Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0279/2019-S2 Sucre, 24 de mayo de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente 26498-2018-53-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 10/2018 de 16 de noviembre, cursante de fs. 349 vta. a 356 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Quiroga Jiménez en representación de Bisa Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima (S.A.) contra María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 9 y 18 de octubre de 2018, cursantes de fs. 259 a 270 y 273 a 280 vta., la compañía accionante a través de su representante, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Tramitado el proceso laboral de reintegro de pago de desahucio, indemnización, vacación, aguinaldo, sueldos, bono de antigüedad, prima y otros derechos laborales seguido por Mónica Isabel Vera Zalles en su contra, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 134 de 23 de julio de 2015, declarando:
- a)Probada la excepción de prescripción de algún derecho que hubiese correspondido en su momento a la demandante del periodo 1993 a 2001, fundamentando que el trabajo prestado por la demandante, fue en calidad de profesional independiente desde octubre de 1993 hasta principios del 2001; hecho comprobado, de la documentación presentada por Bisa Seguros y Reaseguros S.A. y en notas fiscales además de no evidenciarse reclamo alguno, que lleve a la interrupción de la prescripción de algún derecho no reclamado;
- b)Probada la excepción de pago documentado, en razón de haberse cancelado a la demandante la totalidad de los derechos y beneficios sociales desde el 29 de marzo de 2001 hasta el 30 de agosto de 2012; e,
- c)Improbada la demanda de reintegro de Bs1 712 279,79.- (Un millón setecientos doce mil doscientos setenta y nueve 79/100 bolivianos), por los periodos de 1993 al 2011; en razón, de que no existió una relación de dependencia y subordinación, que cumpla con las exigencias previstas por ley. Además refirió, que la demandada ante esa determinación interpuso recurso de apelación; el cual que fue resuelto por la Sala Social, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz por Auto de Vista 43 de 29 de abril de 2016, confirmó en todas sus partes la Sentencia; el mismo que impugnado en casación se resolvió mediante , emitido por los Magistrados ahora demandados; mediante el cual, determinaron casar el indicado Auto de Vista y deliberando en el fondo, declararon probada en parte la demanda e improbadas las excepciones de prescripción por falta de méritos y de pago documentado, por corresponder el pago efectivizado a un periodo laboral del 2001 al 2012.
El indicado Auto Supremo 241 que se impugna, señaló que la demandante ofreció como prueba para demostrar la existencia de la relación laboral en este periodo, once libros de contabilidad, y que ese principio de prueba no habría sido desvirtuado por la compañía demandada; sino más al contrario, se evidenció su mala fe, que en su contestación negó enfáticamente la existencia de algún vínculo laboral con la actora durante el periodo demandado, y que correspondía a la compañía demostrar que la relación no se encontraba sujeta a los alcances de la Ley General del Trabajo; sin embargo, ese argumento no tiene base legal ni racional; por cuanto, por la prueba de descargo presentada, se probó la inexistencia de una supuesta relación jurídico laboral con la demandante, entre el 1 de agosto de 1993 y el 29 de marzo de 2001.
Así, el documento de reconocimiento de pago de beneficios sociales de 30 de agosto de 2012, reconocido en sus firmas en la misma fecha, contiene declaración expresa e indubitable de la demandante, que la relación jurídico laboral se inició el 29 de marzo de 2001 y finalizó el 30 de agosto de 2012, habiéndose cancelado todos los beneficios sociales que le correspondían, declaración que no fue negada, contradicha, ni impugnada, menos acusada de falsa por la demandante. Por otra parte, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), certificó que la Compañía Bisa Seguros y Reaseguros S.A., comercializa seguros de salud o enfermedad desde diciembre de 1999; por lo que, es imposible que antes de esa fecha haya existido en la misma el cargo de Auditor Médico.
Finalmente, expresó que los Libros Notariados de Impuestos al Valor Agregado (IVA) de la compañía, prueban fehacientemente que entre el 1 de agosto de 1993 y el 29 de marzo de 2001, la demandante emitía facturas a su favor, por los servicios profesionales que prestó; por lo tanto, no hubo subordinación y dependencia, ni la percepción de un salario fijo periódico; conforme se tiene acreditado en las facturas por diferentes montos, evidenciándose la inexistencia de la relación jurídico laboral en dicho periodo, puesto que no hubo continuidad y exclusividad en la prestación del servicio, en vista que existen meses, e inclusive años en los que la demandante, no prestó servicio alguno; por ello, el monto variaba según el servicio y no es correlativo el número de las facturas que entregaba, por cuanto también facturaba a otras personas; prueba que no fue objetada ni desvirtuada por la demandante en el proceso laboral.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la defensa y a la tutela judicial efectiva y los principios de legalidad, carga probatoria y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga:
- 1)Dejar sin efecto el , emitido por las autoridades demandadas; y,
- 2)Emitir un nuevo auto supremo, que tenga en cuenta los fundamentos que establezca el Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión.
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