión de la tutela dispuesta por la Jueza de garantías, dicho Auto Constitucional Plurinacional fue debidamente notificado el 9 de noviembre de 2021, a las partes procesales.

El 20 de enero de 2022, el INRA en un acto de mala fe, tergiversación procesal y total desacato, logró que el Tribunal Agroambiental emita el Auto Interlocutorio Definitivo S2 006/2022 de 20 de enero, contradiciendo el mandato constitucional previo y anuló la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 051/2019, maniobra dilatoria e ilegal que ocasionó la anulación del número asignado a la Resolución Administrativa RA-SS 0235/2021 de 20 de mayo, que modificaba el Auto de Vista de 21 de enero de 1992, del Trámite Agrario de Dotación 56586 del predio denominado "Las Parabas" y otorgaba la emisión del título ejecutorial individual en favor de su persona, dicha Resolución Administrativa contaba con el visto bueno de cuatro funcionarios y solo quedaba pendiente la firma del Director hoy accionado, quien con una actitud deliberada no firmó esa Resolución Administrativa, justamente para ser utilizada como argumento para anular la señalada Resolución Administrativa; por lo que, ante la flagrante inobservancia a una disposición constitucional y la indebida anulación realizada, el 22 de mayo de 2024, presentó un recurso de queja que fue resuelto por el , que declaró "ha lugar" la queja por incumplimiento y por consiguiente dispuso la nulidad del Auto Interlocutorio Definitivo S2006/2022, disponiendo la vigencia plena de la Sentencia Agroambiental S2 051/2019, como efecto jurídico de los fundamentos dispuestos en el .

En cumplimiento al , el Tribunal Agroambiental emitió el Auto Definitivo S2 34/2025 de 10 de junio, ordenando al INRA cumplir lo dispuesto en el , que dispuso se entregue la resolución final de saneamiento y al mismo tiempo dejó sin efecto cualquier acto y resolución que no vaya acorde con lo dispuesto en la instancia constitucional; sin embargo, el Director ahora accionado en un claro desacato, desobediencia y abuso de autoridad, el 20 de agosto de 2025, retrotrayendo ilegalmente el procedimiento remitió la carpeta de saneamiento nuevamente a la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz, donde se elaboró el Informe DDSC-USSC-INF-SAN 948/2025 de la misma fecha, el cual manifestó la negativa de cumplir lo determinado constitucionalmente, con base a criterios falaces e inadmisibles, sostiene que el INRA no fue parte accionada en la acción de amparo constitucional, argumento que carece de todo sustento legal; ya que, es una excusa que no considera la obligación que deriva del mandato directo del , y el Auto Definitivo S2 34/2025 que son oponibles y de cumplimiento obligatorio.

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