Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0281/2020-S1 Sucre, 10 de agosto de 2020 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 32268-2019-65-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/2019 de 12 de julio, cursante de fs. 37 vta., a 40 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Daza Trigo, en representación sin mandato de Jesús Ángel Salvatierra Zeballos contra Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Décimatercera de la Capital del departamento de Santa Cruz. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Mediante memorial presentado el 11 de julio de 2019, cursante de fs. 24 a 25 vta., el accionante a través de su representante sin mandato expresó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Gabriela Aramayo Rojas, ante el Juzgado Público de Familia Décimatercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, observó la liquidación de fs. 231 -se entiende del proceso familiar- presentada por la prenombrada, quien solicitó el pago de Bs3 464.- (tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro 00/100 bolivianos); además, adjuntó facturas sobre gastos varios que asciende a Bs628,57.- (seiscientos veintiocho 57/100 bolivianos), monto que debió haber sido dividido en dos partes y recargarle solo el 50%; sin embargo, al no haberse tomado en cuenta lo señalado, el mandamiento de apremio fue expedido por la suma total de Bs3 778,57.- (tres mil setecientos setenta y ocho 57/100 bolivianos), monto distinto al solicitado por la demandante -del proceso familiar-, por lo que al haber una confusión, correspondía realizar una nueva liquidación y anular el mandamiento de apremio, ordenando su libertad inmediata, ya que se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de Palmasola del departamento de Santa Cruz. Agrega que, la demandante en el proceso de asistencia familiar también adjuntó un extracto bancario del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.), donde no figura el depósito de Bs700.- (setecientos 00/100 bolivianos) por concepto de asistencia familiar efectuado por su persona -ahora impetrante de tutela-, cursante a fs. 20 de esta acción tutlar, que debió descontarse de la liquidación correspondiente, por lo que la obligación pendiente de pago seria de Bs2 764.- (dos mil setecientos sesenta y cuatro 00/100 bolivianos). I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados El accionante, alega como vulnerado sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la presunción de inocencia, derecho a la defensa y a la igualdad de partes ante el Juez, citando al efecto los arts. 113, 114, 115, 116.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio Solícita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se proceda a la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo y se ordene su inmediata libertad, pidiendo el descuento de la deuda por concepto de obligación de asistencia familiar, por el tiempo que se encuentra apremiado. I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías Celebrada la audiencia el 12 de julio de 2019, conforme consta en el acta cursante de fs. 35 a 37 y vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante mediante su defensa técnica se ratificó en su acción de libertad; y, ampliándola, manifestó que Gabriela Aramayo Rojas, mediante memorial presentado ante la Jueza de la causa, expresó que, adeudaba el monto de Bs2 250.- (dos mil doscientos cincuenta 00/100 bolivianos) por asistencia familiar y desde el mes de enero de 2019 a febrero del mismo año Bs900.-, haciendo un total de Bs3 150.- (tres mil ciento cincuenta 00/100 bolivianos), e indica que la notificación con la liquidación de asistencia familiar se la realizó a Ana Paola Duran, quien es esposa del impetrante de tutela, misma que firmó como testigo; sobre el punto, por lo que peticionante de tutela manifestó que no está observando la notificación; sino, el monto de la asistencia familiar, tampoco desconoció su obligación y está de acuerdo con pagar; pero no en la suma de Bs3 778,57.-; sino en el monto de Bs2 764.-; la Jueza demandada expidió mandamiento de apremio; empero, debe tomarse en cuenta que la misma autoridad dispuso que, previo al recojo del mencionado mandamiento, la demandante -en el proceso familiar-, debía adjuntar extracto bancario de la cuenta aperturada para dicho fin; disposición que, no habría cumplido y pidió que se corrija la liquidación y se realice conforme al monto real, anulando obrados hasta el vicio más antiguo. I.2.2. Informe de la autoridad demandada Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Décimatercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe del 12 de julio de 2019, cursante de fs. 30 a 31, refirió que:
- a)Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Gabriela Aramayo Rojas, la prenombrada presentó liquidación conforme al art. 445 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), que alcanzaba a la suma de Bs3 464, más gastos médicos y escolares en un 50%, demostrado con facturas y recetas;
- b)Corrido en traslado, se efectuó la notificación, recibiendo la esposa del obligado del ahora accionante, conforme al art. 307 del CFPF;
- c)Estando notificado no objetó ni presentó ningún recurso; por lo que, la beneficiaria solicitó la conminatoria de pago, en el marco de sus atribuciones y velando por el beneficio del menor, se aprobó en la suma de Bs3 778,57.-, monto deducido de la liquidación de Bs3 464.- y gastos emergentes de salud y educación (el obligado tenía conocimiento que debía realizar los pagos en un 50%);
- d)El ahora impetrante de tutela, debió haber pagado el monto aprobado o en su caso observar en el plazo de tres días; pero no lo hizo; tampoco se apersonó en ningún momento al Juzgado;
- e)De esa manera a solicitud de la beneficiaría se dispuso el mandamiento de apremio, previa presentación del extracto bancario para ver si el obligado realizó algún pago;
- f)Transcurriendo diecinueve días hasta que la beneficiaría presentó el extracto bancario solicitado y recién se emitió el mandamiento; por lo que, le extraña que ahora active una acción de libertad; y,
- g)Al encontrarnos ante una petición de cobro de asistencia familiar, a favor del menor, por lo que en atención a la normativa que los protege, se procedió a emitir el mandamiento de apremio, no evidenciándose ninguna vulneración de derechos, por lo que solicitó que sea denegada la tutela ya que no se adecúa a los preceptos del Código Procesal Constitucional.
