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TCP

0279/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0279/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0279/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 72481-2025-145-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 01/2025 de 25 de marzo, cursante de fs. 671 a 677 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ysidro Umaña Pereda contra Silvana Mucarzel Demetry, Presidenta del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 de febrero y 10 de marzo de 2025, cursantes de fs. 171 a 176 vta. y 181 a 202 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En abril de 2024, inició un trámite administrativo ante el GAM de Santa Cruz de la Sierra identificado como R.T.M. 273/2023, solicitando el registro topográfico de su lote de terreno de 159 113 m2 de superficie ubicado en Lomas del Urubo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 7.01.1.06.0104867, adquirido a través de compraventa conforme Testimonio 1343/2023 de 31 de mayo; sin embargo, por Oficio OF. EXT. CARTO 339/2024 de 23 de abril, el departamento de Cartografía de la Dirección de Ordenamiento Territorial dependiente de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del citado ente municipal, rechazo la referida solicitud, refiriendo que en base a la información proporcionada por el Departamento de Tierras y Áreas de Equipamiento Social: "'Revisados los archivos y antecedentes del Departamento de T.A.E.S., informa que ploteadas las coordenadas en la presente solicitud las cuales recaen en fracción de los terrenos de PROPIEDAD MUNICIPAL, el mismo que se encuentra con la Ordenanza Municipal Nº 062/2013 que lo declara como DOMINIO MUNICIPAL para luego regularizar el derecho propietario de acuerdo al Instrumento Publico Nº 1035/2013 el cual se encuentra inscrito en Derechos Reales bajo la Matricula Computarizada Nº 7.01.1.99.0120566 mismo que se encuentra vigente'" (sic); razón por la cual interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico, que fueron resueltos a través de la Resolución Técnica Administrativa de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) 22/2024 de 11 de junio y Resolución Administrativa (RA) SEMPLAD 33/2024 de 22 de julio respectivamente, las cuales en síntesis mantuvieron el rechazo al registro topográfico; la primera revocando parcialmente el oficio y la segunda, desestimando el recurso por supuesta haber sido interpuesto extemporáneamente.

Refiere que, en la gestión 2014 el GAM de Santa Cruz de la Sierra inscribió abusivamente su lote de terreno mediante Testimonio 1035/2013 de 20 de noviembre, en virtud a la Ordenanza Municipal (OM) 062/2013 de 14 de junio, emitida por el Concejo Municipal de dicho GAM que declaró de dominio público municipal la superficie de 791 807,15 m2 -con uso de suelo destinado al Parque de Protección Ecológica Río Piraí- incluyendo su propiedad de 159 113 m2; incumpliendo la Disposición Final Cuarta del Reglamento a la Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano (LRDPU), aprobado por Decreto Supremo (DS) 27864 de 26 de noviembre de 2004, que establecía que "...el procedimiento de la primera fase para la declaratoria de un bien como de Dominio Público Municipal, el mismo que es la identificación del bien inmueble a regularizar y la búsqueda de antecedentes que respalden el proceso..." (sic); por lo que al no haberse realizado la búsqueda de los antecedentes dominiales de su bien inmueble, la OM 062/2013 vulneró su garantía al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, y sus derechos a la defensa y a la propiedad privada.

La OM 062/2013 identificada como acto lesivo es de naturaleza administrativa y no de naturaleza normativo-legislativo, razón por la cual las acciones de inconstitucionalidad ya sea abstracta y/o concreta no son procedentes, pues sus efectos recaen únicamente sobre su derecho propietario; en consecuencia, la acción de amparo constitucional es la vía idónea para dejarla sin efecto; enfatizando que su persona recién tuvo conocimiento de la señalada Ordenanza Municipal en el mes de mayo de 2024, cuando fue notificado con el Oficio OF. EXT. CARTO 339/2024.

Tampoco se respeto la garantía del debido proceso en su elemento legalidad, por cuanto incurrió en medidas de hecho, al no cumplir lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta del Reglamento a la Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano, no sometiendo su conducta a los postulados constitucionales y legales. Además, de prácticamente permitir la confiscación de su propiedad privada -al impedir el uso, goce y disposición del inmueble de su propiedad- y a la "seguridad jurídica".

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