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TCP

0279/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
22 de mayo de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0279/2019-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0279/2019-S1 Sucre, 22 de mayo de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 27111-2019-55-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución AD 002/2019 de 4 de enero, cursante de fs. 101 a 102, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Carlos Romero Clavijo contra Margot Pérez Montaño e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2018, cursante de fs. 72 a 80, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue aprehendido en vía pública el 29 de julio de 2018, cuando se dirigía a su fuente laboral, por la presunta comisión del delito de robo con agravante, en mérito de una orden de allanamiento, emitida por el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz en suplencia legal de su homólogo Noveno. En dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se tomó su declaración informativa, siendo imputado formalmente; empero, la ampliación de la investigación se realizó después de su aprehensión, causa conocida por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del referido departamento, que se encontraba de turno de fin de semana; disponiendo su detención preventiva, mediante Resolución 250/2018 de 22 de julio, por la concurrencia de los arts. 233.1 y 2; 234.1 -en sus elementos domicilio y actividad lícita-, 234.10 y 235.1 y 2, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP), impugnándose dicho fallo por falta de fundamentación según prevé el art. 124 del citado código, apelación que fue resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 19 de octubre de igual año; es decir, tres meses después de su interposición.

Respecto al art. 233.1 del CPP, la Jueza a quo, refirió que el representante del Ministerio Público no necesita presentar prueba plena para demostrar la probabilidad de autoría, siendo suficientes indicios racionales o elementos suficientes de convicción que acrediten la existencia del hecho y dicha probabilidad, requisitos que, revisados los antecedentes estarían cumplidos; reclamado este agravio ante el Tribunal de alzada argumentando que, de los veintitrés indicios mencionados por el Fiscal de Materia, solo seis correspondían al acta de allanamiento de 20 de julio de 2018, en los cuales no existe un nexo causal con su persona para la atribución de delitos financieros; a lo que, los supra referidos Vocales, señalaron que, en el nuevo sistema penal se investigan hechos de los cuales deriva el tipo penal, que la defensa no demostró que en el lugar donde se ingresó no se hubiese encontrado lo que la autoridad fiscal manifestó en la imputación y que fue considerado por la Jueza inferior; asimismo, se sostuvo que el "ciudadano" no se encontraba en el lugar al igual que el coimputado cuando se recolectaron los indicios, pero a los efectos de la aprehensión ambos se encontraban en el lugar, debiendo la defensa demostrar con medios idóneos lo que sostuvo en audiencia, debido a que las simples afirmaciones de las partes no generan convicción, sin razonar el Tribunal de alzada los alcances del art. 233.1 del CPP, pese a la mención del protocolo de las medidas cautelares y la valoración para que el Juez a quo considere la existencia de un hecho punible, al igual que no se tomó en cuenta la , respecto de los lineamientos sobre dicha normativa, a efectos de fundamentar los vínculos entre los elementos referidos en la imputación con su persona para establecer su grado de participación en el hecho investigado; por lo que, desconoce los hechos e indicios para asumir su defensa.

Sobre la concurrencia de los riesgos procesales, tampoco se fundamentó debidamente siendo que la causa fue activada de oficio y no existen víctimas según la imputación; toda vez que, el Ministerio Público respecto al art. 234.10 del CPP, sostuvo que constituirían un peligro no solo para las posibles víctimas, sino también para la sociedad, porque a través de créditos no autorizados con altos intereses afectan su patrimonio aprovechándose de su desesperación e ingenuidad y ante la falta de pago utilizan medios violentos para su cobro; sin embargo, no llegó a demostrar que su persona haya realizado préstamos a terceras personas, habiéndose encontrado solo una libreta que no tiene vínculo con su persona en cuanto "...A LA VENTA DE ROPAS DE VESTIR ES DECIR UN COMERCIO INFORMAL Y NO ASI A DELITOS FINANCIEROS COMO REFIERE EL MINISTERIO PÚBLICO..." (sic), manifestando la Jueza a quo que se debe tomar en cuenta la naturaleza del hecho y cómo se realiza el modus operandi ; que los entendimientos de la SCP "056/2014", fue modulada por la SCP "70/2014", donde se señala, que la autoridad judicial debe realizar un test de peligrosidad en base a los antecedentes del imputado; en ese sentido, se denunció como agravio que el representante fiscal no presentó ningún antecedente nacional o extranjero en su contra, sin que la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz realizara una valoración integral de la prueba, resolviendo los supra referidos Vocales que sobre el art. 234.10 del aludido código, la defensa es la que debe demostrar que el imputado no es un peligro para la sociedad, sobre este particular se acompañó la , donde se sostiene que los fundamentos son subjetivos por no estar acreditados objetivamente, no pudiendo presumirse los riesgos procesales con la cita normativa, entre otros entendimientos, denotándose la falta de aplicación de la jurisprudencia constitucional por parte de las autoridades demandadas; más aún, tomando en cuenta que la causa penal se inició de oficio.

En lo concerniente al art. 235.1 del CPP, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de La Paz fundamentó que se requieren realizar mayores actos investigativos, tomando en cuenta la etapa procesal en la que se encuentra la causa; por lo que, dicho riesgo estaría latente; reclamándose la falta de fundamentación y motivación sobre este punto y en alzada las autoridades demandadas sostuvieron que respecto al art. 235.1 y 2 del citado código, se hizo mención a la SCP "273/2018" sin citar la fecha, pero que se acude al primer elemento como es la imputación para llevar adelante una medida cautelar y que en ella se determine que el imputado, estando en libertad, puede destruir, modificar las actas de colección de indicios de 20 de julio de 2018, existiendo abundante documentación que debe ser cotejada, además los nombres de personas que deben ser citadas, elementos que pueden ser alterados de concederse la libertad y una vez que el operador de la investigación determine lo que está manifestando en su imputación, este riesgo procesal desaparecerá; sobre el 235.2 del adjetivo penal, se establece que deben declarar ciudadanos, siendo este hecho considerado en la resolución de imputación; por lo que, el operador de justicia determinó cuáles serían los medios básicos para que en la conducta de estas personas concurra el art. 235.1 y 2 de la referida norma; fundamentación que resulta distinta a la que señalan los supra mencionados Vocales, en cuanto a las competencias previstas por el art. 398 del aludido código, no pudiendo ampliar lo fundamentado por el Juez a quo; la , se pronunció sobre la disposición de una medida cautelar en base a suposiciones sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, racional e integralmente; por cuanto, los indicados Vocales se apartaron de su competencia e incluso no aplicaron la jurisprudencia adjuntada para que subsanen los agravios cometidos por la Jueza inferior, evidenciándose la incongruencia y falta de fundamentación de las autoridades demandadas vulnerando derechos constitucionales.

El debido proceso constituye una limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto a la aplicación de una medida cautelar extrema por garantizar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional y el juzgamiento de hechos punibles protegiendo los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, su vulneración generó que se encuentre indebidamente procesado porque se ha demostrado objetivamente la duda razonable en cuanto al grado de autoría y participación para la aplicación de la detención preventiva; por tal razón, apeló para que el Tribunal de alzada repare los agravios sobre la falta de fundamentación y motivación, extremo que se encuentra ausente, "...lo cual ha conllevado que los vocales revoquen una decisión que ni siquiera debió aplicarse..." (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; y, a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 22, 23, 24, 115.II, 178 y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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