Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0279/2026-CA Sucre, 9 de junio de 2026
Expediente: 84651-2026-170-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia demandando la inconstitucionalidad del "ARTÍCULO UNICO" de la Ley 1732 de 26 de mayo de 2026; por ser presuntamente contrario a los arts. 8.II, 9.4, 13.I, II y IV, 14.III, 15.I, 108.1, 109.I y II, 115.II, 139.III y 235.1 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 incs. c) y h), 25.1, 27, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 1, 2, 3, 5, 9, 1, 13, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memorial remitido a Comisión de Admisión el 2 de junio de 2026, cursante de fs. 3 a 11 vta., el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia interpuso esta acción de inconstitucionalidad abstracta contra la Ley 1732, cuyo Artículo Único dispone: "Se abroga la Ley N° 1341 de 23 de julio de 2020, de Estados de Excepción". Posteriormente, presenta memorial el 3 de ese mismo mes y año, con la suma "PRESENTA ARGUMENTOS ACLARATORIOS..." y adicionalmente solicita aplicación de medida cautelar.
Conforme a las y , esta última citada por la , existe inconstitucionalidad por omisión cuando: "La Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y este no lo hace, o cuando se produce una deficiente o incompleta regulación de un instituto que origine la ineficacia de una norma constitucional". El art. 139.III de la CPE dispone taxativamente que los estados de excepción serán regulados por ley, mandato que con la promulgación de la Ley 1732 queda vacío de contenido.
A tal efecto presenta los siguientes cargos de una presunta inconstitucionalidad:
- a)En cuanto al art. 139 de la CPE, refiere que al abrogar la Ley 1341 sin dictar norma sustituta, el legislador convierte ese mandato constitucional en "letra muerta", tornándolo ineficaz por omisión normativa. Es un acto negativo del legislador que frustra el desarrollo de una norma que la propia Ley Fundamental exige;
- b)El art. 13.I y IV de la Norma Suprema relacionado al carácter progresivo de los derechos, el cual prevé que: Los derechos reconocidos en la Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. La Ley 1732 transgrede el principio de progresividad y no regresividad al eliminar el marco normativo de protección de derechos durante los estados de excepción, da un paso hacia atrás en las garantías conquistadas. El parágrafo IV del mismo precepto constitucional establece además que los tratados internacionales de derechos humanos prevalecen en el orden interno, regla que queda sin marco operativo de aplicación;
- c)El art. 14.III de la CPE, prevé que: El Estado garantiza a todas las personas el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y los tratados internacionales. Sin marco regulatorio claro, las personas no tendrán certeza sobre qué derechos pueden ser restringidos, en qué medida y con qué controles;
- d)Por su parte el art. 109.I y II de la CPE establece que: "Los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por la ley". La restricción de derechos durante un estado de excepción requiere obligatoriamente una ley previa. Sin esa ley, cualquier restricción ejecutiva carecería de base legal suficiente;
- e)El art. 115.II de la Norma Suprema, refiere que sin una ley que establezca procedimientos claros para declarar, ejecutar y controlar un estado de excepción, el debido proceso queda en suspenso de hecho; y,
- f)Finaliza señalando que adicionalmente, se transgreden los valores del Estado (art. 8.II de la CPE) la obligación estatal de garantizar el cumplimiento de principios constitucionales (art. 9.4 de la Norma Suprema), los derechos a la vida y a la integridad (art. 15.I de la Ley Fundamental), el deber ciudadano de cumplir la Constitución Política del Estado (arts. 108.1 y 235.1 de la CPE), y el bloque de constitucionalidad que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos (arts. 256 y 410.II de la Norma Suprema).
