Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0280/2019-S4 Sucre, 29 de mayo de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 26602-2018-54-AAC Departamento: Pando
En revisión la Resolución 14/ 2018 de 16 de noviembre, cursante de fs. 337 a 339, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ruth Karina Suzaño Cortez contra Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros de la Sala Disciplinaria; Teodora Sonia Montero Rocha, Jueza Técnica; Silvia Becerra Baptista y Rosa Aranibar Puente, Juezas ciudadanas del Juzgado Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental de Pando todos del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 25 de octubre de 2018, cursante de fs. 296 a 302, la accionante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su condición de Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Pando, el 3 de agosto, fue notificada con el Memorándum CM/RR.HH. 22/2016 de 31 de agosto, a través del cual se le comunicó la suspensión de sus funciones a partir del 1 de septiembre del mismo año, sin indicar la fecha de conclusión de esa medida, hasta que de manera verbal, Vladimir Bernardo Sempértegui Gómez, Encargado Distrital de Pando y Diandra Yolenne Mendoza Paz, Técnico de Control de Personal ambos del Consejo de la Magistratura, le instruyeron reincorporarse el 30 de septiembre de 2016, a fin de reponer el día de trabajo que debía, por lo que, en esa fecha se constituyó a sus funciones, llevando a cabo varias audiencias, entre ellas la solicitud de cesación a la detención preventiva de Rodolfo Ríos Albornoz, misma que fue rechazada por falta de documentación necesaria para desvirtuar los peligros procesales; disconforme con la decisión asumida y anoticiado que las autoridades del Consejo de la Magistratura, solo emitieron la orden de manera verbal para su restitución a sus funciones, presentó una denuncia en su contra por supuestas faltas disciplinarias, porque al estar suspendida, hubiera actuado sin competencia.
Sin embargo, hasta ese momento, su persona, las autoridades del Consejo de la Magistratura ni el Juez que le envió el expediente para celebrar la audiencia, no dieron importancia a la instrucción verbal ni a las consecuencias que ésta tendría, pues de su parte actuó de buena fe.
En la investigación disciplinaria, no se advirtió la presunta omisión del Juez Elvio Bautista Blanco, presumiblemente competente, quien le envió el expediente para presidir la audiencia y emitir la respectiva resolución.
Asimismo, refirió que el 2 de agosto de 2016, por el día no trabajado fue denunciada por el Control de Fiscalización y Transparencia caso signado con el número 27/2016, misma que fue declarada improcedente.
Sin embargo, la segunda denuncia por faltas leves y gravísimas contenidas en los arts. 186.2 y 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, fue admitida mediante Resolución de 14 de octubre de 2016, emitida por Teodora Sonia Montero Rocha, Jueza Técnica Disciplinaria Segunda del Consejo de la Magistratura -hoy demandada- quien omitió pronunciarse sobre el incidente de nulidad de citación, toda vez que, no fue notificada con la prueba, conforme dispone el art. 199 del citado cuerpo legal, no obstante dio curso a las solicitudes de informes que presentó el denunciante, lo que denotó el trato desigual en cuanto a la defensa e igualdad de partes, aspecto por el que la autoridad demandada, solo se limitó a llamar la atención a la oficial de diligencias y no se pronunció sobre el referido incidente.
Por otra parte, no obstante que presentó prueba documental consistente en:
- a)Declaraciones testificales de Guillermo Mamani Condori Coronel, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Pando;
- b)Certificación de Diandra Yolenne Mendoza Paz;
- c)Acta de careo entre el Encargado Distrital de Pando y la Responsable de Recurso Humanos (RR.HH.) ambos del Consejo de la Magistratura;
- d)Certificación de la planilla de asistencia del 2 de agosto de 2016 y la inasistencia por motivos explicados en el informe presentado de descargo;
- e)Decreto de 3 de agosto de 2016, emitido por el "Juez Pablo Andia" (sic);
- f)Certificación de Luis Francisco Aguada; y,
- g)Diferentes memorándums emitidos por los Representantes Distritales que señalaron expresamente las fechas de inicio de cómputo de ejecución de sanción, conclusión y de reincorporación; a diferencia del Memorándum CM/RR.HH. 22/2016, que le fue cursado, que solo describía la fecha de inicio, pero no la de conclusión ni de reincorporación y el tiempo de duración que mencionaba "MESES". Documentos que no fueron valorados en primera ni en segunda instancia por los Jueces Disciplinarios, sino que estos basaron su resolución en el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva de 30 de septiembre de 2016, y en el Memorándum mencionado.
Asimismo, señaló estar claro y probado que la presunta falta proviene del ejercicio de funciones cuando fungía como Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Pando, designada de manera transitoria, funciones a las que renunció el 6 de junio de 2017; la misma que fue aceptada por el Consejo de la Magistratura, alejándose definitivamente del cargo que ejercía.
Una vez graduada de la Escuela de Jueces del Estado, asumió el cargo de "Jueza del Tribunal de Sentencia" (sic), que en la actualidad ocupa, lo que imposibilita, conforme al art. 23.3 de la LOJ, la sanción de destitución después de una renuncia escrita y de haber ingresado a la carrera judicial, sin que exista en el ejercicio de funciones alguna falta disciplinaria ni en el anterior cargo, menos en el actual, peor aún si la sanción llegó después de más de un año de haber ingresado al proceso de institucionalización y de haber renunciado al anterior cargo, pues de haber existido alguna falta en el ejercicio de sus funciones como Jueza de Instrucción Penal, hubiera sido inhabilitada dentro del proceso de selección para los egresados de primer curso de formación de la citada Escuela y al advertirse que no se cometió falta alguna en el anterior ni en el actual cargo, no correspondía su destitución.
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