I.2.1. Resolución La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 10/2019 de 12 de julio, cursante de fs.37 vta., a 40, denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos:
- 1)"...ha cumplido con todo lo establecido en el Código de Familia el Código Niño, Niña y Adolescente velando por el interés superior del niño..." (sic);
- 2)La autoridad demandada actuó conforme a procedimiento, conminando al accionante al pago de la asistencia familiar, solicitando, antes de emitir el mandamiento de apremio, un extracto bancario actualizado para verificar si el prenombrado había cumplido con el pago;
- 3)Si bien no se consideró el depósito de los Bs700.-, no es menos cierto que el impetrante de tutela, debió acudir ante la Jueza -ahora demandada- para objetar la liquidación de asistencia familiar y no así ante la Jueza de garantías por no ser su competencia;
- 4)Consta el decreto de 25 de febrero de 2019, mediante el que se corre en traslado al ahora peticionante de tutela con la liquidación, sin que éste haya objetado ni se haya apersonado ante el Juzgado; y,
- 5)La acción de libertad procede solamente en los casos previstos por el art. 125 de la CPE, 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, no corresponde la procedencia de la presente acción tutelar. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de Asistencia Familiar seguido por Gabriela Aramayo Rojas en contra de Jesús Ángel Salvatierra Zeballos -ahora accionante-, la primera presentó memorial de "liquidación de asistencia familiar" a favor de su hijo menor de edad el 21 de febrero de 2019, solicitando el pago de Bs3 464.- (tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro 00/100 bolivianos), por concepto de asistencia familiar, memorial que fue corrido en traslado al prenombrado, mediante decreto de 25 de igual mes y año, expedido por la Jueza Pública de Familia Décimatercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- (fs. 3 y 4). II.2. El 26 de marzo de 2019, el peticionante de tutela fue notificado con el memorial y decreto referidos precedentemente, mediante diligencia efectuada en cumplimiento del art. 307 del CFPF, firmando en constancia, Ana Paola Durán, actual cónyuge del prenombrado; aspecto corroborado por el mismo, en su intervención en audiencia de acción de libertad el 12 de julio del citada año, quien, mediante su representante sin mandato, expresamente manifestó, que "...no está observando la notificación sino la liquidación..." (sic [fs. 12 y 36 vta.]). II.3. El 8 de abril del citado año y ante la falta de pronunciamiento del impetrante de tutela, la autoridad jurisdiccional demandada, decretó aprobando la liquidación de asistencia familiar en el monto de Bs3 778, 57.-, ordenando su pago bajo alternativa de librarse mandamiento de apremio, actuado con el que se le notificó al accionante del mencionado mes y año, conforme al art. 307 del CFPF, firmando en constancia un familiar como testigo (fs. 14 a 15). II.4. Ante la falta de pago de la asistencia familiar, dentro del plazo previsto por Ley, se expidió mandamiento de apremio en contra de Jesús Ángel Salvatierra Zeballos, por un monto devengado de Bs3 778 57.- (fs. 21). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante denuncia que la autoridad demandada vulneró sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la presunción de inocencia, a la defensa y a la igualdad de partes; por cuanto dentro del proceso de asistencia familiar, seguido por Gabriela Aramayo Rojas en su contra, ha dispuesto el pago de la suma de Bs3 778,57.-, por concepto de asistencia familiar devengada, a favor de su hijo menor de edad, sin haber deducido de dicho monto el 50% de los gastos de Bs 628, 57.-, y la suma de Bs700.-, este último depositado por su persona como parte de pago; por lo que, el monto calculado no es el correcto; correspondiendo el monto de Bs2 764.-, razón por la que el mandamiento de apremio emitido en su contra, es ilegal vulnerando sus referidos derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para tal fin se desarrollará los siguientes ejes temáticos:
- i)Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y,
- ii)Análisis del caso concreto.
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