En cuanto a la presunta inconvencionalidad de la normativa impugnada, alega que:
- 1)El art. 27 de la CADH establece que los Estados podrán suspender obligaciones en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. El art. 27.2 de dicha Convención enumera derechos que nunca pueden ser suspendidos, entre ellos, los arts. 4 (Derecho a la vida); 5 (Integridad personal); 6 (Prohibición de esclavitud), 9 (Principio de legalidad); 12 (Libertad de conciencia); y, 23 (Derechos políticos). Sin una ley interna que regule como Bolivia aplica este artículo, el Estado queda en incumplimiento potencial de sus obligaciones convencionales, con la consiguiente responsabilidad internacional;
- 2)El art. 8.1 incs. c) y h) de la CADH, refiriéndose a la omisión regulatoria, señala que genera una permisibilidad encubierta de vulneración de garantías judiciales mínimas: tiempo y medios adecuados para la defensa (inc. c) y derecho a recurrir el fallo ante juez superior (inc. h);
- 3)En cuanto a los arts. 25.1, 29 y 30 -Protección judicial, interpretación y restricciones-, manifiesta que sin una ley que delimite el alcance de las medidas de excepción, los jueces carecen de parámetros objetivos de control. Las restricciones a derechos no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes dictadas por razones de interés general (art. 30 de la CADH). Sin ley, no hay restricción legítima posible;
- 4)Respecto a la Declaración Universal de Derechos Humanos invoca los artículos como estándar mínimo de protección de los derechos que podrían verse afectados por un estado de excepción sin regulación: como ser los arts. 1 (Igualdad y dignidad de todos los seres humanos); 2 (No discriminación en el goce de derechos); 3 (Derecho a la vida, libertad y seguridad personal); 5 (Prohibición de torturas y tratos crueles); 9 (Prohibición de detención arbitraria); 13 (Libertad de circulación y residencia); 18 (Libertad de pensamiento, conciencia y religión); 19 (Libertad de opinión y expresión); y, 20 (Libertad de reunión y asociación pacífica).
El Defensor del Pueblo concluye señalando que:
- i)La Ley 1732 desconoce el deber de progresividad (arts. 13.I y 14.III de la CPE), al ser regresiva elimina un sistema de protección sin reemplazarlo. El Estado tiene la obligación de avanzar en la vigencia de derechos, nunca retroceder. Al dejar sin desarrollo el art. 139.III de la Norma Suprema, el mandato constitucional se torna ineficaz, y los ciudadanos quedan expuestos a un poder ejecutivo sin límites normativos claros durante una emergencia;
- ii)Lesiona la legalidad, taxatividad y seguridad jurídica (arts. 109.II, 115.II de la CPE y 30 de la CADH), carece de lógica explicación normativa. No determina la vigencia del estado de excepción, sus causales, qué derechos pueden restringirse, cómo debe fiscalizar el Órgano Legislativo, ni cuál es el canal de comunicación internacional. Esa omisión total vulnera la seguridad jurídica, pues los ciudadanos no pueden tener certeza de cómo se protegen sus derechos en una emergencia; y,
- iii)Desconoce la igualdad y prohibición de discriminación (arts. 13, 256 y 410 de la CPE; y, 1 y 2 de la DUDH), pues, sin regulación objetiva y preestablecida, el Órgano Ejecutivo podría declarar un estado de excepción de forma sectorizada o selectiva. La , reconoce la igualdad en su dimensión multidimensional como valor supremo, como principio del nuevo modelo estatal, como derecho fundamental individual y colectivo y como garantía de tutela judicial efectiva.
Finalmente alega que la omisión legislativa podría traer consecuencias directas e inmediatas como una:
- a)Mayor discrecionalidad ejecutiva: El Órgano Ejecutivo puede aplicar medidas extraordinarias sin las trabas procesales y garantías previas que existían;
- b)Menor control legislativo: Se eliminan las limitaciones temporales y la supervisión parlamentaria obligatoria;
- c)Mayor riesgo de desprotección ciudadana: La propia justificación para abrogar la ley revela el propósito real de la medida; y,
- d)Responsabilidad internacional del Estado: Bolivia podría incurrir en violaciones de tratados de derechos humanos al no contar con un marco normativo que garantice sus obligaciones convencionales.
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