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TCP

0282/2025-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
27 de noviembre de 2025
Resumen del caso

Auto 0282/2025-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0282/2025-RCA Sucre, 27 de noviembre de 2025

Expediente: 76346-2025-153-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 11/2025 de 1 de septiembre, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Moises Tolay Portal contra Jesús Sabino Altamirano Cruz, Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2025, cursante de fs. 7 a 31, el accionante manifestó que es propietario de la Empresa Unipersonal IMPREX TOLAY, y que por el giro de la misma se vio en la necesidad de arrendar un bien inmueble amplio; por lo que, su padre Franz Tola Borda, con el ánimo de colaborar su emprendimiento realizó las gestiones para ubicar el predio; empero, ante la premura de asegurar ese bien inmueble, temiendo que pudiera ser alquilado por otra persona, procedió a suscribir un contrato de arrendamiento a título personal con la Fundación Acción Cultural Loyola (Fundación ACLO); sin embargo, desde el inicio fue su persona y no su padre quien ocupó dicho bien inmueble y lo adecuó con construcciones funcionales al rubro empresarial y asumiendo de manera exclusiva todas las obligaciones contractuales, incluyendo el pago de alquiler, instalación, pago de servicios básicos, inversiones en infraestructura, que fueron valoradas mediante pericia técnica y responsabilidad laboral respecto al personal que trabaja en la nombrada empresa, siendo la indicada situación de conocimiento de esa Fundación.

El 31 de marzo de 2022, ante el vencimiento del contrato que efectuó la Fundación ACLO, inició proceso monitorio de desalojo en el régimen de libre contratación signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 6083504-2, radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Tarija, siendo el sujeto pasivo Franz Tolay Borda y no así a su persona, teniendo conocimiento de que él contaba con la tenencia del bien inmueble; además, el 19 de abril de 2023, se dispuso la emisión de un mandamiento de retención de bienes contra la parte demandada -su padre-; sin embargo, dicha orden no pudo ser ejecutada debido a que se advirtió que, quien se encontraba en posesión material de ese bien inmueble era su persona y no su padre, evidenciando que las actividades comerciales desarrolladas en el lugar, herramientas, repuestos, facturas y otros se encontraban a su nombre, no pudiendo ejecutar el indicado mandamiento; motivo por el que, se constituye en uno de los actos más relevantes para acreditar su interés legítimo en la causa; no obstante, a pesar que oportunamente se puso en conocimiento de la autoridad judicial esa situación nunca se dispuso su citación como demandado o tercero interesado, ignorando deliberadamente un derecho legítimo evidente y documentado que tenía.

El 11 de abril de 2025, sin previo aviso o que existiera notificación previa u oportunidad alguna de ejercer defensa y sin ser parte del proceso de desalojo, funcionarios judiciales, policiales, notario de fe pública y miembros de la Fundación ACLO, ingresaron al bien inmueble y procedieron a ejecutar de manera parcial el mandamiento de desapoderamiento, afectando aproximadamente 600 m2, correspondientes a la tienda, taller, sala de espera, baños, oficina, ambientes que fueron construidos íntegramente por su persona para el funcionamiento de la empresa; empero, conserva la posesión de lo restante, consistente en una fracción del lote sin construcción y la vivienda destinada al sereno, quien habita el lugar con sus dos hijos menores de edad, contratado expresamente para el cuidado y resguardo de la tienda; dicho acto se llevó a cabo sin orden judicial y sin que exista resolución específica que lo involucre directamente, en abierta contradicción con los principios del debido proceso, legalidad y seguridad jurídica; por ello, el 30 de igual mes y año, interpuso nulidad de obrados y de forma subsidiaria incidente de oponibilidad de sentencia, exponiendo la inexistencia de una legal citación, la omisión de integración procesal a pesar del conocimiento de su interés legítimo y el desapoderamiento ordenado dentro de un proceso en el que no fue incluido.

Asimismo, ambos incidentes fueron rechazados por el Auto Interlocutorio 288/2025 de 4 de junio, bajo el argumento de que no existe derecho propio u oponible; ya que, no es parte del contrato, existiendo una relación jurídica única entre su persona y su padre, desconociendo la titularidad documentada de la empresa, la ejecución probada de los pagos e inversiones a su cargo y el propio reconocimiento de la Fundación ACLO, dicho fallo fue impugnado mediante un recurso de reposición con alternativa de apelación el 20 de mayo de 2025; sin embargo, la resolución impugnada fue ratificada por el Auto Interlocutorio 319/2025 de 26 de junio, aclarado por el Auto Interlocutorio 333/2025 de 3 de julio, al no demostrar un derecho propio, autónomo y oponible para ser considerado un tercero ajeno al debate y que simplemente cumplía únicamente una actividad económica en el bien inmueble bajo un giro societario y que prácticamente tuviese la calidad de dependiente; empero, que no se constituirían en personas distintas; por lo que, la Sentencia también le alcanzaba, desconociendo su interés legítimo para ser llamado dentro del proceso, el cual fue debidamente acreditado y que implícitamente el mismo Juez refiere, encontrándose dicha resolución pendiente de revisión en grado de apelación por la sala civil correspondiente, considerando que el proceso se desarrolló sin que se otorgara tutela efectiva a sus derechos fundamentales, permaneciendo incólume el daño ocasionado por el desapoderamiento, el cual derivó en la paralización forzosa de sus actividades comerciales, la pérdida de su clientela y la exposición de maquinaria a riesgos constantes, generando un perjuicio económico y operativo de carácter irreversible, que no puede ser reparado por la vía ordinaria, agravado por las constantes amenazas de la Fundación ACLO, de desalojarlo del resto del bien inmueble, aprovechando el acceso obtenido por el desapoderamiento parcial para ingresar de manera continua a su propiedad. Además, precisando que dicha Resolución, no consideró todos los agravios planteados, vulnerando sus derechos.

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante considera como vulnerados sus derechos a la defensa, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, a la valoración integral de la prueba, a la no discriminación, al trabajo y al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 14.II, 56, 115, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

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