Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0281/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 55582-2023-112-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 58/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 159 a 165, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Brandon Ledezma Delgado contra Vivian Ojeda Ajata, Rectora Regional y Cecilia Danitza Serrano Araníbar, Jueza Sumariante, ambas de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) del departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado en fecha 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 62 a 70 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso administrativo sumarial seguido en su contra, en su condición de alumno regular de la carrera de Psicología de la Universidad Privada Domingo Savio Regional Oruro, mediante Resolución Final del Proceso Administrativo 001/2023 de 18 de abril, fue sancionado con la expulsión de la referida casa de estudios; determinación que fue ratificada en segunda instancia por Resolución 002/2023 de 24 de abril.
El referido proceso administrativo fue tramitado con irregularidades y en franca vulneración del Reglamento Estudiantil de la UPDS, en sus arts. 34, 35, 36, 37, 38 y 39, relativos a las formas de inicio del proceso disciplinario, el plazo para emitir una resolución motivada de procesamiento, la apertura del término probatorio, los medios de prueba, la resolución conclusiva de primera instancia del proceso sumario y la forma de proceder con el recurso de apelación; toda vez que, desde un primer momento en que le atribuyeron injustamente los hechos endilgados, sin que exista una denuncia formal ni resolución de procesamiento o notificación con dicho actuado, se le manifestó que no podía asistir a clases en su carrera, se dispuso la entrega de su carnet universitario, quedando inhabilitado para ingresar a las instalaciones de la Universidad sin previo aviso al personal de seguridad, presumiendo su culpabilidad y no su inocencia; asimismo, luego de obligarle a exhibir el contenido de su celular y pese a no encontrar nada relativo al hecho acusado, las autoridades universitarias retuvieron su dispositivo móvil en presencia de docentes y estudiantes, menoscabando así su dignidad como persona, haciéndolo ver como si fuese un degenerado.
La notificación realizada con la apertura del periodo probatorio estableció que la falta por la que se seguía el proceso estudiantil era la prevista en el art. 30.a) del Reglamento Estudiantil de la UPDS, consistente en una falta leve, cuya sanción podía ser una amonestación verbal o escrita; consecuentemente, dicha incongruencia le impidió ejercer una defensa efectiva, pues no tenía certeza sobre el motivo por el cual se inició el proceso.
Pese a haber solicitado la obtención de medios de prueba a su favor, mediante nota de 10 de abril de 2023 dirigida a la Rectora Regional de la UPDS Oruro, recibió como respuesta que su solicitud debía ser realizada por la Jueza sumariante del proceso administrativo; y al reiterar su nota el 14 del mismo mes y año, se le informó que se tenía programada una reunión conjunta para conocer las conclusiones del análisis de las pruebas recolectadas en la etapa probatoria, en la que fue notificado con la Resolución Final del Proceso 001/2023, sin que ésta declare probada o improbada la denuncia; limitándose a efectuar transcripciones de la normativa procesal, manteniendo retenido su celular para ser remitido al Ministerio Público, sin determinar cuál era el tipo penal que habría cometido ni la sanción impuesta, vulnerando el debido proceso; circunstancia que motivó la interposición del recurso de apelación.
La impugnación fue resuelta mediante Resolución 002/2023 de 24 de abril, que ratificó la resolución final del proceso administrativo a través de transcripciones de citas legales y antecedentes del proceso, sin fundamentar ni motivar de forma congruente las razones de su determinación.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho de acceso a la educación y permanencia, secreto de las comunicaciones privadas, privacidad, dignidad, debido proceso por falta de valoración de la prueba y presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 21.2, 82.I, 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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