Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0281/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 74104-2025-149-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 51/2025 de 30 de mayo, cursante de fs. 62 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Miguel Calbimonte Claure contra Blanca Carolina Chamón Calvimontes y Jorge Ahmed Julio Alé, Vocales de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 27 de mayo de 2025, cursante de fs. 6 a 31, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Asumió la posesión material, pacífica continua y pública de un inmueble de su copropiedad en enero de 2021, encontrándolo en estado de abandono y objeto de vandalismo e incendio; además, realizó trabajos de limpieza, mejoras y cerramiento con portones, entre agosto y septiembre del citado año, acreditando su calidad de heredero mediante una declaratoria registrada en julio del mismo año.
El 5 de enero de 2023, Luisa Elisa Claure Gareca -hoy tercera interesada-interpuso una demanda de interdicto de recobrar la posesión del citado inmueble, alegando un despojo ocurrido el 15 de enero de 2022; frente a ello, contestó negando los hechos y oponiendo la excepción de caducidad, por considerar que el plazo anual previsto en el art. 1461 del Código Civil (CC) había vencido; asimismo, fundó dicha excepción en que su posesión se había consolidado en 2021 y, al no acreditarse actos posesorios materiales de la demandante con posterioridad a esa fecha, la referida demanda, resultaba extemporánea.
De manera que, la autoridad judicial de primera instancia, mediante Sentencia de 1 de diciembre de 2023, declaró probada la excepción de caducidad e improbada la demanda; esa decisión se basó en una valoración integral de la prueba, que incluyó prueba testifical, inspección judicial y documental, constatando la falta de posesión material de la demandante y la consolidación de su posesión desde 2021. Ante lo cual, la parte demandante interpuso recurso de apelación impugnando la errónea valoración de la prueba y aplicación del art. 1514 del CC, que fue resuelto mediante el Auto de Vista 30/2025 de 22 de enero, emitido por Blanca Carolina Chamón Calvimontes y Jorge Ahmed Julio Alé, Vocales de la Sala Mixta Civil Comercial de Familia Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandados-, quienes revocaron la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, declararon improbada la excepción de caducidad y probada la demanda, ordenando el desapoderamiento del inmueble de su persona con auxilio de fuerza pública.
Sin embargo, el referido Auto de Vista incurrió en un defecto sustantivo al desnaturalizar la acción interdictal de recobrar la posesión; dicha acción, de naturaleza sumaria, tiene por objeto exclusivo la posesión material o tenencia efectiva del bien; empero, los Vocales demandados fundamentaron su decisión en la posesión civil de la parte demandante, una figura jurídica propia de una acción reivindicatoria o petitoria, que es ajena a los límites de un proceso interdictal, en el marco de lo previsto en el art. 1461 del CC y la ; pues, al introducir este concepto erróneo, resolvieron sobre una cuestión -el derecho de propiedad- no sometida a su conocimiento, configurando una decisión incongruente; además, este vicio se agrava al omitir que su persona también ostenta derecho de propiedad y la calidad de copropietario del mismo inmueble, circunstancia que consta en el último asiento del folio real aportado por la propia demandante y que desvirtúa la presunción de posesión civil exclusiva a su favor.
Paralelamente, el fallo cuestionado incurrió en un defecto fáctico al realizar una valoración probatoria parcial, arbitraria e incompleta, apartándose de los márgenes de razonabilidad y equidad; por un lado, otorgó valor posesorio decisivo e indebido a documentos presentados por la demandante que son inconducentes para acreditar la tenencia material -como el folio real, una Sentencia de reivindicación de 2015, pagos de servicios básicos, afiliación a Organizaciones Territoriales de Base (OTB), e impuestos-, los cuales solo prueban actos administrativos o el derecho de propiedad, no la posesión efectiva; por otro lado, omitió valorar de manera integral y motivada las pruebas pertinentes aportadas por su persona que sí acreditaban su posesión material desde enero de 2021, tales como la inspección judicial que constató obras y cerramientos, la prueba testifical coincidente de tres testigos, fotografías y la confesión provocada, en la que la demandante reconoció no tener control físico del inmueble.
Asimismo, la resolución desconoció la aplicación directa de los arts. 1461 y 1514 del CC, referidos a la caducidad; pues, al considerar, sin base fáctica suficiente, que la demandante mantuvo una posesión civil, declaró improcedente la excepción de caducidad opuesta por su persona; no obstante, de la prueba admitida se desprende que consolidó su posesión material en enero de 2021, por lo que la oportunidad para interponer demanda el 5 de enero de 2023 caducó; esta errónea aplicación de la ley vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica. Por otro lado, existió un trato desigual en la imposición de la carga probatoria, quebrantando la igualdad procesal y la imparcialidad; mientras que a su persona se le exigió acreditar de modo exhaustivo cada acto posesorio material, a la contraparte se le dispensó de probar el elemento central de su pretensión -la tenencia material previa-, aceptándole como suficientes meros actos administrativos; finalmente, el mandamiento de desapoderamiento derivado de la resolución carente de sustento probatorio válido y adoptado de manera arbitraria, torna inminente y actual la lesión de sus derechos.
I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho a la propiedad privada, a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, de los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad de las partes en el proceso y verdad material; citando al efecto los arts. 56.I, 108.I, 115.II, 119.I, 120.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 17.2 y 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21, 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Mostrando 18 de 89 parrafos.